12 abr. 2014

¿Qué habría ocurrido en este país si el año pasado hubiesen sido asesinados 68 futbolistas?

“¿Qué habría ocurrido en este país si el año pasado hubiesen sido asesinados 68 futbolistas? Resulta fácil de imaginar: despliegues policiales espectaculares, medida especiales de protección, guardaespaldas, preguntas parlamentarias, revuelo en la clase política, movilizaciones históricas en las calles, portadas de los periódicos, sentencias ejemplarizantes para los culpables, muestras de apoyo y solidaridad desde todos los rincones del mundo… y mil acciones más. Podríamos cambiar la palabra futbolista por cualquier otro gremio masculino, es más podríamos hacer la pregunta simplemente en masculino: ¿Qué habría ocurrido en este país si el año pasado hubiesen sido asesinados 68 hombres a manos de sus  esposas, novias, amantes o ex compañeras? El resultado sería idéntico. Tendríamos garantizado el revuelo social, político, policial y judicial”.
Hace 12 años publiqué un libro que comenzaba así y con el que pretendía denunciar la ceguera social frente a la violencia contra las mujeres. Dos años más tarde, en 2004 se aprobaba la Ley Integral contra la violencia de género y con ella se inauguraban unos años de lucha contra el terrorismo de género. En el súbtitulo se denunciaba por qué las mujeres eran asesinadas ante la indiferencia mayoritaria: Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres. Y en sus páginas se enumeraban los cómplices: responsables políticos, jerarquía religiosa, ámbito judicial, medios de comunicación, publicidad, fuerzas de seguridad, ámbito sanitario, entorno educativo, la familia y el vecindario… El libro está agotado y hasta hace unos meses yo estaba convencida de que también estaba superado. Me equivocaba.
Doce años después, nos encontramos en una situación parecida. La Ley Integral está derogada en la práctica por los salvajes recortes que se han practicado en todas las medidas que se proponían en ella e incluso porque alguno de sus capítulos, especialmente el primero, dedicado íntegramente a las medidas en el ámbito educativo, ha sido anulado por la nueva ley de Educación del ministro Wert y el capítulo 2, dedicado por completo a las medidas en el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, se incumple sistemáticamente. Los datos son elocuentes.
La última macroencuesta realizada para detectar la violencia -publicada en 2012- detectaba que el porcentaje de mujeres que declaraban haber sufrido violencia de género alguna vez en su vida era del 10,9% del total de entrevistadas, lo que equivale a más de 2.150.000 mujeres. De ellas, estarían en la actualidad en situación de maltrato casi 600.000 mujeres (el 3% del total de entrevistadas).


Otro dato relevante es que de las mujeres que dijeron haber sufrido violencia alguna vez en la vida, el 72,6% aseguró que no había denunciado en ninguna ocasión al maltratador. Por otra parte, una de cada cuatro mujeres que indicaron que habían denunciado, retiró posteriormente la denuncia.  Según estos datos, se calcula que alrededor de 800.000 menores estarían viviendo en contextos de violencia. El propio ministerio del Interior, el 28 de febrero de este año, cifraba en 15.499 mujeres las que estarían en riesgo de violencia de género -una cifra extremadamente baja incluso teniendo en cuenta que el 73% de las mujeres no denuncia-, pero, aun así, escalofriante.
Las cifras más actuales las conocíamos la semana pasada. El jueves se presentaban los datos estadísticos sobre denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia correspondientes al año 2013.
Un año que se cerró con 124.894 denuncias, diez menos al día que en 2012. Esta caída de denuncias fue acompañada por un aumento del 1,2% en el número de renuncias a continuar el procedimiento. Y sólo en el 6,7% de los casos se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos e hijas, en un 3% la suspensión del régimen de visitas y en un 0,3% la suspensión de la patria potestad de los maltratadores. Y a pesar de que el discurso oficial insiste en culpabilizar a las mujeres repitiendo como un mantra que si no denuncian, el sistema no puede protegerlas, 11 mujeres fueron asesinadas el año pasado a pesar de haber denunciado. Es decir, el “sistema” no supo proteger al 20% de las mujeres que pidieron ayuda ante la violencia que sufrían. Este año aún es peor. Oficialmente han sido asesinadas 18 -tres casos más se hallan en investigación- y de ellas, seis habían denunciado. Es decir, que el 33% de las mujeres asesinadas desde enero habían denunciado y los jueces y juezas no las protegieron.


Según el informe del año 2013, además, el 70,5% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 14,6% resultado de la intervención directa de la Policía y el 11,5 por ciento de partes de lesiones. Sólo en el 1,5 por ciento de los casos fueron familiares de la mujer agredida quienes denunciaron, mientras que las denuncias registradas a raíz de la intervención de los servicios asistenciales fueron el 1,9 por ciento. Es decir, la sensibilización social prácticamente no existe puesto que no actúa frente a esta violencia.
Los jueces y juezas de violencia sobre la mujer se pronunciaron el año pasado sobre 32.831 solicitudes de órdenes de protección, un 5 por ciento menos que en 2012, y desestimaron cuatro de cada diez. También, como en años anteriores, se mantiene la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales. De éstas, un 25 por ciento acordaron la prestación de alimentos, un 20,5 por ciento se pronunciaron sobre la atribución de vivienda -un dato muy significativo para quienes frivolizan con la violencia de género asegurando que las mujeres denuncian en falso para quedarse con la vivienda o por intereses económicos-.
Los Juzgados de Menores enjuiciaron en 2013 a 151 menores de edad e impusieron medidas a 133 de ellos. El año anterior hubo 144 menores enjuiciados y se impusieron medidas a 130, lo que significa que el número de menores enjuiciados ha aumentado en un 4,8%.
En conjunto, las cifras muestran que el esfuerzo por acabar con la violencia lo llevan prácticamente en solitario las víctimas, que la impunidad se extiende así como baja la edad de los maltratadores. Es decir, comenzamos a pagar cara la desaparición de las medidas de educación y sensibilización y se evidencia cómo los maltratadores se envalentonan ante la falta de respuesta política y judicial.


Son datos aportados por los propios órganos judiciales pero ya no hay excusas. Todo el trabajo realizado en años anteriores sobre la violencia de género nos deja mucho conocimiento sobre la misma. Conocemos la íntima e indisoluble relación entre violencia de género e igualdad. Conocemos el “móvil del crimen” -la sumisión-, eso que ha costado tanto desentrañar y por lo que se hacía tan difícil explicar y explicarnos la violencia de género. Sabemos muy bien que no hay perfiles de mujeres maltratadas, y por fin hemos desterrado los tópicos sobre la relación del alcohol y las drogas y los maltratadores, conocemos el ciclo de la violencia y las consecuencias en la vida y la salud de las mujeres y conocemos, sabemos perfectamente, cómo prevenirla.
Sí, lo sabemos, tenemos identificadas las fallas del sistema, las resistencias y las soluciones. Algunas son ineludibles: educación en igualdad, necesidad de campañas sostenidas de sensibilización y la protección de los menores víctimas de la violencia. Sabemos de sobra que hay que separar a los niños y niñas víctimas de los maltratadores y que hay que hacer un gran esfuerzo en educación: educar en igualdad, coeducar desde los primeros años de vida y formar a todos los profesionales que tienen relación directa con la violencia de género, especialmente al personal de los juzgados (no sólo a jueces y juezas, también a la abogacía, especialmente a la que está en turno de oficio; a los equipos psicosociales); al personal sanitario, a todo el personal que está en el ámbito educativo, a todo el funcionariado, al conjunto de los representantes públicos y a todo el personal de los medios de comunicación; fundamentalmente. Es decir, lejos de perder la escuela como nos está ocurriendo, hay que ganar la universidad.
Lo sabemos, claro que sí, de hecho, el reconocimiento del papel crucial que la educación puede y debe desempeñar en la superación de la violencia de género no es algo que defiendan las expertas, es una idea generalizada, tanto entre las personas que trabajan específicamente en este tema desde distintos ámbitos, como entre el conjunto de la población. De hecho, desde marzo de 2004, el barómetro que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, viene detectando que más del 96% de las personas entrevistadas manifiesta su acuerdo con que educar es una medida útil para luchar contra la violencia de género. Es la medida en torno a cuya utilidad se concentra un mayor porcentaje de acuerdo.


Sabemos también que necesitamos separar a los maltratadores de sus hijos e hijas. En primer lugar, porque los menores son víctimas de la violencia que se vive en sus hogares y en ocasiones, víctimas directas de violencia física o sexual por parte de sus padres. Por lo tanto, la primera obligación es proteger su vida. En segundo lugar, porque si no se da esta ruptura, la violencia de género continuará pasando de generación en generación. Si, como hemos dicho, según la macroencuesta de 2012, actualmente hay 600.000 mujeres sufriendo violencia de género, calculamos que al menos 850.000 menores están siendo maltratados y, además, educados, si es que se puede utilizar esta palabra, por un maltratador. El sexismo se aprende desde la infancia, la igualdad también.
Como dice María José Díaz-Aguado en su último informe: “Para comprender la especial relevancia que sobre este tema tienen las experiencias que se viven en la infancia y en la adolescencia, conviene recordar que el ser humano nace con una gran plasticidad para adaptarse al entorno, que es máxima en las primeras edades y va reduciéndose con la maduración. El aprendizaje de la lengua refleja muy bien estos cambios. Algo similar sucede con los modelos y expectativas sociales básicos -entre los que se encuentra el sexismo o su antítesis, la igualdad- que una vez aprendidos tienden a mantenerse, actuando como una segunda piel. Estos modelos y expectativas básicos aprendidos desde la infancia son utilizados para dar significado al mundo social y emocional propio y ajeno, incluirse o excluirse de actividades, cualidades o escenarios, interpretar las semejanzas y diferencias entre personas y grupos, juzgar como adecuado o inadecuado el comportamiento de los individuos que a ellos pertenecen, explicar por qué se producen los problemas que se viven, así como otras creencias normativas que desempeñan un decisivo papel en la autorregulación de la conducta, en lo que se piensa, se siente y se hace, pudiendo actuar incluso como expectativas que se cumplen automáticamente. Y  todos los estudios realizados sobre la violencia reflejan que la exposición a modelos violentos, especialmente durante la infancia y adolescencia, conduce a la justificación de la violencia y que ambas condiciones incrementan considerablemente el riesgo de ejercerla y de sufrirla. Existe suficiente evidencia para considerar a las experiencias infantiles de violencia como una condición de riesgo, que aumenta la probabilidad de ejercer o sufrir violencia de género”.


Frente a esta evidencia, no sólo no se retira la patria potestad, ni siquiera las visitas a los maltratadores sino que la custodia compartida está ganando terreno aunque sabemos que en la actual situación de violencia de género (y con un 73% de violencia no denunciada) es un gran riesgo su aplicación. Lo sabemos de sobra. Lo sabemos quienes trabajamos contra la violencia de género y lo saben quienes la ejercen. Los maltratadores saben perfectamente que los niños y las niñas son los mejores instrumentos, los únicos que tienen para seguir haciendo daño a sus víctimas, para seguir ejerciendo control y maltrato y por eso los utilizan.
Para acabar con la violencia de género hay que ser valientes y ejercitar el principio de igualdad y no parece que ninguna de las dos sean características destacada del gobierno de Rajoy. Todo lo contrario. Hoy, ese discurso, el fundamental en la prevención de la violencia, está roto o es inexistente. Cuando aún no habíamos consolidado el principio de igualdad, cuando estábamos, por así decirlo, en los comienzos de hacer que la igualdad formal que marcaban nuestras leyes se tradujera en una igualdad real, el rechazo al valor mismo de la igualdad y todos los cambios que éste supone, se ha hecho evidente.
Como otras muchas conquistas, el principio de igualdad ha sido barrido del discurso político, de las prioridades políticas y sociales, del discurso mediático. Estamos en una encrucijada que desde luego no es nueva para las mujeres pero es muy peligrosa. Estamos viviendo una desmantelación sistemática no solo de los recursos que proporcionaban un ejercicio real de la igualdad, sino también un desmantelamiento del entramado ideológico, legal y simbólico que lo sustentaba.
Esta tarde, el Gobierno ha anunciado una reunión entre los ministros Mato, Gallardón y Fernández Díaz para enfrentar los asesinatos por violencia de género. La convocatoria ya demuestra las intenciones. Se sientan a la mesa los ministros más beligerantes contra la igualdad entre mujeres y hombres y la ministra que aún no ha asumido sus competencias en la materia. Si pretenden acabar con la violencia únicamente con medidas punitivas y policiales y sin que éstas se tomen en un ámbito de defensa de la igualdad ya podemos anunciarles su fracaso. Las ausencias dicen tanto o más que las presencias. Ni el presidente del gobierno -inédito aún en una cuestión que asesina a decenas de mujeres para las que supuestamente también gobierna-, ni la vicepresidenta. Es decir, ni es una cuestión transversal, ni es una política de estado. ¿Qué necesita este Gobierno para dejar de ser cómplice de la violencia de género?
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