Antes muerta que sencilla. Corría el año 2006 cuando la por entonces flamante Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (aka Malendi), estampaba su firma en un contrato a favor de Abertis, la concesionaria de autopistas, que incluya una cláusula de compensación a favor de la empresa que nos acabará costando 2.200 mil millones de euros.
El convenio firmado por Álvarez con Abertis, elevado a Real Decreto al Consejo de Ministros y aprobado por el gobierno el 7 de abril de 2006 cubría a la concesionaria ante una caída en el tráfico de la autopista AP-7 en el tramo entre Tarragona y La Junquera, a partir de allí Francia y el cielo. Después gloria y 2.000 millones de coste a cuenta del bolsillo de todos los españoles.
El esquema ya es conocido y parece que estaba muy de moda en esos tiempos, veáse Castor o radiales de Madrid. Si todo va bien el beneficio es para la empresa si algo se tuerce va a cuenta del Estado.
La cláusula determinaba que el tráfico en el tramo entre Tarragona y La Junquera aumentaría todos los años ininterrumpidamente cerca del 2% hasta el fin de la concesión en 2021 y se comprometió a compensar a Abertis si esto no sucedía. La estimación no se cumplió y de momento el Estado debe pagar a Abertis un total de 1.494 millones, cifra que se puede llegar a elevar hasta los 2.200 mil millones hasta el 2021 (el Estado también asume los 700 millones que costó construir un carril adicional), fecha en la que termina la concesión de una infraestructura, una infraestructura que por cierto ya tiene más de 40 años, que ya debería estar más que completamente amortizada, rentabilizada y en manos del Estado pero que por extraños misterios de la vida su gestión sigue en manos de una compañía privada y cobrando peaje a todo coche, motocicleta o camión que pase por ella.
Uno incluso se empieza a preguntar si que el Corredor ferroviario Mediterráneo, una infraestructura indispensable y clave para el país, sigua siendo un fantasma tiene algo que ver con esta autopista.
El agravante para Magdalena Álvarez, es que estampó su firma en el contrato a pesar de que el propio Consejo de Estado ya avisó, en su dictamen de 30 de marzo de 2006, sobre la desaparición del riesgo y ventura para la concesionaria y el desequilibrio entre concedente y concesionaria, avisando en su punto nueve que dicha previsión comporta, de facto, la exclusión del riesgo y ventura que prevé, como principio rector, para las concesiones de autopistas la ley 8/1972, de 10 de mayo».
Cómo recompensa a una gestión brillante que nos ha costado 1.400 millones Magdalena Álvarez fue nombrada vicepresidenta del BEI (sueldo de 23 mil euros mensuales libres de impuestos) y aunque tuvo que dimitir en junio de 2014 seguirá cobrando durante tres años 11 mil euros al mes como indemnización.
Antes muerta que sencilla. ¡Qué gloriosos años aquellos del boom dorado del ladrillo!
de JR Mora
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