6 ene. 2017

Cómo un hombre fue sentenciado a cadena perpetua tras un fraude de 230 dólares en Texas

En 1980, un reparador del aire acondicionado no logró arreglar exitosamente el aparato de uno de sus clientes. La disputa se saldó con una cadena perpetua sin derecho a condicional. Y no ha sucedido en Corea del Norte o Nigeria. Es Estados Unidos.
La explicación del caso tiene como origen la aplicación de una nueva ley criminal, de “tres strikes”. En aquellos años algunos estados como Virginia o Texas pretendían bajar el índice de delincuencia entre la población, y para eso propusieron un estricto endurecimiento de las penas de cárcel para aquellos ciudadanos que fuesen reincidentes. Comete tres delitos y acabarás con una cadena perpetua. Claro que eso no es lo que se esperaba William James Rummel por no reparar un aparato. Por una factura de 120 dólares.

A la cárcel por 230 dólares o qué es ser delincuente peligroso en Estados Unidos

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Su caso es uno de los más interesantes en el mundo de las penas injustas estadounidenses: el montante por el que Rummel fue condenado ascendía a un total de 230 dólares. Primero: en 1964 Rummel fue declarado culpable por uso fraudulento de una tarjeta de crédito. Extrajo 80 dólares en bienes de un supermercado. Como el dinero excedía de los 50 que eran por entonces el mínimo para ser considerado delito en Texas, su castigo debió ser de entre 2 a 10 años de prisión.
Segundo: en 1969 le condenaron a cuatro años. El acusado se declaró culpable de haber pasado un cheque falsificado por valor de 28.36 dólares. Este es un delito grave según el TDC.
Y tercero: Rummel se negó en 1973 a devolver el pago recibido por una reparación de un aparato de aire acondicionado que, dependiendo a quién preguntases, estaba bien arreglado o no. 120.75 dólares costó aquella transacción que la fiscalía consideró un robo de Rummel. La parte demandante solicitó que se aplicase la “ley de tres strikes”, citando las condenas del 64 y el 69, como muestra de que era un reincidente. Si Rummel se portada bien tras 12 años de cárcel, la sentencia consideraba la posibilidad de una libertad condicional. El jurado le encontró culpable y los tribunales aplicaron la ley.
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“Pueden retenerme aquí hasta que me muera” escribió el condenado de 34 años al poco de entrar en el presidio por tercera vez. “Hay condenados que han cometido crímenes violentos de penas de entre 5 y 10 años, y son puestos en libertad cada día”. Poco tiempo después Rummel contrató los servicios de un abogado querecurrió la pena, alegando que se violaban la octava ("se prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles") y la decimocuarta enmienda ("que los estados provean de una protección igualitaria ante la ley a todas las personas").
Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo analizó su petición, deliberó que el suyo no era un castigo inusualmente cruel. De entre los comentarios de la Corte de este caso se recoge el siguiente testimonio: “A los aquí presentes, por supuesto, nos gustaría pensar que estamos trabajando en pos de la decencia humana (…). Pero dentro de los límites de este procedimiento judicial concreto, sin embargo, no sabemos si estamos caminando en la dirección adecuada”.
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Como también indicó uno de los jueces del Tribunal, Douglas M. Becker, no se atendería a la petición del condenado porque, en la práctica, era muy probable que no cumpliese toda la pena. A la mayoría de convictos de su tipo, cuando tienen bien comportamiento, le conceden la condicional al cabo de un tiempo. Rummel podría optar a una revisión de condicional tras 12 años de cárcel. "Hay apenas una posibilidades del uno o del dos por ciento de que su petición se desestime", cosa que le parecía muy baja a Becker.
Ah, y puedes escuchar todo el juicio del recurso de Rummel y su abogado al Tribunal Supremo aquí.
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Según los periódicos de la época, la condena a este ciudadano es totalmente desproporcionada. El abogado Scott Alas contó aquí que sólo otros dos Estados, Washington y Virginia, contemplaban penas vitalicias por una reincidencia de tres delitos. “Y aun así, lo más probable es que los jueces que hubiesen llevado el caso en estos Estados le hubiesen rebajado sustanciosamente la condena”.
Quizá por eso el caso de Rummel es usado hoy en día en las cortes texanas como un ejercicio de proporcionalidad. Como ejemplo de que, si la defensa apela que la sentencia ha sido demasiado fuerte desde el punto de vista de la octava enmienda, se suele fallar a que la condena no es excesiva.

De condenas abusivas y cintas de video

Leandro Andrade, 30 años después del caso de Rummel, se ganó dos condenas consecutivas de 25 años de prisión en California por robar nueve cintas de video en un par de supermercado en un período de dos semanas. También en esta ocasión cinco miembros del Tribunal Supremo consideraron que la pena era válida y no excesivamente condenatoria.
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Peor es aún el caso de 1995 de Curtis Wilkerson, en California del Sur. Con otras dos condenas a sus espaldas, decidió sustraer un par de calcetines por valor de 2.50 dólares de una tienda de ropa, pero los guardias le pillaron. Aunque uno de ellos quería que pagase la suma, el otro se empeñó en llevarlo a sus superiores y dar ejemplo. Se había aprobado previamente que el hurto menor esa suficiente para aplicar la política de los “tres strikes”. Perpetua con la posibilidad de condicional a revisar tras 25 años de cumplimiento de condena.
Además, deberá pagar 2.400 dólares en daños a la tienda. A fecha de 2013 Wilkerson seguía trabajando para pagar la multa. Para costearlo trabaja en la cafetería de la cárcel. Trabaja entre 4 y 6 horas diarias y le pagan 21 dólares al mes. De esos, además, 11 se los queda el Estado. Sus casos no son en absoluto aislados.
Años después los procedimientos judiciales de “tres strikes” han sido vistos como injustos, excesivamente condenatorios y punitivos en lugar de coercitivos. Las cárceles estadounidenses son unas de las más saturadas del mundo, y debido al endurecimiento de las leyes y el aumento de las condenas, ha llevado al punto actual por el que mueren presos sólo por la sobresaturación de los presidios (uno a la semana en el Estado de California, según este informe gubernamental de 2009).
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