El Congreso ha avalado la recuperación de la sanidad universal que el Gobierno puso en marcha a través de un decreto ley. Pedro Sánchez ha obtenido 177 votos a favor de todos los grupos, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos en la convalidación del decreto ley que ya estaba en vigor. Los conservadores aseguran que fue la medida que adoptó Mariano Rajoy en 2012 la que garantizó la sostenibilidad del sistema universal de salud, a pesar de que dejó fuera a 800.000 personas.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha defendido que la recuperación de la sanidad universal se basa en el concepto de "derecho sanitario basado en la condición de ciudadanía". "Lo esencial de esta norma y lo que justificó su urgencia –ha expresado Montón sobre la decisión del Consejo de Ministras de optar por la vía del decreto ley en una de sus primeras medidas– es la mejora de la salud universal de las personas que quedaron excluidas y la mejora de la salud colectiva del conjunto de la sociedad".
El Gobierno daba por hecho que conseguiría los apoyos necesarios – en 2017 la oposición se unió en contra de la medida de Rajoy– para revertir la exclusión de las personas migrantes sin papeles de la sanidad universal que llevó a cabo el PP. Finalmente ha obtenido 177 votos a favor; 133 en contra -en los que se incluyen los del PP, Foro y uno erróneo de la bancada socialista- y 31 en blanco.
El PP ha manifestado su rechazo a la recuperación de la universalidad de la sanidad en una votación en la que no ha participado Pablo Casado, que tenía un viaje previsto y ha abandonado el Pleno a las 14 horas.
La portavoz del PP, María Teresa Angulo, ha ignorado la petición del PSOE de que se sumara y no se quedara "aislado" y ha hecho una firme defensa de la medida que llevó a cabo Rajoy y ha asegurado que "terminó con la injusticia en la que ustedes [los socialistas] dejaron a millones de españoles. Fue el PP el que garantizó la sostenibilidad del sistema sanitario y garantizando su carácter universal, público y gratuito".
"En España se atiende hoy a todo el que lo necesita –ha continuado la conservadora–. Se hace de manera ordenada y regulado sin poner en peligro una de las joyas de nuestro estado de bienestar". Además, ha asegurado que el decreto "abre de par en par las puertas al turismo sanitario". "Es un decreto que vende humo. Va a generar problemas donde ya no los hay", ha aseverado Angulo, que ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones y le ha acusado de usar "el mantra de la recuperación de derechos" frente a la "indecencia del PP" cuando usa de forma "impúdica los recursos públicos", recurre a "dedazos" y se apoya en "independentistas y populistas".
A partir de ahora, el decreto, que estaba en vigor desde su publicación en el BOE tras la aprobación en el Consejo de Ministras, se tramitará como un proyecto de ley en el Congreso. ERC ha asegurado que esa decisión ha facilitado su respaldo al decreto. Unidos Podemos ha asegurado que este es el "capítulo uno" de la reversión de la dilapidación de la sanidad por parte del PP: "Vendrán el dos, el tres....", ha avisado la diputada Amparo Botejara, que se ha referido expresamente a la privatización. Ciudadanos se ha abstenido.
"Visto el decreto va en la dirección, pero se dejaba muchas cosas para que fuera un derecho universal", ha expresado el diputado Joan Olòriz, que ha asegurado que la ley catalana "es mejor que su decreto". La portavoz de PDeCAT, Míriam Nogueras, ha asegurado que ha sido necesaria una "desgastante presión" para que el Gobierno anunciara oficialmente su compromiso a retirar el recurso que Mariano Rajoy presentó contra esa ley del Govern.
El Congreso ha dado un respiro al Gobierno de Pedro Sánchez en la primera sesión tras el parón estival. El Parlamento ha dado el visto bueno a los tres decretos que se han votado este jueves. Además de la recuperación de la sanidad universal, se ha aprobado la creación de empleo público relacionado con los trabajos de asilo y la adaptación de la normativa española al reglamento de protección de datos que está en vigor en toda la UE desde el mes de mayo.
Aunque Meritxell Batet ha logrado los respaldos necesarios -335 votos a favor y dos abstenciones- para la creación de empleo relacionada con el asilo y los refugiados, el Ejecutivo se ha llevado toques de atención a izquierda y derecha. "Nos sorprende que las medidas que presentan a esta Cámara se limiten a esto", ha expresado el diputado de Unidos Podemos, Marcelo Expósito, que ha reprochado al Ejecutivo que mantuvieran una política de izquierdas con la recepción del primer Aquarius, que luego dijeran que fue una medida extraordinaria y que ahora mantengan las devoluciones en caliente.
"En política migratoria son bomberos pirómanos", ha espetado la portavoz del PP, Susana López, que ha asegurado que los puestos que crea el Gobierno son "parches". Ciudadanos ha criticado los "bandazos" de Sánchez en materia migratoria, aunque ha apoyado el decreto: "De los pocos que no son un dedazo", ha afirmado Melisa Rodríguez.
El Congreso también ha aprobado sin votos en contra el decreto con el que el Gobierno adapta la normativa española al reglamento de protección de datos que entró en vigor en la UE en el mes de mayo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha reconocido que ya hay una ley de protección de datos en tramitación para modificar la de 1999, pero ha asegurado que se hacía necesario acelerar la adaptación porque se estaban produciendo "vacíos normativos".
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha defendido que la recuperación de la sanidad universal se basa en el concepto de "derecho sanitario basado en la condición de ciudadanía". "Lo esencial de esta norma y lo que justificó su urgencia –ha expresado Montón sobre la decisión del Consejo de Ministras de optar por la vía del decreto ley en una de sus primeras medidas– es la mejora de la salud universal de las personas que quedaron excluidas y la mejora de la salud colectiva del conjunto de la sociedad".
El Gobierno daba por hecho que conseguiría los apoyos necesarios – en 2017 la oposición se unió en contra de la medida de Rajoy– para revertir la exclusión de las personas migrantes sin papeles de la sanidad universal que llevó a cabo el PP. Finalmente ha obtenido 177 votos a favor; 133 en contra -en los que se incluyen los del PP, Foro y uno erróneo de la bancada socialista- y 31 en blanco.
El PP ha manifestado su rechazo a la recuperación de la universalidad de la sanidad en una votación en la que no ha participado Pablo Casado, que tenía un viaje previsto y ha abandonado el Pleno a las 14 horas.
La portavoz del PP, María Teresa Angulo, ha ignorado la petición del PSOE de que se sumara y no se quedara "aislado" y ha hecho una firme defensa de la medida que llevó a cabo Rajoy y ha asegurado que "terminó con la injusticia en la que ustedes [los socialistas] dejaron a millones de españoles. Fue el PP el que garantizó la sostenibilidad del sistema sanitario y garantizando su carácter universal, público y gratuito".
"En España se atiende hoy a todo el que lo necesita –ha continuado la conservadora–. Se hace de manera ordenada y regulado sin poner en peligro una de las joyas de nuestro estado de bienestar". Además, ha asegurado que el decreto "abre de par en par las puertas al turismo sanitario". "Es un decreto que vende humo. Va a generar problemas donde ya no los hay", ha aseverado Angulo, que ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones y le ha acusado de usar "el mantra de la recuperación de derechos" frente a la "indecencia del PP" cuando usa de forma "impúdica los recursos públicos", recurre a "dedazos" y se apoya en "independentistas y populistas".
A partir de ahora, el decreto, que estaba en vigor desde su publicación en el BOE tras la aprobación en el Consejo de Ministras, se tramitará como un proyecto de ley en el Congreso. ERC ha asegurado que esa decisión ha facilitado su respaldo al decreto. Unidos Podemos ha asegurado que este es el "capítulo uno" de la reversión de la dilapidación de la sanidad por parte del PP: "Vendrán el dos, el tres....", ha avisado la diputada Amparo Botejara, que se ha referido expresamente a la privatización. Ciudadanos se ha abstenido.
"Visto el decreto va en la dirección, pero se dejaba muchas cosas para que fuera un derecho universal", ha expresado el diputado Joan Olòriz, que ha asegurado que la ley catalana "es mejor que su decreto". La portavoz de PDeCAT, Míriam Nogueras, ha asegurado que ha sido necesaria una "desgastante presión" para que el Gobierno anunciara oficialmente su compromiso a retirar el recurso que Mariano Rajoy presentó contra esa ley del Govern.
El Congreso ha dado un respiro al Gobierno de Pedro Sánchez en la primera sesión tras el parón estival. El Parlamento ha dado el visto bueno a los tres decretos que se han votado este jueves. Además de la recuperación de la sanidad universal, se ha aprobado la creación de empleo público relacionado con los trabajos de asilo y la adaptación de la normativa española al reglamento de protección de datos que está en vigor en toda la UE desde el mes de mayo.
Aunque Meritxell Batet ha logrado los respaldos necesarios -335 votos a favor y dos abstenciones- para la creación de empleo relacionada con el asilo y los refugiados, el Ejecutivo se ha llevado toques de atención a izquierda y derecha. "Nos sorprende que las medidas que presentan a esta Cámara se limiten a esto", ha expresado el diputado de Unidos Podemos, Marcelo Expósito, que ha reprochado al Ejecutivo que mantuvieran una política de izquierdas con la recepción del primer Aquarius, que luego dijeran que fue una medida extraordinaria y que ahora mantengan las devoluciones en caliente.
"En política migratoria son bomberos pirómanos", ha espetado la portavoz del PP, Susana López, que ha asegurado que los puestos que crea el Gobierno son "parches". Ciudadanos ha criticado los "bandazos" de Sánchez en materia migratoria, aunque ha apoyado el decreto: "De los pocos que no son un dedazo", ha afirmado Melisa Rodríguez.
El Congreso también ha aprobado sin votos en contra el decreto con el que el Gobierno adapta la normativa española al reglamento de protección de datos que entró en vigor en la UE en el mes de mayo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha reconocido que ya hay una ley de protección de datos en tramitación para modificar la de 1999, pero ha asegurado que se hacía necesario acelerar la adaptación porque se estaban produciendo "vacíos normativos".
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