28 jun. 2016

Así curran los que limpian ropa hospitalaria: 700€ al mes y pedir permiso para ir al baño

El servicio de lavandería hospitalaria de Madrid seguirá privatizado. Esta semana, Podemos llevó al Parlamento autonómico una proposición no de ley para revertir el contrato, adjudicado en octubre de 2013 por 45 millones de euros y un plazo de 48 meses (vence en noviembre de 2017) a la UTE formada por las empresas Flisa y Laundry Center, ambas del Grupo Ilunion (Fundación Once). La propuesta se rechazó con los votos de Ciudadanos y PP, a pesar de que los populares reconocieron en la comisión de Sanidad que los hospitales públicos que envían su ropa a las adjudicatarias empezaron a presentar sus primeras quejas en octubre de 2014, que tres auditorías han revelado que la calidad del servicio es mala (un índice por debajo de los 55 puntos), y que el Gobierno regional ya ha impuesto sanciones que superan los 115.000 euros
La plantilla actual está formada por 223 trabajadores, de los que 113 tienen algún tipo de discapacidad y 118 proceden de la etapa anterior, es decir, cuando la Lavandería Hospitalaria Central dependía del Sermas, el servicio público regional. Por un sueldo medio mensual de 700 euros (en 14 pagas) y una jornada diaria de ocho horas, varios trabajadores han explicado a El Confidencial que sus condiciones laborales han empeorado, a pesar de que gracias a la huelga que iniciaron tras la privatización consiguieron arrancar algunos beneficios, como el plus de productividad, "que nos supone unos 75 euros más al mes si cada trabajador consigue limpiar entre 260 y 273 kilos de ropa sucia al día".

Nota de una de las adjudicatarias recordando que hay que pedir permiso para ir al baño
Nota de una de las adjudicatarias recordando que hay que pedir permiso para ir al baño
Todos prefieren guardar el anonimato, ya que aseguran que habrá represalias. "Las sanciones se han incrementado. A una empleada la sancionaron por fotografiar cómo se transportaba a un hospital ropa ya limpia en el coche de un comercial". La privatización supuso una importante reducción del salario, ya que los trabajadores dejaron de depender del Ejecutivo autonómico y pasaron a regirse por el convenio colectivo del sector de lavanderías, que ya de entrada suponía una rebaja salarial del 40%. Antes de la privatización, había unos 370 trabajadores: 123 eran fijos y fueron recolocados por la consejería en la red de hospitales públicos.
Los interinos y eventuales, por su parte, tenían que ser subrogados a las adjudicatarias si así lo pedían, lo que hicieron 118. "La mayoría somos mujeres. Con escasa formación, y de eso se aprovecha la empresa para pagar muy poco. Las adjudicatarias prefieren además contratar a gente con discapacidad. No porque quieran hacer una labor social, sino porque así tienen bonificaciones de la Seguridad Social".

Turnos rotatorios

También aseguran que la conciliación brilla por su ausencia. "Ahora tenemos turnos rotatorios, una semana puedo estar por la mañana de 8 a 15 horas y la siguiente por la tarde de 15 a 23 horas. Muchas tenemos niños pequeños y así es difícil". La lavandería está operativa de lunes a domingo, "por lo que te puede tocar tu turno en fin de semana. Esto es una cadena de producción. Hasta para ir al baño hay que levantar la mano y pedir permiso". Eso sí, tienen 30 minutos para comer.
La lavandería está ubicada en Mejorada del Campo, por donde pasan cada año unos 17 millones de kilos de ropa sucia. El centro pertenece al Sermas, por eso las adjudicatarias deben pagar un canon de 520.000 euros anuales por poder utilizar las instalaciones. El servicio privado se empezó a prestar el 1 de diciembre de 2013. Los trabajadores, que llevan guantes, bata y gorro, aseguran también que las condiciones higiénicas han empeorado. Allí se reciben las sábanas, mantas, fundas de almohada... de 19 hospitales públicos y el vestuario de sus respectivos facultativos. "Trabajamos con restos de todo tipo de fluidos, sangre y bacterias. Antes nos podíamos cambiar y duchar allí. Ahora nos dicen que nos vayamos a casa, en nuestro coche o en transporte público, con la ropa de trabajo, que ha estado en contacto con esos restos hospitalarios".

Ropa de los hospitales tirada a la entrada de la lavandería de Mejorada.
Ropa de los hospitales tirada a la entrada de la lavandería de Mejorada.
Un escrito del comité de empresa, fechado el 7 de junio de este año y dirigido al consejero de Sanidad, solicita "el rescate del servicio de lavandería", alegando que las adjudicatarias incumplen el pliego de prescripciones técnicas del contrato en lo relativo a gestión medioambiental. La lavandería, cuando era pública, tenía los certificados ISO 14.001:2, ISO 9001:2008 e ISO 14.001:2005. "Se ha verificado por parte de este comité que los certificados que actualmente tiene vigentes la empresa concesionaria nada tienen que ver con los existentes antes de su privatización", explican los trabajadores, asegurando que "durante seis meses la lavandería no ha tenido certificados de calidad y gestión ambiental". Los empleados exigen además que se realicen controles microbiológicos cada 45 días.
Ciudadanos, que votó en contra de revertir el contrato, está convencido no obstante de que el precio de licitación (45 millones en cuatro años) conlleva necesariamente que la calidad del servicio sea deficiente. "El problema es que cuando el Gobierno regional decide sacar este contrato centralizado para todos los hospitales públicos, el precio de partida es bajo, 0,65 euros por kilo de ropa limpia, cuando antes los hospitales que por su cuenta concertaban la lavandería estaban pagando 0,90 euros por kilo. Esto obliga a los adjudicatarios a hacer ahorros inviables. En Francia se paga 1,3 euros por kilo".

Los trabajadores denuncian suciedad en algunos pasillos de la lavandería.
Los trabajadores denuncian suciedad en algunos pasillos de la lavandería.
Ciudadanos cree que hay que actualizar los precios al alza "si se sigue apostando por la concertación". De hecho, la formación emergente cree que la lavandería, la seguridad, la cocina y la limpieza deben ser servicios externalizados en el sector sanitario, "pero servicios eficientes y exigiendo que se cumplan escrupulosamente los contratos, las auditorías de calidad e imponiendo sanciones si no es así. Además, la Administración debe velar por proteger la seguridad de los pacientes y los trabajadores".
¿Se sienten seguros los trabajadores de la lavanderíanbsp;Las bajas laborales se han reducido, pasando de las 82 que hubo en 2012 a las 57 de 2015, todas leves. "Es cierto que hay pocos accidentes", señalan los empleados, "pero hace falta más prevención y mejorar ciertos mecanismos de trabajo, sobre todo en lo referente al 'chapapote', lo que nosotros llamamos ropa mezclada, ropa que procede de clínicas privadas o de centros de otras provincias de España que se mezcla con la de los hospitales públicos madrileños". 
EL PSOE, por su parte, quiere que cuando finalice el contrato en noviembre de 2017 el servicio vuelva a ser público. "Los gobiernos del PP malgestionaron la lavandería para justificar su privatización, encima con un contrato mal diseñado". Para ello, los socialistas se han comprometido a diseñar un plan de trabajo que incluya informes de cómo se gestiona la lavandería hospitalaria en otras comunidades, "porque de todos se puede aprender", informes sobre la situación actual de la lencería hospitalaria en el Sermas (hoy cada paciente necesita ocho juegos de ropa de cama de media), y una fórmula organizativa para que el servicio sea público y de "calidad y eficiente", un servicio "en el que también se trate bien a los trabajadores".

Imagen de un camión de la lavandería de Mejorada pasando ropa a un camión de comida, tomada en 2014.
Imagen de un camión de la lavandería de Mejorada pasando ropa a un camión de comida, tomada en 2014.
El Confidencial ha intentando sin éxito contactar con algún portavoz de las adjudicatarias. El PP, no obstante, aseguró en la Asamblea de Madrid que la empresa se ha comprometido "a solucionar los problemas del servicio" y actuó de abogado defensor de las adjudicatarias, explicando que los trabajadores del Grupo Ilunioncobran un 15% por encima del convenio colectivo del sector, que reciben un plus de transporte de 79 euros, y que también perciben un plus "por la disponibilidad de ser empleados en los 14 días festivos del año", aunque no los trabajen. El PP también aseguró que los trabajadores disfrutan de un programa de ayudas sociales, que contempla ayudas económicas para "gafas, ordenadores, matrículas académicas y libros de texto". Además, la UTE invirtió el año pasado 428.000 euros "en mantenimiento y reparación" solo en la planta de Mejorada. "La evaluación de riesgos ha sido la correcta, aunque la calidad del servicio es susceptible de mejora", concluyó el PP en su exposición.
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