13 sept. 2016

ACS demandará a España 500 millones por el AVE a Francia por falta de viajeros

La disputa entre ACS y Eiffage y los gobiernos de España y Francia va a acabar en los juzgados con una denuncia muy seria, la de mayor volumen presentada hasta la fecha por una empresa privada contra el Estado. Según han indicado fuentes próximas a TP Ferro, la sociedad propiedad de la constructora de Florentino Pérez y el grupo galo ultiman una demanda en un tribunal internacional de arbitraje contra el Reino de España y la República francesa por la que exigirá 500 millones de euros por la liquidación del AVE que une Barcelona con París.
Como ya adelantó El Confidencial el pasado 22 de junio, la junta de acreedores de TP Ferro, que se reúne este jueves, certificará la caída en liquidación de esta empresa: una concesión pública, otorgada por el Ejecutivo de José María Aznar a ACS y Eifagge apenas dos meses antes de dejar Moncloa, que entró en concurso de acreedores en marzo de 2015 con una deuda de 428 millones de euros y que no ha sido capaz de salir de la suspensión de pagos. La petición de Florentino Pérez al Ministerio de Fomento de inyectar dinero público ha sido desoída por Mariano Rajoy, que no ha querido cargar con otro estigma de favoritismo empresarial como cuando indemnizó al presidente del Real Madrid con 1.350 millones por el gaseoducto del Castor.
Pero el presidente de ACS, lejos de perder la concesión y cruzarse de brazos, está dispuesto a exigir al Estado hasta el último euro invertido. Según han confirmado distintas fuentes, Florentino Pérez y su socio francés ya tienen redactada la demanda que cursarán ante un tribunal internacional para que se active la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), una garantía que los distintos gobiernos españoles incluyeron en los contratos de concesiones público privadas para que, en caso extremo de que el negocio no fuera bien, el Estado se hiciera cargo de las pérdidas. Según aseguran fuentes próximas al caso, ACS y Eifagge calculan que el importe resultante estimado de la potencial indemnización por resolución anticipada del contrato de concesión asciende a 484,79 millones de euros.
La española y la francesa ya han presentado hasta tres demandas contra el Reino de España y la República francesa por la obra, que inicialmente fue financiada con un préstamo bancario de 400 millones —BBVA, Santander, Bankia y CaixaBank e ING— y una subvención de 636,22 millones a cargo de los fondos públicos de la Unión Europea. En 2009, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, la compañía fue respaldada con 128 millones de dinero público por los retrasos en la entrada en funcionamiento del AVE, al tiempo que la concesión fue extendida por tres años más para beneficio de las constructoras.
Posteriormente, cuando ni con esas ayudas fue suficiente, ACS y Eifagge presentaron varias demandas judiciales contra España y Francia en las que les solicitaron a través de un tribunal de arbitraje una compensación de 93 millones por el menor tráfico de trenes respecto a lo previsto y 350 millones por sobrecostes. Un juez de Suiza sentenció que ambas empresas no tenían derecho a esas cantidades, por lo que falló a favor de los dos gobiernos.

ACS ya ha reclamado en los juzgados sin éxito unos 450 millones por sobrecostes y retrasos, si bien Zapatero la compensó en 2009 con 128 millones
No contento con eso, el también presidente del Real Madrid presentó una tercera demanda adicional poco después de que en abril de 2015 TP Ferro entrase en preconcurso de acreedores, situación que, ante la falta de acuerdo con los fondos dueños de la deuda (428 millones vendidos por los bancos originales), desembocó finalmente en la suspensión de pagos posterior admitida por un juzgado de Girona en julio del pasado año. Por si no fuera suficiente, TP Ferro solicitó después 100 millones de ayudas a fondo perdido para tratar de evitar la disolución de la sociedad, requerimiento al que se negó Ana Pastor, ministra de Fomento en ese momento.

De enemigos a aliados
Hasta la fecha, ACS y los 'hedge funds' que han comprado la deuda a derribo estaban en posiciones opuestas, ya que los acreedores han rechazado el plan de rescate propuesto por la constructora. Pero a partir de este jueves, las dos partes irán de la mano porque ambas están interesadas en recuperar el dinero que estiman les corresponde por la RPA. ACS quiere conseguir los casi 500 millones de euros con los que pagará el pasivo que adeuda a los fondos (428 millones), los cuales presentarían una demanda por administración desleal contra los consejeros de TP Ferro en el caso de que no reclamasen vía judicial la compensación.
La anulación de la concesión implica que el Estado español y el francés se quedan con la infraestructura ferroviaria, por lo que tendrán que poner dinero contra su voluntad para hacer frente a los gastos corrientes. La cantidad será pequeña porque, una vez descontados los gastos financieros de la deuda impagada, la puesta en marcha de los trenes consume poco 'cash flow'. Pero el viaje que inició Aznar en 2004, siguió Zapatero en 2009 y fue inaugurado por el actual Rey en 2013 puede salir muy caro a los ciudadanos si el juez impone la indemnización.
El AVE que conecta España con Francia es una línea férrea de 44 kilómetros que une las ciudades de Figueras y Perpignan pasando por el túnel de Pertús. La quiebra de la concesión se ha producido porque la demanda de pasajeros y de mercancias ha sido un 70% inferior a la calculada —se esperaba que circulasen 80 trenes al día— cuando se concedió la concesión. El mismo problema que Fomento tiene con 11 autopistas de peaje, que arrastran una deuda total de 4.500 millones.
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