Te encanta ‘House of Cards’ y por eso te suscribiste a Netflix. En Semana Santa te vas a San Sebastián y encontraste en Airbnb un apartamento precioso con vistas a La Concha. Te sale mucho más barato que un hotel. Tu escritor estadounidense favorito acaba de publicar su última novela negra y no has podido esperar a comprarlo por Amazon porque hasta el verano no llega a España. La era de internet nos proporciona estos placeres y ventajas de forma rápida y eficaz. Se trata de la economía digital, un mundo que tiene su lado oscuro. Especialmente para las arcas del Estado.
Cuando aceptas las condiciones generales y las de pago por los servicios de esas multinacionales, recibes una factura. Mírala atentamente y verás que tu pasión por las series se paga a Netflix International B.V., una compañía con sede fiscal en Ámsterdam. El dinero de tu escapada romántica a Donosti va a parar a Airbnb Ireland UC, con dirección en Dublín. Y te darás cuenta de que la mayoría de los euros que pagas por los libros que compras online acaban en Amazon Media EU S.à.r.l., una sociedad radicada en Luxemburgo.
El Confidencial ha indagado sobre la actividad económica nacional y global de 12 multinacionales que facturan sus servicios por internet: Airbnb, Amazon, Blablacar, eBay, Just Eat, LinkedIn, Netflix, Spotify, Tinder, TripAdvisor, Uber y Zalando. La investigación muestra tres hechos significativos. El primero expone que su facturación a clientes de España se transfiere a países extranjeros donde la mayoría de estas corporaciones tiene una actividad escasa o minoritaria, como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda. Allí disfrutan de una menor presión fiscal. En segundo lugar, el trabajo constata que estas doce multinacionales no publican los resultados contables de sus operaciones de venta en España. Por último, se evidencia que sus filiales en territorio nacional se dedican en la mayoría de los casos a actividades de publicidad, marketing y comunicación para captar clientes. De ese modo, las multinacionales solo están obligadas a tributar en España por estos servicios secundarios y no por sus ventas directas.
Negocios digitales, leyes analógicas
Las grandes multinacionales prestan sus servicios en un mundo que todavía se rige por legislaciones fiscales del siglo pasado. Están en vigor leyes analógicas para una economía digitalizada que resultan ineficaces para controlar la tributación de esa corporaciones. España y otros muchos países desarrollados no están preparados para evitar que los beneficios de esas empresas sean trasladados, mediante ingenierías contables complejas, a empresas de otros países donde encuentran un hábitat fiscal más favorable.
“La razón principal por la que las empresas dedicadas a la economía digital no pagan prácticamente impuestos, salvo el IVA, en los países donde están sus clientes es porque la normativa de fiscalidad consensuada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está obsoleta”. Así habla Ignacio Gordillo, director del Departamento de Fiscalidad Internacional de Montero Aramburu Abogados. Aunque conviene señalar que el IVA lo pagan los clientes. Añade este experto que esto sigue pasando a pesar de que “esas multinacionales llevan ya 20 años, desde que surgió internet, vendiendo ingentes cantidades de bienes, facturando muchísimo y obteniendo grandes beneficios”.
Cuentas opacas y países con ventajas fiscales
Ninguna de las doce empresas estudiadas publican los ingresos obtenidos a través de las transacciones electrónicas realizadas desde España. El número de clientes que tienen en el país es también un secreto. Así lo ha podido verificar El Confidencial tras consultar directamente a esas multinacionales. Solo Blablacar manifestó que a finales de 2016 había registrados 3,5 millones de usuarios. En esa fecha, Uber ya tenía 40 millones de suscriptores activos en el mundo y Tinder Plus, 1,7 millones. Las cifras de Netflix abruman: 93 millones de clientes en más de 190 países.
En los casos de Uber Technologies Inc. y Airbnb Inc. de Estados Unidos, o Blablacar (Comuto SAS) de Francia, no solo no difunden la facturación en España, sino que tampoco dan a conocer sus cuentas globales. El departamento de comunicación de Uber en España señaló que “al no cotizar en el mercado de valores no están obligados a publicar sus resultados contables”. Respecto a la empresa francesa, sus representantes dijeron: “Por política de la compañía, los resultados financieros de Blablacar no se hacen nunca públicos”.
Que una gran parte de esas multinacionales opere desde países con ventajas fiscales y no desde el territorio donde consumen sus clientes tiene que ver con la elusión de impuestos -“la línea que separa la elusión de la evasión fiscal es muy fina”, afirma Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)- o con la reducción de la base imponible sobre la que se aplican impuestos. Así, Airbnb factura desde Irlanda; Uber y Netflix desde Países Bajos; eBay desde Suiza, o Amazon desde Luxemburgo. Aunque la matriz de todas esas empresas está en Estados Unidos.
De este modo se recurre a trucos fiscales para reducir el pago de impuestos sobre las ganancias. Por ejemplo, una empresa registrada en Luxemburgo no pagará impuestos por los dividendos, ya que prestará dinero a su filial española y esta le devolverá parte o toda su facturación en intereses en concepto de transacciones a empresas del grupo. Otra artimaña: la sociedad luxemburguesa será la propietaria de las patentes que también pagará anualmente a la filial en concepto de ‘royalties’.
La opacidad de las operaciones intragrupo
Miguel Alba, responsable de Fiscalidad y Sector Privado de Oxfam Intermón, asegura que “más de la mitad del comercio mundial no se produce entre empresas externas, sino entre empresas del mismo grupo y ahí está el meollo del traslado de beneficios” a jurisdicciones con ventajas fiscales. Los impuestos directos se aplican sobre las ganancias de la empresa.
En ese sentido, una gran parte de las filiales españolas declaran como transacciones a empresas del grupo unas cifras muy similares a su facturación. En 2015, por ejemplo, LinkedIn Spain SL facturó más de 3,2 millones de euros, idéntica cantidad a la que transfirió a otras sociedades de su grupo.
Otro de los motivos para facturar desde ciertas jurisdicciones es la tasa que se cobra por el impuesto de sociedades que, a diferencia del IVA, no está armonizado en los países de la Unión Europea. Así, en Irlanda y Chipre el tipo del impuesto de sociedades es del 12,5%, mientras que en España es del 25%.
El presidente del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) no ve factible que ese impuesto deje de ser asimétrico: “La Unión Europeadefiende la soberanía de cada estado y tenemos además la competencia entre países”.
Legislación obsoleta
La economía digital pone de relieve que la fiscalidad internacional está regida por una legislación del siglo pasado para tratar problemas del siglo XXI.
Desde 2015, la OCDE impulsa junto al G-20 el proyecto Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) con el que pretende que las corporaciones tributen sobre sus beneficios en el mismo país donde venden. Para ello, está fomentando un acuerdo para el intercambio de información bilateral entre sus países miembros. Entre los 57 signatarioshasta la fecha no está Estados Unidos. Ni se le espera.
Carlos Cruzado explica que “las administraciones siempre van por detrásporque estas empresas cuentan con los mejores asesores fiscales, y siempre van descubriendo agujeros en el sistema que a los gobiernos les cuesta tapar rápidamente”.
Por su parte, el especialista Ignacio Gordillo defiende que “el desafío de la OCDE, sobre el que no se ponen de acuerdo, es cómo hacer que una empresa que no requiere ninguna presencia en un determinado país, pero está ganando allí millones de euros, deje algo de tributación en ese país”.
En España, según los expertos, la clave podría estar en ampliar el concepto de establecimiento permanente de las empresas para evitar que las digitales se puedan acoger al artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de No Residentes y así no tributar donde realmente venden. Por el momento, es una batalla desigual que ganan las multinacionales. “Hacienda tiende a ver establecimientos permanentes en todos sitios y las filiales al revés”, dice Gordillo.
Presencia testimonial en España
Once de las doce multinacionales analizadas mantienen en España actividades secundarias relacionadas principalmente con el marketing, la publicidad y la comunicación para mejorar las ventas. Las sociedades registradas aquí dependen de las empresas ubicadas en Países Bajos, Suiza o Irlanda. Desde estos países es desde donde realmente facturan por sus principales servicios en España.
Solo Amazon, por la naturaleza de su negocio de distribución de bienes físicos, tiene tres sociedades relacionadas con el almacenaje, la consultoría empresarial y la programación informática.
Especial es el caso de Spotify Spain SL. En 2015, facturó 44,5 millones de euros y sus beneficios fueron de solo 6.452 euros. No pagó impuestos en España por esas ganancias. Pero en el concepto de “gastos por servicios exteriores” transfirió más de 43 millones de euros a su accionista único Spotify Limited, registrado en Reino Unido. La casi totalidad del importe publicado bajo otros servicios se corresponde con los costes por servicios prestados y ‘royalties’, según el informe presentado en el Registro Mercantil.
Nos gustan estas empresas porque nos facilitan servicios atractivos y rápidos a golpe de clic. Seguiremos haciendo nuestras ‘playlists’ para escucharlas mientras corremos, compartiremos coche para ahorrar costes cuando viajemos lejos y continuaremos buscando aventuras a través del móvil. Pero la economía digital aún no paga a la Hacienda española como lo hacen el resto de empresas o los propios trabajadores autónomos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario