Pregunta. El martes en el Congreso llamó "criminal" al representante de la banca española después de que alabara el sistema hipotecario español. ¿De qué delitos cree que es responsable la banca española?
Respuesta. De varios. En primer lugar, de estafa generalizada; hay suficientes indicios. Puede haber elementos legales, pero ha engañado a la población, ha ocultado información con el fin de lucrarse y además, en vez de ayudar a las familias, se dedica a otras prácticas que deberían ser delictivas, si no lo son: amenazar y coaccionar a las familias para que les paguen el dinero, cuando no tienen ni para comer.
P. En cuatro años de existencia de las plataformas, ¿ha habido algún cambio de actitud en la banca?
R. Si lo ha habido, ha sido siempre momentáneo y por presión social en casos concretos. La banca busca el máximo beneficio para sus accionistas. Los miles de personas que nos llegan a nosotros siguen sufriendo sus abusos.
P. El PP vetará la tramitación de una iniciativa legislativa popular que ustedes consideran de mínimos. ¿Se les agota la vía institucional?
R. Si se agota, si el PP desoye 1,4 millones de firmas, esto querrá decir que en España no hay democracia. Si no las tiene en consideración para al menos tener en cuenta el problema y admitir la iniciativa legislativa popular a trámite en el Parlamento es que tenemos una crisis democrática. Saldremos todos perdiendo; nosotros y España entera. Esperamos que el PP rectifique.
P. ¿Y ahora qué? Hablan de señalar culpables, de justicia social como en Argentina, donde se señaló a responsables de la dictadura. ¿Qué harán?
R. Mantendremos las campañas en marcha para defender derechos fundamentales, seguiremos parando desahucios y forzando a negociar a las entidades financieras... Pero, agotadas otras vías, hay que dar un paso más y acabar con la impunidad, que forma parte del problema. Vamos a señalar a los responsables, siempre de forma pacífica, a aquellos que pudiendo cambiar estas leyes injustas se niegan a hacerlo porque ceden a los intereses de una minoría. Allí donde vayan (en sus barrios, el trabajo, en actos públicos...) les señalaremos, para que se sepa que aquellas personas, con nombres y apellidos, son responsables del sufrimiento de la población.
P. El paro está detrás del 99% de casos de desahucio. Sin trabajo y sin casa, los activistas tienen poco que perder. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
R. Hasta donde haga falta. Hay vidas en juego y si no las defendemos nosotros no lo va a hacer nadie. Pero somos optimistas porque cada vez más gente reacciona, tanto de la sociedad civil como a escala institucional: Ayuntamientos, Poder Judicial, la Unión Europea... mantendremos la presión hasta cambiar la ley.
P. Han levantado un movimiento social con presencia en 100 ciudades en el que los afectados son a la vez activistas. ¿Es esta la clave de su fuerza?
R. Sí, es importante que las propias personas a las que se vulneran los derechos fundamentales no se resignen, no caigan en la depresión, den un paso adelante y demuestren que están dispuestas a plantar cara a esta injusticia.
P. Han logrado parar más de 550 desahucios, pero se producen más de 150 a diario. ¿Qué está pasando con todas estas familias?
R. Buena pregunta, porque el Estado no da información. Hasta donde sabemos, la gente se recoloca en casa de otros familiares, hay familias compartiendo pisos o habitaciones en cámpings, en coches, inmigrantes que regresan...
P. Los pasos dados hasta ahora, como el decreto Guindos, ¿han servido de algo?
R. No, solo para dar más aire a las entidades financieras. Son decretos maquillaje que excluyen al grueso de los afectados y sirven a las entidades para que sigan abusando del resto con una legislación injusta.
P. El banco malo ha comenzado a operar. ¿Cómo afectará a las familias amenazadas de desahucio?
R. Hay mucho miedo. Lo que podría ser una oportunidad para que fuera un banco bueno y tuviera un parque de vivienda social, parece que el Gobierno lo va a ofrecer a inversores extranjeros que no tendrán ningún interés en las familias. Buscará el máximo lucro y puede empeorar la situación.
P. Y sobre la propuesta de convertir en alquileres sociales parte del parque de viviendas vacías, ¿alguna novedad?
R. Lo que ha anunciado el Gobierno es un fondo social de 6.000 viviendas frente al millón de pisos vacíos. 6.000 son migajas y, además, son los bancos quienes deciden cuáles son: las peores o dónde nadie quiere vivir.
P. Ante decenas de casos de corrupción, un rescate a la banca con dinero público que ha provocado recortes... la gente está harta y con la idea de que lo legítimo puede anteponerse a lo legal. ¿Asistiremos a movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en otros ámbitos?
R. Sí, es una cuestión inminente. Nos están contactando otros colectivos que quieren aprender de nuestra experiencia. La desobediencia civil se extenderá a otros sectores como la sanidad (con ocupaciones de ambulatorios y hospitales) o la educación.
P. ¿Cómo se explica que con seis millones de parados y razones de sobra para el cabreo no haya un estallido social?
R. Hay varios motivos. Por un lado, la gente que está en situación límite está pendiente de sobrevivir y no tiene tiempo. Hay miedo a perder lo poco que se tiene, sea un trabajo parcial o en negro, porque la prioridad es comer. Y luego hay un mensaje oficial que se repite cada día según el cual no hay alternativas y este es el único mundo posible. Desde la sociedad civil estamos intentando cambiar este imaginario, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es un humilde ejemplo de ello. Lo que está claro es que hay que perder el miedo y no delegar. La ciudadanía debe ser la protagonista del cambio, porque de las instituciones no llegará.
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