Los ciudadanos y las ciudadanas de la región metropolitana de Barcelona tendremos que pagar 190 millones de euros a AGBAR para recibir el mismo servicio
En un hecho sin precedentes, AGBAR cobrará para adquirir la concesión de un servicio en vez de pagar, es más, cobrará para hacer el mismo servicio que ya hacía, cobrará por el valor de unos activos que ya han sido amortizados, y lo que todavía es más grave, cobrará para prestar un servicio que operaba ilegítimamente. Es decir, seremos los ciudadanos y las ciudadanas quién tendremos que pagar este despropósito promovido por aquellos que, en teoría, velan por el interés general de la ciudadanía.
El pasado 6 de noviembre el Consejo Metropolitano del área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó el establecimiento de un servicio público del ciclo integral del agua mediante una sociedad de capital mixto (SEM) formada por la propia AMB (15%) y AGBAR (85%).
de Amancio
Esta empresa mixta tiene un capital social valorado con 337M€ que proviene, por un lado del AMB (50,55M€) a través de los activos de la empresa pública EMSSA (Empresa Metropolitana de Saneamiento SANO). Y por el otro de AGBAR (286,45 M€) , que representa el 60% de sus activos totales (476M€). El 40% restante (190M€) serán adquiridos por la propia empresa mixta una vez constituida. Es decir, AGBAR cobrará 190M€ por hacer el mismo servicios que ya hacía hasta ahora.
No tenemos que olvidar que en 17 de los 23 municipios de la región metropolitana donde operará esta nueva empresa mixta, AGBAR opera sin concesión. El AMB alega que existe una concesión “de facto” desde 1983 pero en ningún caso ha presentado la documentación pertinente que lo avale. Sorprende todavía más que no se haya contemplado ninguna amortización de los activos que venimos pagando todos los ciudadanos como mínimo durante los últimos 39 años (pues hay instalaciones que venimos pagándolas desde hace 145 años). Es decir, pagaremos por unos activos que han sido amortizados, que a día de hoy ya son patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas.
A todo esto, no se ha producido ninguna peritación externa de los activos aportados por AGBAR, se renuevan todas las concesiones a los 23 municipios por 35 años más y se invaden competencias de la Generalitat, la Agencia Catalana del Agua y los municipios.
Y todo este despropósito el AMB lo hace a dedo, a través de una adjudicación directa a AGBAR sin ningún proceso público de licitación, obviando el principio de libre concurrencia y mostrando una negligencia absoluta en la defensa de los intereses públicos, de los ciudadanos y ciudadanas usuarias del servicio, y pone en entredicho la propia AMB como valedora de los mismos.
Por todo ello, la Plataforma Aigua és Vida presentó alegaciones a este lamentable proceso que fueron desestimadas, pero la gravedad de la situación es tan alarmante que hemos presentado un recurso de reposición para que el AMB reconsidere su decisión.
- Podéis consultar aquí las alegaciones presentada
- Podéis consultar aquí el recurso de reposición presentado
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