El Gobierno de Andalucía va a reducir por ley el horario de la asignatura de Religión en la etapa de Primaria. La Consejería de Educación ha redactado una nueva Orden que rediseña el currículum de Primaria e impone a todos los colegios de la comunidad el horario mínimo de Religión que establece la legislación básica (Lomce): 45 minutos a la semana, sin posibilidad de aumentarlo.
Esto supondrá un cambio drástico en la planificación escolar de muchos colegios, porque hasta ahora eran las propias escuelas quienes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, podían decidir la carga lectiva de la asignatura de Religión, dentro de una horquilla que iba desde los 45 minutos hasta un máximo de 90 minutos semanales. En el último curso académico, el 35% de los centros de Educación Primaria de Andalucía ofertaba una hora y media de Religión semanal; el 60% impartía 60 minutos semanales y el 5% mantenía un módulo de 45 minutos. La Consejería de Educación reconoce que delegar esa decisión en los equipos directivos -mediante una orden de 2015- ha generado problemas en algunas escuelas: presiones de padres de alumnos y, sobre todo, protestas de maestros de Religión que con la reducción horaria de su asignatura vieron peligrar su puesto de trabajo y sus ingresos.
El borrador de la Orden, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, establece que el centro docente, “en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrá ampliar el horario de asignaturas troncales y específicas para proponer un refuerzo, excepto en Religión y su alternativa (Valores sociales y cívicos”. La nueva norma que regulará el currículum de Primaria está ya terminada y ha sido puesta en conocimiento de los sindicatos de la enseñanza, tanto de la pública como de la concertada.
Sin embargo, no está previsto que entre en vigor este curso, que arranca la semana que viene. El departamento de Sonia Gaya ha redactado la nueva normativa que regulará el horario de Religión en Primaria “a modo preventivo”, dado que la orden que actualmente rige en los colegios sobre la carga lectiva de esta asignatura se encuentra recurrida en los tribunales.
La norma anulada
El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia que “anulaba de pleno derecho” la orden de la Consejería de Educación de la Junta, del 17 de marzo de 2015, que desarrollaba el currículo de la Educación Primaria en Andalucía en lo relativo a la configuración y carga lectiva de la asignatura de Religión. Esa orden, sujeta al marco legal de la Lomce (Ley de Educación del Gobierno del PP), delegó en los colegios andaluces de Primaria la potestad para fijar su horario de Religión, en una horquilla de 90 a 45 minutos a la semana. Hasta ese momento todas las escuelas ofertaban invariablemente hora y media de Religión. A partir de septiembre de 2015, el 65% de colegios andaluces decidió reducir el horario de esta materia para reformar otras áreas curriculares.
Las Archidiócesis andaluzas -y un sindicato que representa a los profesores de esta asignatura- recurrieron la orden en los juzgados, y el Alto Tribunal andaluz falló a su favor. Sin embargo, la sentencia no entraba en el fondo del asunto, simplemente se limitaba a anular la orden por un defecto de forma. La Consejería de Educación presentó un recurso de casación contra el fallo del TSJA el pasado mes de mayo, pero paralelamente elaboró una nueva normativa que tendría preparada en caso de que los jueces se reafirmen en la nulidad de la orden actual sobre los horarios de Religión.
Gaya no quería arriesgarse a que los tribunales anuncien la no admisión del recurso de la Junta con el próximo curso ya en marcha, lo cual obligaría a volver a planificar los horarios de todos los colegios sobre la marcha. “Se trata de dar garantía jurídica y prevenir un escenario caótico en las aulas con el curso ya empezado. Si los jueces fallan en nuestra contra, la nueva orden sobre los horarios de Religión será aprobada en el siguiente Consejo de Gobierno y entrará inmediatamente en el BOJA”, explican a eldiario.es/andalucia fuentes de la consejería.
La implantación de los 45 minutos de Religión en todos los colegios de Andalucía no entraría en vigor de inmediato. La nueva orden establece, en una disposición adicional, que el próximo curso escolar servirá de “año transitorio”, en el que los horarios vigentes de esta asignatura seguirían como están hasta final de curso.
La decisión de la Junta de Andalucía ha sido preventiva, pero también reafirma un posicionamiento ideológico. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya ha trazado un rumbo distinto a la política educativa y la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha avanzado las primeras medidas para “corregir” los aspectos más críticos de la Lomce. Entre otras cosas, el peso curricular de la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligada para los centros y voluntaria para el alumnado. Será evaluable, como hasta ahora, pero ya no computará ni para promocionar de curso ni para optar a una beca de estudios. Además el Ministerio no creará una asignatura alternativa para aquellos alumnos que no escojan Religión (ese tiempo se dedicará a refuerzos de otras áreas). Celaá quiere diseñar una nueva materia de Valores Cívicos -similar a la antigua Educación para la Ciudadanía- que será obligatoria para todos los estudiantes.
A principios de julio, la ministra de Educación reunió a sus homólogos en las comunidades autónomas y les avanzó algunas de sus iniciativas. Los consejeros de las regiones gobernadas por el PP se levantaron de la mesa en señal de protesta. La titular andaluza, Sonia Gaya, entendió que el Gobierno de Sánchez tenía el firme propósito de devolver la educación pública a la senda de la laicidad. Gaya podía haber esperado a que los cambios curriculares que planea el Ministerio de Educación se materialicen, y así evitar las críticas que previsiblemente va a generar su decisión de reducir por ley el horario de Religión en todos los colegios andaluces. Pero no ha esperado. Por precaución de cara lo que pueda decidir el Alto Tribunal andaluz en los próximos meses y por “convicción política”.
Un problema enquistado
En 2015, la Junta de Andalucía aprovechó que la legislación básica de educación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy -la LOMCE- no establecía un horario mínimo para Religión, dejando en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de modular la carga lectiva. El Gobierno de Susana Díaz prefirió no implantar la reducción horaria en todas las escuelas y aprobó una orden que permitió a los colegios de Primaria reducir el horario de la asignatura de Religión, pasando de 90 a 60 o 45 minutos a la semana. En esta decisión está el origen de una polémica que en los últimos meses ha enfrentado al Ministerio de Educación, del anterior Gobierno de Rajoy, con la Junta: el de cientos de profesores de Religión en Andalucía que siguieron cobrando por horas de clase que ya no impartían, una situación que se ha prolongado durante los últimos tres años, sin que las administraciones hayan sabido cómo atajarlo.
El cuerpo de maestros de Religión de Primaria en Andalucía padece una compleja situación laboral porque es el único que depende de tres instituciones distintas, a veces con criterios pedagógicos y políticos contradictorios entre sí. El colectivo -unos 2.000 docentes- depende contractualmente del Ministerio de Educación, que es quien les paga; aunque son seleccionados para el puesto por la Conferencia Episcopal y las Archidiócesis de su zona, según requisitos “de moral católica”, que nada tienen que ver con el acceso a la función pública. Por último, es la Consejería de Educación andaluza quien les asigna plaza en uno de sus colegios públicos.
En 2016, justo después de que el 65% de los colegios andaluces recortaran el horario de Religión -pasando de 90 a 60 o 45 minutos a la semana-, el ex ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo renovó automáticamente el contrato íntegro de los más de 2.000 docentes, atendiendo a la propuesta de las Diócesis andaluzas, no del Gobierno autonómico. Así lo expresó la consejera Gaya en el Parlamento cuando informó de que una investigación interna de su departamento había revelado que al menos el 12,2% de los profesores de Religión de Primaria en Andalucía llevaba tres años cobrando por horas que ya no impartía. La consejería localizó a 263 docentes de Religión sin horario lectivo completo y remitió un informe al Ministerio advirtiéndole de que “no podía comprobar” si otros 1.895 docentes de esta materia “cumplen con la jornada por la que están contratados”.
La Junta de Andalucía ha denunciado ante el Ministerio de Educación un “perjuicio a las arcas públicas” que puede alcanzar los 18,9 millones de euros de gasto en la renovación de horas contratadas de Religión que no se imparten desde 2015. Es un problema que ha heredado el Gobierno de Sánchez, y que podría repetirse el mes que viene, en el comienzo del próximo curso.
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