La Consejería de Educación vuelve a contratar para las obras de un colegio a una constructora que ya ha incumplido lo comprometido por la administración, a través de concurso, en otros centros públicos. Se trata de Uncisa Construcciones e Infraestructuras, una empresa que tiene abiertos tres expedientes por un instituto en Paracuellos del Jarama, otro en el Ensanche de Vallecas y un colegio en Getafe por retrasos en 2017 y que, sin embargo, es de nuevo adjudicataria de unas obras en 2018 en el CEIP Miguel de Cervantes, también en la citada localidad del sur de la Comunidad. Este centro ha empezado el curso con la infraestructura a medias.
Los expedientes de contratación revelan que esta constructora está dentro de los circuitos habituales de los concursos públicos. Desde 2015 ha recibido más de 11 millones de euros de las arcas públicas regionales por obras abandonadas o entregadas fuera de plazo. Se presenta con ofertas económicas bajas y gana las adjudicaciones por sus presupuestos ventajosos, que en ocasiones suponen rebajas de hasta el 30% sobre el inicial.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ya tuvo problemas el año pasado con algunas empresas similares, como JOCA S.A, que dejó tirados a cientos de alumnos, obligados a ser trasladados provisionalmente a centros concertados. Por esos espacios, además, la administración tuvo que pagar un alquiler a los propietarios y gestores de los centros privados arrendadores.
El Ejecutivo regional multó con 80.000 euros a nueve constructoras y retocó los pliegos para rebajar que la parte económica fuera un criterio único. Ahora la oferta más ventajosa pesa un 60% del total, un cambio que no ha impedido nuevos retrasos. Se suman 15 puntos más si las empresas acortan los plazos de ejecución previstos y los otros 25 tienen que ver con el personal o las medidas de seguridad y salud.
Las familias afectadas piden el fin del modelo de construcción por fases porque "encarece los costes, obliga a convivir con obras y priva a los niños y niñas de los espacios que les corresponden por ley", apunta la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid. Con el inicio de curso han regresado sus quejas: sigue habiendo centros a medio terminar que han tenido que adaptar espacios de urgencia porque no había clases suficientes para todos los alumnos y alumnas.
En el CEIP El Bercial, en Getafe, el comedor se ha reconvertido en tres aulas; y en el Miguel de Cervantes, también en la misma localidad, las salas de profesores son clases. En Valdemoro, los chicos y chicas del IES Neil Armstrong, marcado por la trama Púnica, continúan en barracones desde 2016.
Todos estos centros tienen una cosa en común: Uncisa estaba encargada de construirlos o ampliarlos y se hicieron por fases. Hay además otros, como el IES Simone de Veil, en Paracuellos del Jarama, que tiene levantado el edificio pero no todo es útil. La planta de arriba está cerrada, según las familias, y el centro está rodeado de vallas y restos de obra. La empresa responsable tiene un expediente abierto por los retrasos. Este paisaje de cascotes y maquinaria es el que ven cada día al menos 800 niños y niñas, según datos del consejero de Educación. Aunque sindicatos como CCOO elevan a miles esa cifra.
"No se puede vetar a ninguna empresa"
Fuentes de la Consejería de Educación justifican que "la ley de contratación obliga a tener en cuenta a todas las empresas, sin poder vetar a ninguna, siempre y cuando cumplan con las condiciones de la convocatoria". Uncisa Construcciones e Infraestructuras S.A. se llamaba hasta agosto de 2017 Unika Proyectos y Obras SAU. El boletín oficial del registro mercantil refleja este cambio de nombre pero no de CIF. La nueva denominación coincide en el tiempo con el señalamiento de la empresa, con domicilio fiscal en A Coruña, en la Operación Pokémon.
Las investigaciones por supuesto tráfico de influencias por la relación entre la empresa y el que fue jefe de gabinete del alcalde de Santiago, Ángel Espadas, abiertas por la jueza Pilar de Lara terminaron sobreseyéndose en junio de este año. La magistrada tenía en el punto de mira numerosos contratos de Unika con diversas administraciones públicas, tanto de Galicia como de otras comunidades españolas, en los que buscaron indicios de la mediación de Ángel Espada –imputado por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada– en favor de esta empresa.
"Un día nos encontramos que el nombre de la constructora que aparecía en el cartel de obras del cole había cambiado", explica Javier Torés, padre de dos niños matriculados en el IES Simone Veil y miembro de la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid. Torés asegura que la jefa de obra les transmitió hace dos semanas que la empresa constructora, Uncisa, estaba "en quiebra".
Este extremo no lo confirma la Consejería de Educación, que tampoco ofrece información sobre el estado de los expedientes abiertos a Uncisa. "Aún hay adjudicaciones que están dentro de plazo", apuntan fuentes del departamento que dirige Rafael Van Grieken. eldiario.es se ha puesto en contacto con Uncisa, que ha preferido no hacer declaraciones.
La Plataforma ha analizado las adjudicaciones para construcción de centros escolares en los últimos diez años y concluye que de cerca de 280 millones de euros presupuestados inicialmente se han quedado sin gastar noventa.
Los expedientes de contratación revelan que esta constructora está dentro de los circuitos habituales de los concursos públicos. Desde 2015 ha recibido más de 11 millones de euros de las arcas públicas regionales por obras abandonadas o entregadas fuera de plazo. Se presenta con ofertas económicas bajas y gana las adjudicaciones por sus presupuestos ventajosos, que en ocasiones suponen rebajas de hasta el 30% sobre el inicial.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ya tuvo problemas el año pasado con algunas empresas similares, como JOCA S.A, que dejó tirados a cientos de alumnos, obligados a ser trasladados provisionalmente a centros concertados. Por esos espacios, además, la administración tuvo que pagar un alquiler a los propietarios y gestores de los centros privados arrendadores.
El Ejecutivo regional multó con 80.000 euros a nueve constructoras y retocó los pliegos para rebajar que la parte económica fuera un criterio único. Ahora la oferta más ventajosa pesa un 60% del total, un cambio que no ha impedido nuevos retrasos. Se suman 15 puntos más si las empresas acortan los plazos de ejecución previstos y los otros 25 tienen que ver con el personal o las medidas de seguridad y salud.
Las familias afectadas piden el fin del modelo de construcción por fases porque "encarece los costes, obliga a convivir con obras y priva a los niños y niñas de los espacios que les corresponden por ley", apunta la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid. Con el inicio de curso han regresado sus quejas: sigue habiendo centros a medio terminar que han tenido que adaptar espacios de urgencia porque no había clases suficientes para todos los alumnos y alumnas.
En el CEIP El Bercial, en Getafe, el comedor se ha reconvertido en tres aulas; y en el Miguel de Cervantes, también en la misma localidad, las salas de profesores son clases. En Valdemoro, los chicos y chicas del IES Neil Armstrong, marcado por la trama Púnica, continúan en barracones desde 2016.
Todos estos centros tienen una cosa en común: Uncisa estaba encargada de construirlos o ampliarlos y se hicieron por fases. Hay además otros, como el IES Simone de Veil, en Paracuellos del Jarama, que tiene levantado el edificio pero no todo es útil. La planta de arriba está cerrada, según las familias, y el centro está rodeado de vallas y restos de obra. La empresa responsable tiene un expediente abierto por los retrasos. Este paisaje de cascotes y maquinaria es el que ven cada día al menos 800 niños y niñas, según datos del consejero de Educación. Aunque sindicatos como CCOO elevan a miles esa cifra.
"No se puede vetar a ninguna empresa"
Fuentes de la Consejería de Educación justifican que "la ley de contratación obliga a tener en cuenta a todas las empresas, sin poder vetar a ninguna, siempre y cuando cumplan con las condiciones de la convocatoria". Uncisa Construcciones e Infraestructuras S.A. se llamaba hasta agosto de 2017 Unika Proyectos y Obras SAU. El boletín oficial del registro mercantil refleja este cambio de nombre pero no de CIF. La nueva denominación coincide en el tiempo con el señalamiento de la empresa, con domicilio fiscal en A Coruña, en la Operación Pokémon.
Las investigaciones por supuesto tráfico de influencias por la relación entre la empresa y el que fue jefe de gabinete del alcalde de Santiago, Ángel Espadas, abiertas por la jueza Pilar de Lara terminaron sobreseyéndose en junio de este año. La magistrada tenía en el punto de mira numerosos contratos de Unika con diversas administraciones públicas, tanto de Galicia como de otras comunidades españolas, en los que buscaron indicios de la mediación de Ángel Espada –imputado por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada– en favor de esta empresa.
"Un día nos encontramos que el nombre de la constructora que aparecía en el cartel de obras del cole había cambiado", explica Javier Torés, padre de dos niños matriculados en el IES Simone Veil y miembro de la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid. Torés asegura que la jefa de obra les transmitió hace dos semanas que la empresa constructora, Uncisa, estaba "en quiebra".
Este extremo no lo confirma la Consejería de Educación, que tampoco ofrece información sobre el estado de los expedientes abiertos a Uncisa. "Aún hay adjudicaciones que están dentro de plazo", apuntan fuentes del departamento que dirige Rafael Van Grieken. eldiario.es se ha puesto en contacto con Uncisa, que ha preferido no hacer declaraciones.
La Plataforma ha analizado las adjudicaciones para construcción de centros escolares en los últimos diez años y concluye que de cerca de 280 millones de euros presupuestados inicialmente se han quedado sin gastar noventa.
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