11 jun. 2014

Minuto y resultado de los principales conflictos laborales (11-6-14)

Empresa con beneficios despide a todos o parte de los trabajadores para trasladarse a otro país con mano de obra más barata y mejores condiciones fiscales. En la mayoría de expedientes de regulación de empleo (ERE) se repite el mismo esquema. En otras ocasiones, la empresa busca reemplazar antiguos trabajadores con salarios elevados por jóvenes precarios o compañías subcontratadas. Como norma, el conflicto termina cuando la empresa consigue todos o buena parte de sus objetivos, pero, como decía Rosa Luxemburgo, “cada derrota nos acerca más a la victoria final”. Éstos son algunos de los principales conflictos abiertos.

Hewlett Packard

La empresa Hewlett Packard (HP) anunció el 22 de abril que despedirá a 205 trabajadores de la planta de Zaragoza alegando causas productivas y organizativas. La plantilla pasará de 324 a 119 empleados, es decir, un 65% de la plantilla será despedida. La multinacional está realizando desde 2012 un plan para reducir costes y ganar competitividad.
Esta decisión no sólo afectará a la planta aragonesa, sino que la compañía está llevando a cabo un plan de reestructuración global, explica el delegado de CGT en HP Zaragoza, que niega que las causas que alega la empresa para aplicar el despido colectivo sean ciertas. “Este ERE mete en la guillotina a miles de trabajadores en España, puesto que sindicatos como CC OO –que tiene la mayoría en el comité de empresa de HP– y la Asociación Independiente de Traba­jadores (AIT) han pactado con la empresa las condiciones de este ERE, ya que hay ciertos trabajadores a los que se les garantiza prácticamente un retiro dorado a cambio de que se vayan”. El delegado se refiere a los 23 trabajadores con más antigüedad, que cobran entre 80.000 y 90.000 euros anuales y que serán sustituidos por jóvenes más cualificados que ganarán menos de 20.000 euros anuales. Además, denuncia que “hay varios sindicalistas dentro de esta élite de trabajadores”.

Panrico

En septiembre de 2013 Panrico se declaró en suspensión de pagos y no abonó la nómina de ese mes a sus 4.000 empleados. Pocos días después, el consejero delegado de Panrico en España, Carlos Gila, pactaba con la mesa negociadora 745 despidos en las seis fábricas españolas y la rebaja del 18% del salario al resto de trabajadores alegando causas económicas y productivas. Representantes de CGT en la empresa no niegan que la compañía tenga pérdidas, pero denuncian que éstas se han producido porque “en los últimos tres años ha habido una gestión desastrosa e inexplicable”, y una política de subir los sueldos a los directivos hasta un 67%.
La fábrica más afectada, con 154 despidos, será la de Barcelona, en huelga indefinida desde el 7 de octubre de 2013. Los representantes de CGT creen que “se ha castigado” a esta fábrica por su combatividad, porque el proyecto inicial era despedir al 21,8% de la plantilla y finalmente será despedido el 31,4%. El resto de plantas de España también rechazó el ERE contundentemente y amenazó con ir a la huelga, pero “accedieron a negociar una auténtica subasta de trabajo que perjudicaría a las demás plantas, cosa que aquí no ocurrió porque estamos unidos”.
No todo han sido malas noticias desde que se pactó el ERE. El 19 de mayo, la Audiencia Nacional emitió la sentencia que prohibía a Panrico realizar los 156 despidos previstos para 2015 y 2016. Sin embargo, en la planta de Santa Perpètua de Mogoda no se conforman y los representantes de CGT anuncian que han recurrido la sentencia al Tribunal Su­premo: “A nosotros casi no nos beneficia esa sentencia porque en esta planta apenas había despidos pla­nea­dos para 2015 y 2016, y si no protestamos nos tememos que presenten otro ERE para esos años”. Por su parte, la Generalitat de Catalunya se volverá a reunir en las próximas semanas con representantes de trabajadores para que desconvoquen la huelga y acepten un ERE temporal, y con la empresa, a la que solicitará que rebaje el número de despidos previstos para este año de 133 a 80.

Tragsa

En noviembre de 2013, el grupo público Tragsa presentó en el Ministerio de Empleo su decisión de despedir a 1.336 empleados después de haber negociado con los sindicatosdos ERE sin haber llegado a ningún acuerdo. La indemnización sería el mínimo legal, 20 días por año trabajado con un máximo de un año de salario. La empresa rebajó posteriormente los despidos en 303 respecto a los inicialmente planteados.
El grupo, que se dedica a tareas forestales, de prevención de la contaminación, infraestructuras, pesca, emergencias, incendios y agua, contaba el año pasado con 9.848 trabajadores, dependientes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Los despidos afectarán tanto a Tragsa (726 despidos) como a su filial Tragsatec (610). En un principio, los sindicatos acordaron con la empresa rebajar los despidos de 803 a una horquilla entre 369 y 593 a cambio de rebajas de salario y otros recortes, pero este acuerdo fue rechazado en la asamblea de trabajadores por un 62% de los votos, tanto en Tragsa como en Tragsatec.
El delegado de la sección central de Tragsa de CGT, José Verduguer Balaguer, defiende que lo importante de una empresa pública no es la obtención de servicios sino “el servicio al ciudadano”, pero además “esta empresa ha dado beneficios” en los 33 años que lleva de funcionamiento. “Estamos en una situación social y económica mucho más precaria que la mayoría de los trabajadores públicos”, dice Balaguer.
El 1 de abril de 2014, la Audiencia Nacional declaró la nulidad del despido colectivo. Esta sentencia se refiere específicamente a los 726 afectados en Tragsa, pero también condena solidariamente a la filial Trag­satec, que realizó un despido colectivo que afectaba a 610 trabajadores. “Fue la astucia de los trabajadores, organizados en sus sindicatos, lo que forzó esta decisión judicial y hará a la empresa pensárselo dos veces antes de volver a aplicar medidas similares”. Sin embargo, no bajarán la guardia: “Estamos seguros de que lo volverán a intentar, pero poniéndole más énfasis, aunque no les tememos, ya que estaremos preparados”, argumenta.

Coca-Cola

Coca-Cola Iberian Partners cerrará cuatro de sus once fábricas en España. Aplicará un ERE que afectará a cerca de 1.200 empleados entre despedidos, prejubilados y trasladados. En la planta de Fuenlabrada ya han sido 237 los despedidos, muchos de ellos pertenecientes al comité de empresa. El delegado de CC OO, Alberto Pérez Mayoral, asegura no obstante que la pérdida de empleos será mucho mayor. “En la zona sur de Madrid se pueden perder hasta unos 3.000 empleos indirectos que dependen en buena medida de la fábrica. Además, el objetivo final de la empresa es quedarse con tan sólo dos centros de producción en España en cuatro años, trasladando el resto de la producción a Marruecos, Por­tugal, Polonia...”.
La multinacional con sede en EE UU parece tener otros planes para España. “Aquí, aparte de las dos fábricas, se quedarán algunos centros de distribución como el de Le­ganés, cuyos trabajadores tienen contratos por salarios ridículos y de muy poca duración”, dice Mayoral.
La empresa ha ofrecido a varios trabajadores recolocaciones en otras plantas de España. Pero el delegado de CC OO advierte que “los que son recolocados en otras plantas lo hacen con salarios mucho menores y en peores condiciones”. Según afirma este sindicalista, están sustituyendo a trabajadores que ganaban 40.000 euros al año por otros que ganan 21.000”. Por otra parte, muchos trabajadores también se han presentado voluntariamente al ERE porque tendrían derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, mientras que si son despedidos forzosos recibirán 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Además, Ma­yoral denuncia que a muchos trabajadores “se les promete un plan de pensiones privado que también depende del dueño de Coca-Cola y que no ofrece ninguna fiabilidad de que lo puedas cobrar a los 65 años”.
“El 3 de junio comienza realmente nuestra lucha”, señala Mayoral, que se refiere al día en que empezaba en la Audiencia Nacional el juicio contra el ERE de Coca-Cola, que podría sentenciar que los despidos son improcedentes o incluso declarar su nulidad. De forma complementaria no descartan ninguna medida de presión, incluso “la ocupación de la fábrica”, y piden a la ciudadanía “mantener la campaña de boicot a Coca-Cola, que ha provocado que la empresa reduzca sus ventas en casi un 50% en la zona centro de España”.

1.800 obreros despedidos en Delphi

En julio de 2007, la compañía de repuestos de automoción Delphi anunció el cierre de su planta en la Bahía de Cádiz dejando en la calle a 1.800 trabajadores. Otra vez una empresa con enormes beneficios (triplicó el volumen de producción en sus últimos cinco años) que decide trasladar la producción a un lugar con mano de obra más barata, en este caso a Polonia. Lo particular del ERE de Delphi es que los trabajadores tuvieron que hacer frente a las voces, muchas veces interesadas, que les acusaban de ser unos privilegiados y a las promesas incumplidas de la Junta de Andalucía, que les prometió crear 4.000 puestos de trabajo gracias a las subvenciones que la Unión Europea ofrece a determinadas regiones afectadas por las deslocalizaciones. Sin embargo, Fernando Mangano, miembro de la asamblea de trabajadores, denuncia que “en la Bahía de Cádiz no hay ninguna intención de desarrollar la industria, en esta región el paro llega al 43% y lo único que funciona es la economía sumergida y el empleo temporal en el turismo”.
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