17 ene. 2017

La Audiencia envía a prisión a los exdirectivos de Novacaixagalicia condenados por sus indemnizaciones

Los exdirectivos de Novacaixagalicia, a la cárcel por sus indemnizaciones millonarias. Cuando todo parecía indicar que los antiguos responsables de la entidad resultante de fusionar Caixa Galicia y Caixanova se librarían de cumplir la sentencia de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional y criticada por el Tribunal Supremo,  que la consideró "exigua" al ratificarla, la propia Audiencia ha rechazado la suspensión de la condena y ha dictado una orden de detención e ingreso en prisión, según confirman fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es.
Pese a haber sido condenados a dos años -pena que suele suspenderse en ausencia de antecedentes penales- en este caso la Audiencia Nacional considera que la gravedad de la actuación de los exdirectivos en medio de un proceso que acabó con la desaparición de las cajas y el rescate de lo que quedaba de ellas por más de 9.000 millones de dinero público empuja a que la condena se cumpla de manera efectiva.
En la ratificación de la condena, hace cuatro meses, el Tribunal Supremo  aclaraba que los directivos llevaron a cabo "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro privado" y no "meros excesos o abusos" en el marco de sus competencias. E insiste en que sus actos "no pueden interpretarse como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado o fruto de decicións equivocadas en la administración", sino que hicieron sus las cantidades millonarias "a través de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en la administración".
La nómina de condenados la encabeza quién había sido amo y señor de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, que no se asignó indemnización alguna pero a quien el tribunal considera responsable de lo sucedido. Junto a él, José Luis Pego, antiguo director general de la caja fusionada, la cual abandonó con una compensación de 7 millones de euros; Gregorio Gorriarán, que había sido responsable de la división inmobiliaria de la entidad y se llevó una indemnización de casi 5 millones; y a Óscar Rodríguez Estrada, responsable de la "integración" de las cajas indemnizado con 700.000 euros.
El abogado Ricardo Pradas, asesor de confianza de Gayoso completa una nómina de condenados y ahora detenidos que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, cometieron un delito de administración desleal "en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal". Además de la pena de dos años de prisión y la devolución del dinero (que el Supremo rebajó), los exdirectivos tuvieron pagar una multa de 250 euros al día durante diez meses y quedaron inhabilitados durante el tiempo de la condena para "el empleo que desempeñaban cuando realizaron los hechos".
La Audiencia Nacional juzgó y sentenció sobre las indemnizaciones (18,9 millones en total) que estos ejecutivos se adjudicaron a sí mismos en 2010 desde los despachos más altos de aquella entidad, Novacaixagalicia, sociedad efímera que nació de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova antes de ser vendida por el FROB. Su detención es un nuevo episodio oscuro de la era del capitalismo feudal de las cajas en Galicia.
Feijóo celebra la fusión de Caixanova y Caixa Galicia con sus directivos, en 2010
Feijóo celebra la fusión de Caixanova y Caixa Galicia con sus directivos, en 2010. Gayoso (segundo por la izquierda) y Pego (primero por la derecha) son dos de los detenidos

García de Paredes y Méndez, libres

Con todo, a salvo de sentencias judiciales quedan otros privilegios como los planes de pensiones también millonarios establecidos en las antiguas cajas de ahorros. El propio Pego acumula un fondo de 10,8 millones. A Javier García de Paredes, director adjunto de Novacaixagalicia y absuelto en el caso de las indemnizaciones le corresponden 5,1 millones. Gregorio Gorriarán tiene 9,2 millones y Óscar Rodríguez, 8,1.
José Luis Méndez, exdirector general de Caixa Galicia, se libró del pleito de las indemnizaciones tras pactar su salida a tiempo, en 2010, cuando el Banco de España, tras ver los números de la entidad y su exposición al ladrillo, consideró el banquero incompatible con cualquier plan de futuro. Cobró por marcharse 18 millones de euros, exactamente la cantidad que exigió para alejarse del proceso de fusión.
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