[Me ha hecho tanta gracia, que no he podido abstenerme de hacer comentarios, entre corchetes [], como siempre, sobre la noticia publicada en El País. Periódico, por cierto, que aún hay gente que cree que es de izquierdas, jejeje... ilusos...]
La Comisión de Expertos [¿?] designada por el Gobierno catalán para elaborar un informe sobre la reforma de la Administración pública y su sector ya ha finalizado su trabajo [Curiosamente, horas antes de la huelga de educación...] y ha entregado el informe a la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega. El grupo que preside el catedrático Guillem López-Casasnovas [Que ha colaborado dirigiendo varias publicaciones para la Fundación CASER-CRES para la reforma del sistema de financiación autonómico de la sanidad española, que como sabéis, tiene detrás a una de las grandes mutuas españolas (privatiza-privatiza-privatiza!!!)... y que curiosamente, también, es del "Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum"... claro que en la noticia nos lo presentan como "catedrático"... no como "político", ni como "máximo colaborador (en todos los sentidos) de la fundación de una mútua, generosamente pagado por ello"...] aboga por una Administración más “eficaz, eficiente, transparente y que rinda más cuentas” [Y sin luegar a duda, funcionarios que han accedido mediante unas oposiciones limpias no lo garantizan... en cambio el enchufismo "a dedo", si... como ya pasa con los sitios de confianza de los "políticos"], que considere al ciudadano su cliente y que esté mucho más profesionalizada [¿Que tendrá que ver el tocino con la velocidad?] que ahora. Entre otras propuestas, el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS reclama que solo haya funcionarios en puestos que requieren del ejercicio de la autoridad, como la policía, los inspectores o quienes otorgan licencias [No sea que no haya quien les defienda el culo ante una posible sublevación de dichos colectivos...]. El resto, que se encargue a personal laboral, esto es, contratos indefinidos pero no de por vida como los de los funcionarios [Eso, eso... que los funcionarios son los enemigos y los culpables de todo... en cambio... los políticos molan... como les gusta que nos peleemos entre nosotros, el 99%]. Hoy la Generalitat tiene 160.000 empleados, de los cuales 122.000 son funcionarios; 26.000, interinos, y 12.000, laborales [Se les olvida comentar que respecto al resto de paises europeos, tenemos MUY pocos funcionarios... eso si, de empresas privadas explotando servicios públicos, con condiciones laborales de mierda, pero con beneficios astronómicos, tenemos una cuantas...].
El informe, con una extensión de 36 páginas, indica que “cabría limitar los puestos de trabajo reservados a personas que tengan la condición de funcionario a aquellas funciones directamente conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa”. Una idea que surge de la apuesta por “internalizar la inteligencia, externalizar el trámite” [Tocino y velocidad. Segunda parte] en el capítulo de propuestas en materia de recursos humanos. “Los puestos de trabajo de plantilla se deben reservar, en general, a tareas cualificadas de valor añadido y a aquellas funciones necesarias para contratar, supervisar y gestionar servicios públicos a través del mercado [Y dale con el mercado... ¿Sanidad y mercado? ¿Educación y mercado? No gracias...]. Los trabajos de puro trámite o apoyo logístico y las de estricta ejecución deben tender a externalizarse”, sostiene el documento.
El texto pide una reforma liderada “políticamente al más alto nivel” [Es decir, que se pongan todos los políticos de acuerdo, como cuando se modificó la Constitución, según dictó el capital].
El trabajo que también firman Francisco Longo, Carles Ramió, Joan-Ramon Rovira y Josep Valor, apuesta por una gestión de los recursos humanos que varíe ya desde la selección, huyendo de la clásica “oposición memorística, ascensos por antigüedad o uniformidad salarial” [¿De que ascensos habla? ¿Las médicos tiene ascensos? ¿Las maestras tiene ascensos?... miénteme, miénteme...] e incorporar variables “que garanticen el mérito y la flexibilidad” [Si. Ya conocemos estas variables, que ya se están incorporando en algunos sitios de España, como lo de premiar con dinero a los médicos que menos recetas hagan...]. Los expertos hablan de “introducir mecanismos ágiles de movilidad funcional y geográfica”, de “instrumentos de selección basados en competencias” [Eufemismo para precariedad laboral], de no remunerar más solo por antigüedad, de evaluar el trabajo o de velar por generalizar las remuneraciones variables.
de PAT
Las propuestas también incluyen “códigos de conducta de los empleados públicos” y “códigos deontológicos de valores y ética pública” [Si, claro, que así se arregla todo. Como los códigos de conducta anti-corrupción de los políticos, que son super útiles... si es que nos tomas por simios...]. Además, abogan por “rediseñar la administración nuclear de la Generalitat”, reduciendo el número de departamentos y compactando en “una única área funcional las responsabilidades presupuestarias y de recursos humanos”, además de crear “un espacio de alta dirección pública” [Eso, eso, más jefes donde poder enchufarse múltiples, variopintos y lerdos políticos con sueldos astronómicos... como en la TMB, por ejemplo].
Los expertos admiten que las propuestas suponen “cambios profundos en el statu quo, que previsiblemente generarán resistencias” [Hombre... si es que encima les tendríamos que aplaudir, ¿No?].
Todas estas sugerencias parten de un diagnóstico de la Administración del que los expertos cuestionan que esté suficientemente orientada “a los resultados, la transparencia y la evaluación” [Tocino y velocidad. Tercera parte], constatan “carencias significativas en las capacidades de gestión implícitas en un sistema que debe implementar políticas públicas de alta complejidad y proveer un conjunto de servicios públicos de gran trascendencia social, en un contexto de escasez de recursos” [Blablablabla...].
El documento reconoce que el informe “obliga a diseñar una estrategia de reforma institucional”, un plan que debe apoyarse en un grupo de trabajo de “alto nivel” liderado “políticamente al más alto nivel” [Alto, altísimo, ¿Eh? Igual de alto, que el grupo de ideólogos de las privatizaciones]. Los expertos admiten que las propuestas suponen “cambios profundos en el statu quo, que previsiblemente generarán resistencias”. Sobre los tiempos, el texto habla de calendarios más rápidos y otros “que aconsejarán procedimientos más participativos, selectivos y graduales”. Unos tiempos “incompatibles” con los ciclos electorales [Jajajaja, me muero de la risa... si es que nos toman por super lerdos... ¿Será que lo somos?], cuyo éxito, advierten, será proporcional al “al grado de consenso político”.
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