29 nov. 2016

Ada Colau amenaza a las eléctricas con no pagar las facturas de los pobres energéticos

Ultimátum del Ayuntamiento de Barcelona a las compañías eléctricas. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, anunció ayer que si las empresas no firman los convenios de colaboración establecidos en la ley catalana contra la pobreza energética, la 24/2015, dejará de pagar las facturas de las familias que tienen un informe de vulnerabilidad que les garantiza que no se les corte el suministro. El Consistorio pretende forzar así a las empresas para que dediquen parte de sus millonarios beneficios a pagar, al menos, la mitad del coste de los recibos de los pobres energéticos.
El año pasado el Ayuntamiento destinó 800.000 euros de dinero público para pagar esas facturas pendientes a las eléctricas. “Las compañías deberían hacerse responsables de al menos el 50% de lo que cuesta la pobreza energética a la ciudad, incluyendo los programas de auditorías energéticas que se hacen en los domicilios”, consideró Ortiz. Serían unos tres millones de euros.
La exigencia del Ayuntamiento llega el mismo día en el que se reunirá con las empresas para intentar cerrar los convenios. La ley 24/2105 establece que las Administraciones deben establecer acuerdos con las suministradoras para garantizar que se den ayudas a “fondo perdido” a las familias vulnerables o que se les “apliquen descuentos muy notables”. Las eléctricas siempre han defendido que ya colaboran a través del bono social —200 millones de euros cada año— y que un acuerdo es un asunto de voluntad de ambas partes, por lo cual no hay ningún tipo de obligatoriedad.
Ortiz explicó que si finalmente decidieran no pagar la factura de los pobres energéticos el suministro de los hogares vulnerables no estaría en riesgo ya que la ley prohíbe el corte si hay un informe de servicios sociales. Queda en el aire qué pasaría con la deuda que se acumulara, aunque desde el Consistorio sostienen que la deuda se mantendría “en suspenso” hasta llegar a un acuerdo con las empresas.
Ortiz también anunció ayer que extenderá el servicio de auditorías energéticas a todos los distritos de la ciudad. El programa superó con éxito una prueba piloto en la que se evaluó la situación de 3.100 hogares de los distritos menos favorecidos socialmente y cuyos participantes fueron remitidos por los servicios sociales. Según la memoria del programa, sólo el 17,3% de las familias tenía el bono social, si bien, dos tercios de los beneficiarios podrían pedir la ayuda. De media, los hogares arrastraban deudas por 348 euros.

Sin bono social
Ya en el mandato de Xavier Trias el Ayuntamiento firmó convenios con las empresas suministradoras para mejorar la gestión del pago de las facturas de los pobres energéticos y canalizar las peticiones de los servicios sociales. Ortiz cree que, con la nueva ley en la mano, es necesario revisar estos acuerdos para incorporar aspectos como la colaboración económica que cree deberían tener las empresas o qué hacer en caso de situaciones anormales, como las familias que pinchan la luz. “O forman parte de la solución o la deuda de las familias estará en el tejado de las compañías”, dijo Ortiz.
La Generalitat lleva años intentando negociar con las eléctricas para que dediquen parte de sus recursos a pagar la factura de los pobres energéticos. Los resultados siempre han sido infructuosos, el Ejecutivo catalán siempre ha ido con guante de seda y sólo se han firmado convenios con empresas de agua, usualmente con participación pública. El tono del Gobierno catalán solo ha subido a raíz de la muerte de una anciana Reus a la que Gas Natural le cortó el servicio sin consultar antes a los servicios sociales, tal y como establece la ley. El secretario catalán de Empresa, Joan Aregio, dijo la semana pasada que dará un tiempo “prudencial y lógico” para que las eléctricas se avengan a firmar los convenios antes de abordar otras medidas de presión, usando las herramientas de la contratación pública.
Más allá de las aportaciones al bono social, las eléctricas siempre han temido el impacto que las diferentes iniciativas para garantizar el suministro a los más vulnerables tengan en el cobro de su cartera de clientes. Ortiz aseguró ayer que desde junio las empresas tienen conocimiento de una instrucción municipal sobre cómo ejecutar la ley de pobreza energética.
El intento de la Generalitat de desplegar dicha norma terminó en los juzgados por un recurso contencioso administrativo presentado por la patronal eléctrica Unesa. Uno de los puntos que más molesta a las empresas es el llamado silencio positivo. El protocolo de la Agencia Catalana de Consumo dice que si bien los Ayuntamientos tienen 15 días para informar a la empresa si una familia es vulnerable o no, la falta de respuesta, de igual manera, paraliza el corte.
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