12 sept. 2015

Manuela Carmena estudia remunicipalizar el 100% de la funeraria de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid estudia recuperar el 49% de la funeraria de la capital que no controla y que actualmente está en manos de Funespaña, la primera empresa del sector de pompas fúnebres en España, actualmente propiedad de Mapfre, la mayor aseguradora del país.
"Estamos estudiando el tema", aseguran fuentes municipales, que subrayan que la estrategia de "recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a las grandes empresas y grupos económicos" recogida en el programa electoral de Ahora Madrid está "clara". Pasa por prestar "de forma directa" servicios como este y otros (limpieza y recogida de basuras, atención al ciudadano, servicios de informática) a medida que vayan venciendo los contratos externalizados por el anterior Gobierno del PP. Es "una manera mucho más eficaz de proveer los servicios públicos", defienden esas fuentes.


Los procesos de remunicipalización que actualmente tiene en su agenda el Gobierno municipal dependen del concejal de Economía y Hacienda, aunque la decisión final sobre la funeraria corresponde al concejal responsable del área de Salud, Javier Barbero, quien estatutariamente ostenta la presidencia de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM).
El pasado 17 de julio, la alcaldesa, Manuela Carmena, designó a Barbero presidente de la EMSFM junto al vicepresidente, Jesús Enrique Guereta López de Lizaga, y a otros cinco consejeros, entre ellos, el propio Sánchez Mato. Fuentes oficiales de la Alcaldía y de la Concejalía de Seguridad, Salud y Emergencias, apuntan que todavía "no hay ninguna decisión tomada" sobre la funeraria y que se estudiará "qué es lo que más conviene a las arcas del Ayuntamiento", en vista de los beneficios obtenidos en los últimos ejercicios por la EMSFM.
La funeraria municipal es una empresa rentable, que en 2014 logró un beneficio neto de 848.985 euros, un 41,2% más, que destinó a reservas, tras facturar 49,4 millones. El pasado año, Funespaña ingresó 337.336,55 euros en concepto de "gastos de gestión" vinculados al beneficio antes de impuestos de la funeraria madrileña, que fue de 1,34 millones, siete veces más que un año antes. Tuvo unos gastos de personal de 30,6 millones, una flota de 111 vehículos y 531 empleados (496 de ellos, fijos).

Un roto para Mapfre
Los estatutos de la empresa encargada de gestionar los tanatorios, crematorios, cementerios y desplazamientos de cadáveres de la ciudad más poblada de España prevén su extinción y liquidación para dentro de un año, el 15 de septiembre de 2016, cuando se cumplirán 50 años de su constitución. "Todo su activo revertirá al Ayuntamiento de Madrid sin que el accionista privado tenga derecho a cuota de liquidación alguna", reconoce en sus cuentas de 2014 Funespaña, que no obstante espera recibir una compensación por la disolución de la sociedad y lleva tiempo "tratando de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento que resuelva esta situación".
Mapfre, que entró en el capital de Funespaña en 2010 y es el mayor accionista de la compañía (a finales del año pasado alcanzó el 81% del capital tras adquirir otro 17%), no ha querido hacer ningún comentario sobre un activo fundamental para su participada, que cotiza en el Mercado Continuo, aunque la aseguradora ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (opa) para quedarse con el 100% y excluirla del parqué.
La EMFSM, que gestiona dos tanatorios y trece cementerios municipales con una superficie total de 2.098.601 metros cuadrados, incluyendo el de la Almudena, uno de los mayores de Europa occidental, ya fue remunicipalizada en 1985, aunque a finales de 1992 el Ayuntamiento privatizó el 49% del capital a precio de saldo, en lo que se conoció como 'caso Funeraria', el mayor escándalo de la época del alcalde del PP José María Álvarez del Manzano.
Funespaña se quedó por 100 pesetas (0,6 euros) con la mitad de una empresa que dos años después, con la deuda condonada por el Ayuntamiento de Manzano, ganaba 6 millones de euros. El caso acabó empantanado en los tribunales, y 17 años después, Luis María Huete, uno de los tres concejales que aprobaron la operación, fue el único condenado por el Tribunal Supremo (por prevaricación). Los gestores de Funespaña, encabezados por su presidente tras la privatización y asesor en la operación, José Ignacio Rodrigo, se fueron de rositas, por haber prescrito los delitos de los que se les acusaba.
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