La inteligencia y la tecnología son herramientas fundamentales para la investigación policial. Cada vez más, porque hace mucho tiempo que quedaron atrás, y casi en desuso, los métodos más tradicionales de investigar delitos, sobre todo porque los propios delincuentes ya no actúan de manera tradicional. Con esta visión presente, en el año 2010 la Policía Nacional decidió modernizar sus sistemas informáticos y licitó un concurso público para la creación del programa que iba a ser el no va más.
Lo llamaron Sistema de Inteligencia Policial, SIP, pero el problema principal es que no se ha usado jamás, porque determinados fallos técnicos hicieron que no sirva para nada. Este software estaba destinado a sustituir al que utilizaba la Policía Judicial.
Según ha podido saber este periódico tras una petición al Portal de Transparencia realizada hace tres meses, el software se licitó en el año 2010 y se adjudicó el contrato a la empresa de tecnología Indra, que desarrolla muchos de los programas que utilizan el Ministerio del Interior y otros organismos relacionados con la seguridad.
El SIP costó 806.008,26 euros más IVA, según la respuesta recibida por este periódico y firmada por el actual director general de Policía, Francisco Pardo.
Es decir, costó aproximadamente un millón de euros de dinero público, impuestos incluidos. Sin embargo, cuando se recepcionó el programa, se detectaron fallos que hacían inviable su uso, según explicaron fuentes internas de la Policía Nacional a este periódico.
En la petición a Transparencia también se preguntaba si el software había llegado a utilizarse y, en caso negativo, por qué no había sido así. Sin embargo, esa parte de la pregunta no ha sido contestada, porque «el acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de junio de 2014 otorga la clasificación de secreto a la estructura, organización y medios y técnicas operativas utilizadas contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», según dice la respuesta, que está fechada el pasado 15 de febrero.
DE FERNÁNDEZ CHICO A EUGENIO PINO
Este software de inteligencia policial se encargó bajo el mandato de Miguel Ángel Fernández Chico como director adjunto operativo (DAO) de la Policía, que ya falleció, y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, como ministro del Interior. La entrega del producto por parte de Indra ya se hizo bajo el Gobierno del PP, con Jorge Fernández Díaz como ministro y el comisario Eugenio Pino como DAO.
La idea original era que el programa se utilizara sobre todo por parte de la Comisaría General de Policía Judicial, que es la encargada de investigar delitos contra el patrimonio y contra las personas a nivel nacional. Había posibilidades de que también fuera utilizado por la Comisaría General de Información, que investiga el terrorismo, porque las características, sin entrar en detalles, eran muy amplias, con capacidad para relacionar información, interactuar con diferentes bases de datos, rastreo de redes e incluso se habló de capacidades de reconocimiento facial y fisonómico. Hay que pensar que hace casi 10 años esto era tecnología puntera que sonaba a futurista, mientras que ahora esto último está ya implantado y, sin ir más lejos, el reconocimiento facial se va a instalar en las nuevas fronteras de Ceuta y Melilla.
El problema fue que el SIP nunca llegó siquiera a estrenarse, y no pasó de algunas pruebas en las que se detectaron los problemas que lo hacían inoperativo. Pero en lugar de subsanarse los errores, el proyecto se abandonó con el dinero ya gastado. El paso del tiempo ha hecho, según las mismas fuentes, que tampoco merezca la pena intentar reconducir el proyecto.
La propia existencia de este programa, del que se encargó la Subdirección General de Logística, era desconocida para la inmensa mayoría de los agentes e incluso responsables policiales, hasta que ahora la respuesta de Transparencia confirma que el programa sí que se compró, aunque nunca se pusiera en funcionamiento.
Mientras tanto, los agentes de Policía Judicial han seguido investigando con los mismos medios, aunque los de Información sí que llegaron a desarrollar un programa propio muy sofisticado.
Lo llamaron Sistema de Inteligencia Policial, SIP, pero el problema principal es que no se ha usado jamás, porque determinados fallos técnicos hicieron que no sirva para nada. Este software estaba destinado a sustituir al que utilizaba la Policía Judicial.
Según ha podido saber este periódico tras una petición al Portal de Transparencia realizada hace tres meses, el software se licitó en el año 2010 y se adjudicó el contrato a la empresa de tecnología Indra, que desarrolla muchos de los programas que utilizan el Ministerio del Interior y otros organismos relacionados con la seguridad.
El SIP costó 806.008,26 euros más IVA, según la respuesta recibida por este periódico y firmada por el actual director general de Policía, Francisco Pardo.
Es decir, costó aproximadamente un millón de euros de dinero público, impuestos incluidos. Sin embargo, cuando se recepcionó el programa, se detectaron fallos que hacían inviable su uso, según explicaron fuentes internas de la Policía Nacional a este periódico.
En la petición a Transparencia también se preguntaba si el software había llegado a utilizarse y, en caso negativo, por qué no había sido así. Sin embargo, esa parte de la pregunta no ha sido contestada, porque «el acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de junio de 2014 otorga la clasificación de secreto a la estructura, organización y medios y técnicas operativas utilizadas contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», según dice la respuesta, que está fechada el pasado 15 de febrero.
DE FERNÁNDEZ CHICO A EUGENIO PINO
Este software de inteligencia policial se encargó bajo el mandato de Miguel Ángel Fernández Chico como director adjunto operativo (DAO) de la Policía, que ya falleció, y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, como ministro del Interior. La entrega del producto por parte de Indra ya se hizo bajo el Gobierno del PP, con Jorge Fernández Díaz como ministro y el comisario Eugenio Pino como DAO.
La idea original era que el programa se utilizara sobre todo por parte de la Comisaría General de Policía Judicial, que es la encargada de investigar delitos contra el patrimonio y contra las personas a nivel nacional. Había posibilidades de que también fuera utilizado por la Comisaría General de Información, que investiga el terrorismo, porque las características, sin entrar en detalles, eran muy amplias, con capacidad para relacionar información, interactuar con diferentes bases de datos, rastreo de redes e incluso se habló de capacidades de reconocimiento facial y fisonómico. Hay que pensar que hace casi 10 años esto era tecnología puntera que sonaba a futurista, mientras que ahora esto último está ya implantado y, sin ir más lejos, el reconocimiento facial se va a instalar en las nuevas fronteras de Ceuta y Melilla.
El problema fue que el SIP nunca llegó siquiera a estrenarse, y no pasó de algunas pruebas en las que se detectaron los problemas que lo hacían inoperativo. Pero en lugar de subsanarse los errores, el proyecto se abandonó con el dinero ya gastado. El paso del tiempo ha hecho, según las mismas fuentes, que tampoco merezca la pena intentar reconducir el proyecto.
La propia existencia de este programa, del que se encargó la Subdirección General de Logística, era desconocida para la inmensa mayoría de los agentes e incluso responsables policiales, hasta que ahora la respuesta de Transparencia confirma que el programa sí que se compró, aunque nunca se pusiera en funcionamiento.
Mientras tanto, los agentes de Policía Judicial han seguido investigando con los mismos medios, aunque los de Información sí que llegaron a desarrollar un programa propio muy sofisticado.
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