Más allá del quebranto de 83,5 millones de euros a las arcas valencianas, si algo ha demostrado la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia es que el sistema no quiere controles y que los que existen no actúan a sabiendas o tienen las manos atadas para hacerlo. En el caso del Tribunal, no puede resultar más llamativo que, cuantificado el daño e identificado a los responsables, la conclusión sea que no puede actuar y exigir la devolución de lo saqueado porque los legalismos lo impiden.
El informe, al que ha tenido acceso cuartopoder.es, da cuenta de varios hechos reveladores. El primero es la desidia del nuevo equipo de Gobierno valenciano, presidido por Ximo Puig, muy llamativa teniendo en cuenta que la actuación del Tribunal de Cuentas se produce a instancias de dos diputados de Compromís, Fran Ferri y Mónica Oltra, a la sazón vicepresidenta de la Generalitat.
Según se describe, la delegada instructora del Tribunal requirió el 23 de febrero del pasado año diversa documentación a la propia Generalitat, petición que fue ignorada y que volvió a repetirse en junio. En lugar de lo solicitado, el 3 de julio se recibió en el Tribunal un informe de la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva –la que costeó durante cuatro años la organización de los grandes premios- elaborado por el bufete Garrigues.
Ocho días más tarde, se remitió un nuevo oficio a la Generalitat en el que se le recordaba que los informes y la documentación debían ser elaborados por la propia Administración y que, junto a ellos, debía incorporar los informes técnicos y económicos que sirvieron para avalar la compra de Valmor –la empresa privada auspiciada por Camps para gestionar la celebración de las carreras- por parte de una sociedad pública que se hizo cargo de sus pérdidas. Lo que se recibió fue la callada por respuesta.
Hasta en seis ocasiones reiteró la petición el Tribunal a la Generalitat hasta que recibió un correo de su abogada general en el que se indicaba que en los archivos y registros oficiales no constaba documento o expediente alguno sobre los contratos y negocios involucrados. Fue en ese momento cuando se solicitó la información al Juzgado de Valencia que instruye la causa contra Francisco Camps por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. La jueza remitió todo lo actuado en sede penal.
Del análisis de esa documentación, el Tribunal pudo determinar un primer daño a las arcas públicas por importe de 59,5 millones de euros, excluidos los intereses, resultado de sumar los desembolsos que entre los años 2009 y 2011 la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) llevó a cabo para satisfacer el canon anual a Bernie Ecclestone y al que estaba obligada Valmor. Como responsables, se identificaba a los miembros del consejo de SPTCV, que lo aprobaron por unanimidad.
Como se ha explicado, el contrato no debía tenerse como tal sino que debió ser considerado como una ayuda pública o un convenio que, según las propias normas de la ley de Hacienda valenciana, requerían el informe favorable de la Conselleria de Economía y Hacienda, la autorización del Consell valenciano y los informes preceptivos del secretario general de la entidad afectada, en este caso SPTCV, y el de la intervención delegada correspondiente. Nada de ello se tuvo en cuenta.
El paraguas de la operación fue un decreto del Consell de 8 de febrero de 2008, en el que se declaraba de interés general la celebración del Gran Premio de Valencia de Fórmula 1 y se exoneraba o facilitaba la obtención de licencias y autorizaciones. Con dicho decreto en la mano, correspondía a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo declarar la nulidad de aquel contrato. Al no haber sido impugnado por nadie, el Tribunal de Cuentas sólo puede limitarse a describir el daño porque no goza de las atribuciones necesarias para exigir su reparación. En definitiva, el órgano fiscalizador no actúa porque no puede y no puede porque el sistema lo impide.
Lo mismo ocurre con los 23,99 millones en los que Tribunal estima el quebranto causado por la absorción de Valmor por la sociedad pública Circuito del Motor, enjuague por el que la empresa pública asumió todas las deudas de la empresa privada. Al amparo del decreto antes citado en el que se declaraba que el rugido de los motores de los monoplazas en Valencia era de interés general, se yugula la vía administrativa y se obliga a que sea la juridisdicción de lo contencioso la que actúe. Y ésta no lo hace porque nadie lo reclama. ¿Conclusión? Que los responsables del quebranto, en este caso el Consell de la Generalitat en pleno, con el expresidente Camps a la cabeza, quedan eximidos de su responsabilidad patrimonial.
Alguna de estas gravosas decisiones para el Erario público hubieran podido ser evitadas si otros órganos de control, como la Intervención General de Valencia, hubiesen cumplido con su función. Sin embargo, hay constancia de que se limitó a asentir sin poner impedimento alguno. La propia instructora del Tribunal de Cuentas destaca que Hernándiz García, interventor general, consideró en diciembre de 2012 que no era preceptiva su fiscalización de la compra venta de Valmor, pese a que un año antes, un decreto ley del propio Consell había sometido al control de la Intervención las medidas y decisiones de los entes públicos valencianos. Sería mucho trabajo para el pobre Hernandiz.
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