¡Que no te dé pereza! Parece un texto muy largo, pero en 4 minutos lo tendrás leído. ¡Esta historia cambiará tu visión de las inspecciones de Hacienda, de los jueces de instrucción, los fiscales,… y de la sopa de sobre!
· Por Albano Dante Fachin
Te aseguro que después de leer esta historia nada volverá a ser igual para ti: ni la declaración de la renta, ni las inspecciones de Hacienda ni la justicia. Incluso el sabor de la sopa de sobre habrá cambiado.
Todo comenzó en 2006, cuando la Agencia Tributaria registró la sede española del Banco Espírito Santo (BES) en una operación contra el blanqueo de capitales. Entre los documentos encontrados había información sobre los negocios de los seis hermanos Carulla, propietarios del grupo Agrolimen, empresa vinculada a marcas como Pans & Company, FresCo, Affinity o Gallina Blanca.
Con la información encontrada en el BES, en 2008 se abrió una investigación en torno a los negocios de los seis hermanos Carulla, propietarios de la décima fortuna española. En diciembre de 2010 Hacienda pone la lupa sobre un complejo entramado de sociedades financieras domiciliadas en diversos países y paraísos fiscales. Según, Hacienda los Carulla simularon una compraventa de acciones entre sociedades del mismo grupo por valor de 61 millones de euros con el objetivo de no tener que tributar por ese dinero.
Comienza el baile judicial
El caso quedó en manos del juzgado número 4 de Barcelona. El juez instructor del caso fue José Miguel Porras. Pero ¿qué es un «juez instructor»? Vale la pena detenerse un momento en este punto. El juez instructor tiene la misión de determinar si hay indicios de delito ante una acusación. Si el juez instructor ve indicios de delito, lo que hace es enviar el caso a un juez penal para que se abra un juicio oral. En el caso de los hermanos Carulla, tenemos dos acusadores: la Agencia Tributaria (AT), que denuncia que no se han pagado los impuestos que deberían haber pagado, y el fiscal, que acusa en nombre del Estado.
¿Qué le pasa al instructor?
A principios de 2011 el juez instructor imputa a uno de los hermanos Carulla, Jordi, por delito fiscal, y lo llama a declarar. En su declaración, Jordi Carulla dijo que «no recordaba los detalles de las operaciones», según explicó el diario El País. Después de esta declaración, el juez instructor decide imputar a los otros cinco hermanos.
Seis meses más tarde, la Agencia Tributaria presenta al juez instructor un informe demoledor que ratifica las sospechas: «El fraude fiscal de los Carulla asciende hasta el millón por hermano», titularon varios medios. Con esta información, aportada por la Agencia Tributaria, y con la acusación del fiscal, el juez instructor debía decidir si veía suficientes indicios de delito. Finalmente, dos años después de haber iniciado las investigaciones, el juez instructor decide archivar el caso de los hermanos Carulla. Según él, no había indicios de ningún comportamiento delictivo por parte de los Carulla.
¿Y esto es normal?
Tanto la Agencia Tributaria como el fiscal están convencidos de que los Carulla han cometido un delito, pero el juez instructor no lo ve. Cada día los jueces instructores archivan causas en las que no ven indicios de delito, a pesar de que el fiscal crea que sí . Pero lo que ocurre a partir de este punto en la historia de los Carulla no es normal. Nada normal.
El fiscal del caso, Francisco Bañeras, no está de acuerdo con la decisión del juez instructor y juega una carta para evitar que los Carulla escapen: presenta un escrito en la Audiencia Provincial de Barcelona pidiendo que se reabra el caso. Bañeras escribe: «existen indicios de cargo suficientes» para sostener que los Carulla defraudaron a Hacienda. «Se sucedieron una serie de negocios», explica el fiscal en la Audiencia de Barcelona, «dirigidos a dar apariencia de pulcritud fiscal». Después de leer el escrito del fiscal, los tres jueces que integran la Audiencia de Barcelona acuerdan por unanimidad ordenar al juez instructor, José Miguel Porras, reabrir la investigación contra los Carulla.
¿Un juez caprichoso?
El juez instructor se ve obligado a reabrir el caso. Pocos días después llega a su despacho otro informe de la Agencia Tributaria. Este es más contundente y más detallado que los anteriores. Según este nuevo informe, los Carulla han defraudado en 2006 más de 2 millones de euros del impuesto sobre la renta. Asimismo, la Agencia Tributaria cifra en 9,2 millones de euros las retenciones que debería haber hecho la empresa Arborinvest SA, propiedad de los Carulla. Ahora el juez instructor tiene todos los elementos sobre la mesa: los informes de la Agencia Tributaria, el escrito del fiscal y la orden de la Audiencia de Barcelona para reabrir el caso. Con esta información, el juez instructor José Miguel Porras decide… archivar el Caso Carulla por segunda vez.
El día de la marmota
Cualquier imputado querría un juez instructor así. Pese a que los informes de la Agencia Tributaria, los escritos del fiscal, de la Abogacía del Estado y de la Audiencia Provincial apuntan a los acusados, el juez instructor se resiste a enviar los imputados a juicio. Y no una vez. Dos.
Ante esto, el fiscal vuelve a hacer un escrito a la Audiencia de Barcelona para explicar que el juez ha vuelto a archivar el caso: «En un acto que no tiene otra calificación que la insubordinación abierta» el juez instructor ha vuelto a archivar el caso “sin aportar ningún fundamento ni argumento distintos de los que ya intentó poner de manifiesto» la primera vez que archivó el caso.
El fiscal está muy enfadado con el juez instructor José Miguel Porras: “Repetir la decisión [de archivar el caso] no es sino una taima empleada para porfiar, sin fundamento, sosteniendo una doctrina que fue palmariamente descartada en un ejercicio de inexplicable contumacia». El fiscal indica a la Audiencia que todo es “una cuestión que ya ha sido resuelta” y advierte del peligro de entrar “en un día de la marmota procesal”. El fiscal encuentra tan inexplicable la decisión del juez instructor que señala que están ante «una decisión a la que no encontramos ninguna otra justificación que la de su propio capricho» y hace una curiosa comparación: «[el juez instructor] ha decidido saltarse el mandato haciéndonos retroceder a todos hasta situarnos en octubre del mes pasado, como si se tratara de uno de esos juegos de mesa donde te penalizan y te hacen ‘volver a la casilla de salida‘». Finalmente, el fiscal pide a la Audiencia que «pondere» si el juez instructor José Miguel Porras ha cometido alguna falta o delito. Finalmente Porras se vio obligado a reabrir el caso contra los Carulla.
Con dinero se arregla
¿Archivar un caso dos veces en contra del criterio del fiscal , de la Audiencia y de la Agencia Tributaria es normal? Varios abogados consultados coinciden: «Esto no es normal». Y menos cuando las pruebas son tan concluyentes. Tan concluyentes que finalmente la defensa de Lluís Carulla y la Fiscalía (con un fiscal diferente) llegaron a un acuerdo por el que Carulla admite su responsabilidad en el fraude y acepta pagar 6,4 millones -más 3 de intereses- con el objetivo de no llegar al juicio que el juez instructor frenó en dos ocasiones. Carulla también asume una pena de prisión de 20 meses por cinco delitos contra la Hacienda pública. Es decir, solo 4 meses por delito, ya que la Fiscalía aprecia dos atenuantes: reparación del daño (ya que devuelve la cantidad defraudada) y «dilaciones indebidas». Con este pacto, los otros cinco hermanos Carulla quedan exculpados.
Preguntas: ¿Cómo es que el juez instructor José Miguel Porras no vio los indicios? ¿Cómo es que, pese a que la Agencia Tributaria, el fiscal y la Audiencia le aportaban la información necesaria, el juez instructor, José Miguel Porras, archivó el caso, no una, sino dos veces? ¿Cómo puede ser que una persona en un lugar de tanta importancia pueda cometer un error tan grave? Y la última: ¿alguien investigará (como pedía el fiscal) esta cadena de errores de José Miguel Porras que ha estado a punto de costarnos 9,4 millones de euros? Sería interesante conocer todos los detalles de este escándalo.
¿Una gallina blanca y solidaria?
Medios de toda España se hicieron eco de la campaña de la empresa Gallina Blanca, vinculada a los Carulla: «Con Avecrem, tú Ayuda se nota». La empresa daría al Banco de Alimentos un plato de sopa por cada dos sobres vacíos que enviaran sus clientes, hasta un máximo de 500.000. Hagamos números. Con cada pastilla de Avecrem se pueden hacer 4 platos de sopa. 18 pastillas cuestan 2.33€ en el supermercado. Esto quiere decir que un plato de sopa Avecrem cuesta 0,03€ y 500.000 platos de sopa, 15.000€. Con los 9,4 M € que los propietarios de Gallina Blanca pagaron a Hacienda se pueden comprar 313 millones platos de sopa. A los usuarios del Banco de Alimentos les conviene que los Carulla paguen todos sus impuestos. Mucho más que de vez en cuando «regalen» 500.000 platos de sopa. Y que los medios informaran de estas prácticas.
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