4 oct. 2014

Derrotar a la banca ahora: cuatro líneas para una ofensiva social

Desde su origen el movimiento viene denunciando que nos encontramos ante una violación sistemática de Derechos Humanos y que en ese marco establecemos el conflicto con las entidades financieras, el poder político y el poder judicial que los protege, contraponiendo la lucha colectiva como la mejor fórmula de hacer valer el poder de la gente y la autotutela de derechos.
“Todo parece imposible hasta que se hace”
Nelson Mandela
Desde el estallido de la crisis hipotecaria y más en concreto desde la implementación de las ejecuciones hipotecarias masivas en España allá por el último trimestre de 2008, se ha desarrollado un duro conflicto entre los sectores populares que no podían hacer frente a sus préstamos hipotecarios y las entidades financieras respaldadas por los sucesivos gobiernos, por el aparato judicial y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
Este movimiento que tuvo su origen en las ejecuciones hipotecarias masivas ha conseguido extenderse al ámbito de la lucha general por el derecho a la vivienda, teniendo especial relevancia en la defensa de la vivienda social y en contra de la privatización del reducido parque público existente.
El conflicto ha tenido 6 elementos que podríamos situar como centrales:
1. La imposibilidad de pago sobrevenida de los préstamos hipotecarios se ha producido como consecuencia del paro forzoso masivo provocado por el estallido de la crisis-estafa.
2. La burbuja inmobiliaria ha sido el telón de fondo y la manifestación del aumento artificial del precio de un bien de primera necesidad llamado vivienda, que por medio de las legislaciones impuestas por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE fue puesto en la práctica bajo el control del capital financiero.
3. La comercialización de productos financieros tóxicos ha supuesto la distribución de productos altamente perjudiciales para los intereses de los consumidores y del mercado. Muchos de esos productos tóxicos tuvieron la  forma de préstamos hipotecarios siguiendo los patrones de hipoteca basura o subprime importados de USA por la entidades financieras españolas. La imposición de contratos plagados de cláusulas abusivas y la creación de mercados de titulización hipotecaria favoreció la llegada de capitales buitre.
4. La crisis económica, que ha tenido un claro origen en la actuación delictiva de las entidades financieras, en sus directivos y sus cómplices políticos, los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE.
5. Las multimillonarias ayudas a las entidades financieras y la nacionalización de las pérdidas unidas a los recortes sociales han supuesto un saqueo a los sectores populares de dimensiones colosales.
6. En ese contexto se han realizado centenares de miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios, procedimientos sin garantías, condenas a deudas perpetuas y desalojos forzosos sin alternativa habitacional como los exponentes de una violación sistemática de Derechos Humanos.
Durante los últimos años, la gente afectada por las ejecuciones hipotecarias masivas se ha ido organizando en torno a las Plataformas de Afectad@s por la Hipoteca y otros colectivos sociales, impulsando un amplio proceso de autoorganización, apoyo mutuo y resistencia que ha tenido como consecuencia la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos en el marco de la campaña STOP DESAHUCIOS, la recuperación de centenares de viviendas en el marco de la OBRA SOCIAL y las Corralas donde se albergan más 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres sociales,  la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera por medio de la campaña de Juicio y Castigo.
Durante los primeros años de lucha los contenidos de la ILP se convirtieron en reclamaciones de mínimos que en 2013 podían suponer un primer paso en la resolución del conflicto por el derecho a la vivienda y contra las deudas perpetuas.
Desde su origen el movimiento viene denunciando que nos encontramos ante una violación sistemática de Derechos Humanos y que en ese marco establecemos el conflicto con las entidades financieras, el poder político y el poder judicial que los protege, contraponiendo la lucha colectiva como la mejor fórmula de hacer valer el poder de la gente y la autotutela de derechos.
El rechazo del contenido de mínimos de la ILP realizado por el partido del gobierno y su ejercicio del rodillo en el trámite parlamentario fue la pérdida de una  ocasión para dar un empujón decisivo en la resolución del conflicto social planteado y el inicio del camino hacia el cese en la violación sistemática de Derechos Humanos derivada de la tiranía de las entidades financieras.
A fecha de hoy el movimiento de la PAH, por el derecho a la vivienda, contra las deudas perpetuas y contra la impunidad financiera ha avanzado y se ha desarrollado de forma decisiva que cuenta con el respaldo y el apoyo de la mayoría social.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a dar la razón a la PAH y al conjunto del  movimiento popular declarando ilegal ya en 2013 el procedimiento de ejecución hipotecario español en la Sentencia AZIZ contra Caixa Catalunya. Recientemente, en julio de 2014, la Sentencia Sánchez Morcillo contra BBVA reiteraba la declaración de ilegalidad del procedimiento y manifestando expresamente que viola los Derechos Humanos, en concreto el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Resolución plenamente coincidente con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la comisión jurídica de la PAH en julio de 2013 contra la Ley del PP 1/2013. El Ministro de Economía, señor Guindos, ex-directivo de Lehman Brothers, anunció una pequeña modificación técnica para adaptar la legislación española a las sentencias del TJUE que sería hecha pública el 29 de agosto. El 5 de septiembre el gobierno concreta el anuncio de una modificación mínima, insuficiente, torticera y mezquina que mantiene abierto el conflicto en toda su dimensión y echa más leña al fuego al caos procesal existente en los juzgados.
El escenario actual sitúa a la mafia financiera, al poder político a su servicio y a la casta judicial en una situación de extrema debilidad frente a la presión de la PAH y del conjunto del movimiento popular. El mantenimiento de la tiranía de los bancos sobre la inmensa mayoria de la población ha requerido la violación flagrante y sistemática de la legalidad española, europea e internacional.
El gobierno del PP desoyó el clamor popular de la ILP de la PAH, las sentencias del TJUE, la doctrina del TEDH, las Observaciones Generales del Comité DESC de la ONU, las recomendaciones de los sucesivos Relatores de la ONU y la Convención de Derechos del Niño, e impulsó la Ley 1/2013 para garantizar los intereses de sus amigos los banqueros.
La Ley del PP 1/2013 está fuera de la legalidad y supuso la continuación de la violación sistemática de los Derechos Humanos perpetrada por los Tribunales de Justicia.
El gobierno del PP con su Ley 1/2013 ha puesto en peligro al país por violar de forma reiterada las resoluciones del TJUE para defender a sus amigos, las entidades financieras españolas y los grandes inversores internacionales, haciendo posible la apertura de un expediente sancionador de la Comisión Europea contra España por incumplir la legalidad de la UE y las sentencias del TJUE.
Ahora es el momento de poner un punto y aparte.
La situación actual nos brinda la oportunidad de lanzar una ofensiva social unitaria y plural  sostenida en el tiempo en torno a cuatro líneas de reivindicación con posibilidades serias de ser alcanzadas a corto plazo.
Estas reivindicaciones responden a una necesidad social, cuentan con el apoyo de la mayoría y se podrían convertir en un revulsivo para el impulso de un proceso de lucha amplio, participativo, plural, social y político. En estos tiempos se habla mucho de la confluencia, la convergencia y muchas cosas más. Aquí tenemos al alcance de la mano la oportunidad de conseguir una victoria popular frente a la tiranía de los bancos y su gobierno.
La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a ganar, si estamos dispuestos a unificar la lucha para conseguir derechos universales. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) nos encontramos preparando nuestra asamblea estatal; sirva este artículo como aportación al debate que hoy de desarrolla en las PAH de todo el estado de cara afrontar el nuevo periodo. Por qué no abrir el debate social acerca de la necesidad de una gran ofensiva social para acabar con las violaciones de Derechos Humanos provocadas por desalojos forzosos sin alternativa habitacional, por deudas odiosas y en la práctica perpetuas derivadas una gran estafa social perpetrada por el capital financiero con un bien de primera necesidad llamado vivienda y por procedimientos judiciales ilegales.
A fecha de hoy quizás podemos encontrar acuerdo sobre 4 puntos donde podamos apoyar la palanca social necesaria para ganar un puñado de derechos universales para todos:
1. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo. Eso significa acabar con las deudas perpetuas derivadas de los préstamos hipotecarios. No es admisible que las personas puedan quedar con deuda después de perder la propiedad de una vivienda que fue tasada en un valor superior o igual al préstamo concedido. En ese sentido deben articularse las medidas necesarias para declarar ilegítimas las deudas generadas como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria.
2. Derechos habitacionales para todas y todos de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos. Se trata de acabar de forma definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque vulneran los compromisos internacionales en materia de DDHH. Esto significa el renocimiento del derecho al alquiler social en los casos de las ejecuciones hipotecarias una vez adjudicado el inmueble, la obligación de los jueces en coordinación con la administración competente en vivienda de garantizar la alternativa habitacional estable en todos los casos en los que se vaya a realizar un desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos suficientes, atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad social y con el objetivo de evitar la comisión de un delito de acaparamiento y del ejercicio antisocial del derecho de propiedad. El reconocimiento de los derechos habitacionales debe amparar todas las formas de tenencia de primera vivienda frente a los desalojos forzosos. La legislación no puede considerar delito el uso de una vivienda abandonada máxime cuando no existe alternativa habitacional, cuando lo realmente punible es la situación de acaparamiento. La implementación de políticas de vivienda deben tomar un camino dimetralmente opuesto al trazado por las administraciones públicas. No solo se debe impedir la privatización del irrisorio parque de vivienda pública, como está sucediendo en Madrid y en Cataluña, sino que, al contrario, debe trabajarse en el camino opuesto. Eso significa una política de vivienda social basada en la ampliación del parque público de vivienda  impidiendo situaciones de acaparamiento por parte de entidades financieras o inversores internacionales. Significa en última instancia avanzar de forma consciente hacia el reconocimiento del derecho al alquiler social universal.
3. Procedimientos judiciales con todas las garantías. Impulso de cambios en la legislación que garanticen los elementos claves como el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, recurso efectivo, igualdad de armas, especial protección de la parte débil y de la población vulnerable y prevención del delito de acaparamiento, en los procedimientos donde se dirime el derecho a la vivienda y los contratos entre corporaciones y consumidores.
4. Fin de la impunidad financiera, apertura de auditoría social, Juicio y Castigo. Constatando que nos hemos enfrentado a una violación sistemática de Derechos Humanos que ha tenido su origen en una gran estafa social perpetrada por las entidades financieras y sus cómplices. Puesta en práctica de los principios universales de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El planteamiento de estos cuatro puntos pretende proponer una ofensiva social mediante la construcción de una agenda de lucha común de todos los colectivos por el derecho a la vivienda, contra las deudas ilegítimas, contra la impunidad financiera y en defensa de los Derechos Humanos, desde el reconocimiento de la hermosa diversidad de quienes a fecha de hoy soñamos y trabajamos por la dignidad humana y por un mundo nuevo.
¡Sí se puede!
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