24 sept. 2018

El director de la Comisión de la Propiedad Intelectual dimite porque asegura que el Ministerio de Cultura ha cedido a la presión de las multinacionales

El contencioso abierto entre las entidades de gestión de derechos y los usuarios en relación a la fijación tarifas por el uso del repertorio ha dinamitado el órgano encargado de dicho arbitraje: la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI).

Su hasta ahora presidente, Julio Costas, presentó el pasado viernes su dimisión, apenas 24 horas después de que se aprobara la resolución del expediente que enfrenta a AGEDI-AIE y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que agrupa a la práctica totalidad de las cadenas, entre ellas la SER, Cope, Onda Cero y Kiss FM.

Esta resolución (que de momento no ha sido comunicada a las partes) se pronunciaba sobre algunas de las reclamaciones efectuadas por las radios: pagar a las entidades de gestión por el uso efectivo del repertorio.

La AERC siempre ha defendido que las tarifas aplicadas a la radio musical no podían ser las mismas que las de la radio hablada, donde la música está lejos de ser parte central de la emisión. De hecho, las radios insisten en que 2015 la CNMC declaró acreditada conducta prohibida de posición de dominio por parte de AGEDI-AIE en “la fijación de tarifas inequitativas y en su aplicación de forma discriminatoria e injustificada a las radios”.

Por su parte las entidades de gestión abogaban, sin embargo, por una suerte de tarifa plana referida exclusivamente a los ingresos de las emisoras. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, AGEDI-AIE solicitaron el 17 de marzo de 2017 la intervención de la Comisión de Propiedad Intelectual para que determinara las tarifas aplicables a las radios.

Presiones de las entidades de gestión
Costas asegura que en la noche del jueves al viernes, horas después de aprobarse la resolución del expediente, las entidades de gestión AGEDI-AI registraron en el Ministerio de Cultura una solicitud de recusación en su contra y que el viernes por la mañana, se recibió en Cultura un segundo escrito en que se solicitaba un desistimiento del procedimiento de fijación de tarifas.

Según Costas, las entidades de gestión pretenden con su movimiento que la resolución adoptada no se notifique a las partes porque así, si se acepta su reclamación, el expediente actual decaería y no se aplicaría la decisión adoptada.

Una destitución de cultura forzada por las multinacionales
El hasta ahora presidente de la SPCPI cita otros ejemplos de las presiones de AGEDI-AIE ante Cultura; de hecho a esa circunstancia atribuye la destitución, la semana pasada, del secretario de la Comisión de Propiedad Intelectual, Raúl Rodríguez.

“Fue relevado sin que nadie me lo comunicase previamente y en contra de mi criterio”, asegura Costas, que añade que transmitió a Cultura que “sin el secretario, la sección se paralizaba y el expediente también”. Para Costas el objetivo de esta destitución era alterar la composición de la comisión que tenía que resolver el contencioso.

Diversas fuentes ministeriales consultadas por la SER indican que la destitución del secretario de la Comisión fue decretada por Adriana Moscoso, Directora General de Industrias Culturales y del Libro, quien ha estado vinculada al sector de las entidades de gestión, ya que trabajó en SGAE y en la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) antes de asumir su responsabilidad ministerial.

Enmiendas a la Ley a la medida de las multinacionales
Otro de los motivos que Costas aduce para explicar su dimisión es el de las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pactadas por los cuatro principales grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). Una de ellas determina el incremento del número de vocales de la Comisión de Propiedad Intelectual con un nuevo vocal nombrado por Cultura. "En algunas de las enmiendas veo mi nombre y apellidos", dice Costas, convencido de que las enmiendas están "claramente dirigidas a torpedear la composición de la comisión y a sacarnos de en medio”.

Según han denunciado de forma conjunta la AERC y UTECA, asociaciones que representan a la radio y televisión comerciales, estas enmiendas no sólo están destinadas a hacer de la Comisión un órgano favorable a los intereses delas multinacionales discográficas y editoriales musicales, sino que refuerzan la posición de dominio de la entidades de gestión y satisfacen todas sus aspiraciones ya que les permite fijar libremente las tarifas, obliga a que el usuario tenga que abonar el 70% de la tarifa si pretende recurrirla y pretende acabar con la Orden que fija la determinación de tarifas y la neutralidad tecnológica en el uso de los derechos.
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