En un referéndum histórico por su contenido, pero también por su forma -los 26 cantones sin excepción han votado a favor- los helvéticos han decidido que sean los accionistas y no los propios directivos los que decidan sobre sus remuneraciones.
La campaña alarmista de la patronal Economiesuisse y de los partidos de derechas de que una vez aprobada la reforma cientos de empresas se marcharían al extranjero y se perderían miles de empleos no ha surtido efecto, y la mayoría votó a favor de la conocida como iniciativa Minder -en referencia a Thomas Minder, el senador que la propuso- o "iniciativa contra los salarios abusivos".
Sólo 762.000 votantes dijeron "no", mientras que más de 1,7 millones de ciudadanos apoyaron la medida.
En resumen, la iniciativa pretende poner límite a los salarios que cobran los directivos de las grandes compañías a través del control y el aval de los accionistas.
Apodado "el Robin de los bosques de los pequeños accionistas" o incluso "el nuevo "Guillermo Tell", Minder no dudó en hablar en todas los foros que le permitieron intervenir, desde juntas de accionistas a asambleas de partidos, y a pesar de los augurios y de los millones de francos gastados por sus oponentes, se ha ganado el corazón y la voluntad de los helvéticos.
Además, en las últimas semanas, contó con el "apoyo" inesperado de la polémica surgida al conocerse públicamente que el presidente de la farmacéutica Novartis, Daniel Vasella, iba a recibir una indemnización de 58,4 millones de euros tras su salida de la empresa.
Este directivo renunció finalmente a la indemnización, pero el debate resurgió con fuerza y la propuesta ganó vigor.
Al comentar este domingo los resultados, la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, se mostró convencida de que la economía helvética "sobrevivirá" con las nuevas reglas.
"Su competitividad no depende sólo del derecho de los accionistas sino también de otros factores con los que cuenta Suiza, como un buen nivel de formación, calidad de vida, y estabilidad política", aseveró Sommaruga.
Una vez que la normativa entre en vigor -el Gobierno tiene un año para redactarla e implementarla- se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.
Según la nueva ley, la asamblea general de accionistas de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de Administración y a sus miembros y deberá pronunciarse anualmente sobre las remuneraciones del consejo de administración, de la dirección y del comité consultivo.
Asimismo, prohibirá que los miembros de los órganos directivos reciban una indemnización por su partida, conocidos como los "paracaídas dorados", así como primas por contratación.
Además, cuando los directivos abandonen la empresa no podrán obtener ninguna remuneración anticipada, ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo.
Los estatutos de la empresas deberán regular todo lo relacionado con los bonos y las participaciones, así como los créditos y los préstamos que se puedan entregar a la dirección.
Conscientes del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la iniciativa no olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen estas disposiciones: un máximo de tres años de privación de libertad y una multa equivalente a la remuneración de seis años.
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