12 oct. 2015

David Vidal, el jardinero que ha puesto en jaque la gestión de la sanidad pública catalana

De cómo un jardinero desmonta un sistema de gestión sanitaria tejido durante décadas con la complicidad de todo el poder político es la historia de David Vidal.
El olfato de este joven regidor de la CUP en Reus (Tarragona) dio lugar a una investigación, aún en marcha, que ha movido ya los cimientos de los partidos catalanes y que amenaza con demoler a los cómplices de un entramado tejido en torno a una cultura de adjudicaciones irregulares, contratos 'a dedo', clientelismo y desviación de dinero público para intereses opacos y privados.
En 2011, David Vidal tenía 28 años y trabajaba como jardinero municipal en Reus Esport i Lleure, una de las 18 empresas municipales pertenecientes al grupo  Innova, el conglomerado a través del cual el todopoderoso presidente del Instituto Catalán de Salud, Josep Prat, gestionaba desde el agua hasta los aparcamientos de la localidad.


Mandamás de la sanidad pública catalana, Prat era el auténtico poder en la sombra en Reus y controlaba también con mano de hierro USP, la red privada de hospitales más grande del país.  A Vidal la circunstancia le chirriaba. Su alto ritmo de vida y los 'dedazos' en las contrataciones eran comentario habitual en los descansos del trabajo. También, las múltiples irregularidades en cuestiones de seguridad y los pagos pendientes.  Pero la cuestión iba más allá de un chascarrillo.
Para poder investigar, Vidal decide presentar su candidatura para delegado sindical. Pronto se gana los recelos de Prat. Unos meses después, el joven logra acta como único concejal de la CUP en un consistorio que, tras años de gobierno socialista, cae en manos de CiU con el apoyo del PP.  El cargo convierte a Vidal en administrador de facto de Innova, lo que le permite avanzar en sus sospechas.  No desaprovecha la oportunidad. En el primer consejo de administración al que tiene derecho a asistir, Vidal solicita al alcalde, Carles Pellicer,  una auditoría completa de cada una de las empresas que dependen del Consistorio. La iniciativa, minuciosa, exigía conocer al detalle sueldos de trabajadores y de altos cargos, así como la justificación de cada uno de los gastos.  En su lugar, la única respuesta es la ratificación como gerente de Prat.
“Me di cuenta de que me estaban vetando el acceso básico a un derecho que tenía como concejal, como consejero de una empresa. No se me quiso facilitar, por ejemplo, el finiquito del anterior gerente del hospital. Pregunté cuánto se le había pagado y me vinieron a decir que por mucho que fuera concejal y consejero no tenía por qué saber esa información. Entonces, empezamos a pedir el sueldo de todos, acabando por Prat”, explica Vidal.
Unos meses después, asiste a otro consejo de administración. El lugar de la reunión era el Hospital Sant Joan de Reus, gestionado por Innova mediante el Grupo Salud y el momento, especialmente conflictivo por las protestas de los trabajadores ante los sucesivos recortes y falta de personal. El asunto no se abordó. En su lugar, el improvisado orden del día trató de cómo colocar una estatua en el hospital. El encuentro terminó pronto y dio paso a un suculento desayuno en el que no faltó el jamón de jabugo.

Un sueldo de Rey
Indignado por la falta de transparencia, el concejal convoca una rueda de prensa por la que fue amonestado.  Nadie había respondido aún a sus insistentes solicitudes de información. “Hace más de un mes que estamos pidiendo información sobre lo que está pasando en nuestro hospital... pero nadie dice nada.  La única preocupación de la presidenta es aparecer en las fotos de la donación de sangre e inaugurar un nuevo servicio para un centro asistencial de uso exclusivo para los y las clientes de mutuas, mientras se cierran habitaciones (…)”, denunciaba su grupo en un comunicado.
En 2012, presenta una denuncia ante la fiscalía de Tarragona en la que detalla la incompatibilidad de cargos de Prat, la opacidad de Innova y las sospechas de amplias irregularidades. Vidal insta a investigar unos hechos de los que “se podría deducir la existencia de una red criminal, integrada por un número indeterminado de cargos y empleados públicos” con un objetivo: “expoliar la hacienda pública para beneficio particular y, posiblemente, encubierta por altos cargos del Gobierno de la Generalitat”.
Cinco días después, Prat presentaba la dimisión de sus cargos en Reus, aunque defendiendo su gestión. Se supo entonces que cobraba hasta 280.000 euros anuales, casi como el Rey.

"No tenemos piscinas municipales, sólo hay una biblioteca..."
“En la sanidad en Cataluña existe un gran problema  en cuanto a transparencia, y eso lo pueden decir incluso personas que forman parte de la administración pública. Son grandes deberes pendientes”, resume  “es de sentido común, de economía doméstica. Si a mi hijo le doy un billete de diez euros para comprar el pan y vuelve con uno de vuelta, hay algo raro. Aquí no se ha pedido el ticket. Podríamos hablar también de subvenciones europeas y estatales que se han gastado para otras cosas, de facturaciones irreales, de adjudicaciones sin concurso... Y esa gestión no se tradujo en una mejora de los servicios sociales en prestaciones. En Reus, por ejemplo, no tenemos piscinas municipales, sólo tenemos una biblioteca... Más allá de lo tipificado penalmente, moralmente esto era un auténtico despilfarro”.
Con poco más de 100.000 habitantes, la localidad se había convertido en la más endeudada de Cataluña. En 2013, esa deuda era de 381 millones de euros, de los que 202 correspondían a las empresas del conglomerado de Innova.  El entramado gestionaba tres de cada cuatro euros del presupuesto municipal.
La investigación determinó, entre otras cosas, que entre 2007 y 2011 Prat había pagado a Carles Munté, su sucesor al frente del servicio catalán de salud,  más de 720.000 euros del presupuesto del hospital Sant Joan de Reus por trabajos de consultoría nunca realizados. Los pagos fueron canalizados a través de una empresa de Manté, CCM Estratègies i Salut, creada solo unos días antes de la contratación. En 2013, un juzgado de Reus ordenó el registro de los domicilios de ambos y su detención bajo acusación de estafa, malversación pública y tráfico de influencias.
Las pesquisas determinaron también que la adjudicación se había saltado todos los trámites- Prat declaró ante el juez que había sido sugerida por la exconsejera de Salud, la socialista Marina Geli- y que ambos habían tratado de eludir la justicia falseando numerosos documentos.   La pieza, en la que también fue  imputado el  exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova y esposa del presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU),  apuntó directamente a la Generalitat que, según el sumario, habría planteado la posibilidad de sufragar la defensa de Prat, extremo negado por el Govern. Las pesquisas tratan de determinar la relación entre Prat, el conseller de Salud de Mas, Boí Ruiz y el arquitecto Jorge Batesteza, exdirectivo de Catsalud y contratado después para las obras del Hospital Sant Joan de Reus.
En abril de este mismo año, en plena campaña para las municipales, la primera teniente de alcalde de Reus y presidenta del Grupo Salud, Teresa Gomis, era detenida en una operación sobre la contratación ilegal y las adjudicaciones irregulares en el ayuntamiento. Tres meses después, pese a los intentos de CDC para impedirlo, Gomis ocupó un escaño en el Congreso   en sustitución de Jordi Jané, designado conseller de Interior. “Ella cree que tiene que ocupar el escaño que le corresponde”, apuntó entonces el portavoz del grupo parlamentario, Pere Macías.

Concejales que se facturaban a sí mismos
El alcance del caso Innova está aún por determinar. Por el momento, abarca a cincuenta imputados, entre ellos varios regidores de todos los signos políticos en varios municipios de Tarragona y distintos empresarios.
“La instrucción es lenta”, opina Vidal,  “creemos que el juez está haciendo un buen trabajo pese a tener una fuerte oposición por parte de los propios imputados e incluso del propio ayuntamiento, que constantemente cuestiona el proceso judicial. Es algo que nos sorprende. Que cada vez que sale un auto del juez que apunta a que el ayuntamiento está actuando de forma pasiva, y siendo el máximo perjudicado, dos partidos como CiU y el PP reaccionan diciendo que el juez no es válido, que no es un asunto penal... Cuando sabemos perfectamente que hay gente que se ha estado llenando el bolsillo. Concejales que incluso se facturaban a sí mismos”.
La complejidad de este entramado tejido durante más de una década y totalmente caótico ha obligado al juez Diego Álvarez de Juan a trocearlo hasta en una decena de piezas. Los autos ponen en jaque la gestión que durante décadas se ha hecho de la sanidad catalana. Un sistema, señalan los autos,  dominado por el caciquismo y la abrumadora falta de transparencia.
Entre las piezas, bajo secreto, surge por ejemplo el 'caso Shirota', en el que se investiga al gobierno de Reus entre 2007 y 2011 por, presuntamente, avalar con tres millones de euros a una sociedad dirigida por Manté, después en quiebra y cuyas pérdidas fueron sufragadas a través de las arcas municipales. La lupa se pone también sobre Tecnoparc, una de las empresas de Innova, que habría recibido hasta 70.000 euros del exconcejal Jordi Bergadà, de ERC.  Otra de las piezas investiga las preguntas irregularidades en las concesiones del servicio de ambulancias Baix Ebre.
Vidal piensa seguir hasta el final, cueste lo que cueste, aunque admite que el proceso le ha pasado cierta factura. “No lo hemos tenido fácil. Nos han acusado de hacer la política del 'no', de oponernos siempre, incluso han entrado en cuestiones personales. No he recibido amenazas graves, pero el día a día sí que pasa factura. La gente de mi entorno me decías 'a ver lo que haces' porque a lo mejor no vuelves a trabajar en la administración.... La sensación no es agradable desde luego. Es una sensación de cosmética electoral. Todos somos transparentes, pero cuando intentas ir al fondo te encuentras con un maquillaje brutal”.

La plataforma change.org promueve una campaña para proteger a quien denuncia. Doce años después, España no ha desarrollado el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas que recomienda la protección de testigos y denunciantes.  
El documental 'Corrupción, el organismo nocivo', una cinta-denuncia dirigida por Albert Sanfeliu y Teresa Soler, pretende dar voz a los denunciantes de la corrupción. 


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