18 sept. 2015

La banca ética y cooperativa se desmarca del comunicado contra la independencia de Catalunya

La banca ética y las cooperativas de crédito se han desmarcado del comunicado emitido por la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) en el que ambas patronales sugieren que se irán de Catalunya si se declara la independencia.
Una portavoz del departamento de comunicación de Triodos Bank ha indicado a Catalunya Plural que la entidad no ha firmado el comunicado ya que tiene como principio "no entrar en cuestiones políticas". Asimismo, ha recordado que el papel de Triodos Bank en la AEB no es "de lobby", y que la entidad está centrada en impulsar la banca ética y sostenible.
Por su lado, Caixa Enginyers, a través de Twitter, también se ha desmarcado del comunicado. "No tenemos nada que ver con el comunicado del que se hace eco la red. Somos una cooperativa y no formamos parte de AEB ni de CECA, sinó de UNACC [Unión Nacional de Cooperativas de Crédito]".
Por otro lado, en declaraciones a Catalunya Plural, el coordinador de la cooperativa de servicios financieros Coop57, Ramon Pascual, ha explicado que la cooperativa está "al margen" de ambas patronales y que, al no formar parte de ellas, no suscribe su opinión. "En todo caso, un pronunciamento de ese tipo o de cualquier otro lo tendrían que decidir nuestros socios", ha añadido Pascual.
La patronales bancarias AEB y CECA, de las que forman parte Caixabank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular, entre otras entidades, han advertido este viernes sobre los "riesgos" que para la estabilidad financiera comportaría "cualquier decisión política" que quebrantara la legalidad vigente y conllevara la exclusión de una parte de España de la Unión Europea y del euro.
En una declaración institucional conjunta ante las elecciones autonómicas convocadas en Cataluña para el próximo 27 de septiembre, la patronales bancarias han avisado de que la exclusión de Cataluña de la zona euro comportaría que todas la entidades bancarias con presencia en Catalunya afrontarían "graves problemas de inseguridad jurídica".
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