El TTIP pone en jaque a la gran coalición en el Parlamento Europeo: ni debate ni votación (por ahora)

No está siendo una buena semana ni para el TTIP, ni para el Parlamento Europeo ni para la imagen de unidad y estabilidad que habitualmente intentan dar las Instituciones de la Unión Europea. El martes día 9 por la noche,  el Presidente del Parlamento anunciaba su decisión de retrasar la votación en el pleno de la Resolución sobre la postura de la Eurocámara ante las negociaciones del TTIP. El revuelo político fue considerable, mientras el Presidente Schulz se escudaba en la imposibilidad de lidiar con 200 enmiendas en el pleno, las eurodiputadas/os del grupo de la izquierda europea y de los verdes señalaban un acceso de pánico en el seno de la gran coalición entre populares, conservadores, liberales y socialdemócratas. Las brechas abiertas entre las filas de estos últimos hacían peligrar la aprobación de una Resolución favorable al mismo y esto debía evitarse, aun a costa de evidenciar las debilidades del Parlamento Europeo como cámara de representación de la voluntad popular. Así, en la carrera por impedir una posible derrota del TTIP, la Conferencia de presidentes adoptaba una decisión todavía más bochornosa: proponer una modificación del orden del día para evitar que en la sesión del día 10 de junio se pudiera, si quiera, debatir sobre la Resolución relativa al TTIP.

de La Marea

Conocíamos la noticia a las 8.01 am, cuando se anunció en el pleno esta propuesta. Se abrió entonces un restringido turno de debate para que se defendieran ambas posturas, la de mantener la discusión sobre la Resolución en el orden del día, aunque no se votase y la de posponer igualmente el debate. Uno de los eurodiputados verdes lanzó a la Eurocámara la siguiente pregunta “¿Qué es el Parlamento Europeo si su Presidente decide manipular las reglas porque tiene miedo de no obtener la mayoría respecto del TTIP y para apoyar el ISDS?; por su parte, Gabi Zimmer, la jefa del grupo de la Izquierda Europea afirmó con contundencia que “estas sucias tretas no son propias de una democracia parlamentaria y mi grupo no va a formar parte de ellas”. Tras apenas diez minutos de debate se pasó a una votación ajustadísima (183 votos a favor de retirar el punto sobre el TTIP del orden del día y 181 a favor de mantenerlo). El bloque de la derecha (Partido Popular Europeo, Conservadores y Liberales) ganaba por la mínima con el apoyo directo de algunos socialistas, mientras que la mayoría de europarlamentarias/os del grupo donde se integra el PSOE optaron por abstenerse. El bloque de las izquierdas y los verdes se quedó sólo a dos votos de una victoria importantísima.
Estos resultados abren claras esperanzas para la campaña del NO al TTIP pero todavía quedan muchos pasos por recorrer para conseguir paralizarlo desde el Parlamento Europeo. Lo que se pretendía votar el día 10 era sólo un documento con recomendaciones a la Comisión para la negociación del Tratado; más allá de esto, el Parlamento tendrá un poder decisivo a la hora de su aprobación ya que debe apoyar el texto del TTIP por mayoría simple.
La redacción de este documento de recomendaciones sobre el TTIP lleva meses negociándose en las diferentes Comisiones del Parlamento, hasta llegar a su versión final aprobada en la Comisión de Comercio el 28 de mayo. Esta  Resolución fue elaborada por el eurodiputado socialista Bernd Lange y en ella se introdujo una enmienda de “compromiso” con la que se conseguía mantener el  ISDS (mecanismo de tribunales de arbitraje) en el texto que debía ser pasado al pleno, con los votos a favor de una gran coalición conformada por eurodiputadas/os populares, socialdemócratas, conservadores y liberales (entre los que se encuentran los españoles del PP, PSOE, Convergència, UPyD, Ciudadanos y PNV).
La pregunta es: ¿qué contiene esa Resolución para haber levantado semejante revuelo? La respuesta puede simplificarse en una frase: la Resolución acoge las líneas básicas mantenidas hasta ahora por el Consejo y la Comisión Europea, introduciendo algunas cláusulas de salvaguarda pero manteniendo las cuestiones más criticadas. Entrando brevemente en su detalle, podemos destacar cuatro postulados generales sobre los que se asienta el texto: en primer lugar, el documento asume como punto de partida los planteamientos de la Comisión Europea respecto de los potenciales efectos positivos del Tratado, desde una postura acrítica y sin referirse a los numerosos estudios que alertan de sus peligros.
En segundo lugar, la Resolución del Parlamento acoge plenamente la neo-lengua dominante apostando por la “necesidad de invertir en gobernanza global” o por un “sistema basado en reglas y valores”, sin aclarar quién y desde qué niveles se va a generar esa gobernanza, qué papel tiene la ciudadanía en la misma, qué debemos entender por reglas (si se refiere o no a leyes emanadas de procedimientos democráticos en los Estados miembros) y cuáles son los valores que se afirman compartidos por Estados Unidos y la UE.
Por añadidura, la Resolución incluye entre sus puntos de partida el concepto de “costes de regulación”, entendiendo por tales todas aquellas condiciones impuestas por normas emanadas del poder público y orientadas, en la mayoría de las veces a la protección del medio ambiente, de las y los trabajadores, de las y los consumidores, etc. En otras palabras, lo que habitualmente entendemos como derechos, en la propuesta del Parlamento se enfocan como costes derivados de normas que deben ser modificadas, incluso si es necesario por instancias superiores a las democráticamente elegidas.
Por último, la Resolución señala la existencia de unas líneas rojas basadas en los estándares de la UE respecto de materias sociales, sanitarias o medioambientales, dejando de lado lo que es más importante: la regulación estatal de cada una de esas materia que formalmente sigue siendo superior a la europea. La Resolución insiste además en la necesidad de que las potencias de ambos lados del Atlántico diseñen y dominen las reglas comerciales a nivel global.
Con este planteamiento general, la Resolución recoge las tres grandes áreas en las que se enmarca el contenido del TTIP: acceso al mercado, cooperación reguladora y “normas”. Más allá de algunas cláusulas de salvaguarda en materias históricamente protegidas dentro de la UE (agricultura, cultura, mercado audiovisual, prensa), el texto mantiene las líneas marcadas por la Comisión Europea. En concreto es imprescindible detallar la propuesta para la regulación del ISDS, convertido ya en centro de la polémica respecto del Tratado. Según recoge la Resolución, para asegurar que los inversores extranjeros sean tratados de manera no discriminatoria y con igualdad de oportunidades, el Parlamento plantea utilizar la  propuesta de la Comisión como base para conseguir un sistema efectivo de protección para los inversores. Así, pese a reconocer que la resolución de controversias entre inversores y Estados deberá solucionarse por un mecanismo sujeto a principios democráticos y por jueces independientes y profesionales, la Resolución afirma que, en el medio plazo, una Corte Internacional de Inversiones (es decir, un tribunal de arbitraje internacional) puede ser la manera más apropiada para solventar este tipo de disputas.
Con este contenido, del cual sólo se ha resumido una pequeña parte, la votación en el Plenario no se planteaba nada fácil y el miedo al fracaso ha provocado la devolución del texto. Sin duda es una buena noticia, el Parlamento Europeo puede todavía hacer historia, pronunciándose a favor de los derechos de la ciudadanía europea en contra de la negociación del TTIP (no habría sido la primera vez porque ya lo hizo con el Anti-Counterfeiting Trade Agreement). La Eurocámara puede decir “no” invocando los defectos de transparencia, el rechazo creciente de la ciudadanía respecto de algunos puntos fuertes del Tratado (ISDS), la falta de confianza que suscitan determinadas actuaciones recientes de Estados Unidos (el espionaje masivo), el marcado carácter imperialista del Tratado y sus posible efectos para terceros países o los potenciales peligros que contiene respecto de los derechos laborales, sociales y medioambientales. Pero en la Eurocámara también puede mantenerse esa gran coalición para aprobar el Tratado, aunque en el camino caiga el ISDS. No en vano, un eurodiputado socialista afirmaba en una rueda de prensa ayer que su grupo votaría a favor del Tratado si se dejaba fuera el mecanismo de arbitraje.
Concentrar el debate en esta cuestión es un error estratégico, las consecuencias desastrosas del TTIP no se limitan al ISDS sino que se sitúan en el corazón mismo del Tratado, en el concepto de liberalización total del comercio, de armonización o incluso elaboración de normas por instancias no democráticas y de protección total del inversor. El problema es que el TTIP pone los intereses de las multinacionales por encima de los intereses de las mayorías sociales por lo que, con o sin ISDS, ese Tratado hay que pararlo.

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