De manera significativa la reacción de Hollande al escándalo refleja la tendencia que tanto reprochó en su día a Sarkozy, la afición a aprobar leyes de forma rápida para salir al paso de los contratiempos. Pero, después del fiasco Cahuzac, la operación transparencia del Elíseo resultaba obligada y debía ser contundente. Los anuncios del presidente han ido tan lejos como para desatar la ira de la oposición conservadora, que ha tachado las reformas de “cortina de humo” sin poder evitar la impresión de estar molesta por la obligación de declarar el patrimonio y por el refuerzo de las incompatibilidades de los parlamentarios, muchos de ellos habituados a convivir con el conflicto de intereses. Durante una bronca sesión en la Asamblea Nacional, los diputados de la UMP han pedido a gritos la dimisión del primer ministro, Jean-Marc Ayrault.
El presidente socialista ha comparecido ante la prensa tras el consejo de ministros para hacer saber que, a partir de ahora, trabajará para “erradicar los paraísos fiscales en Europa y en el mundo”, y anunciar que Francia obligará a los bancos franceses a “publicar cada año la lista completa de sus filiales en el extranjero, país por país, explicando la naturaleza de su actividad”. “En otras palabras”, ha dicho, “ningún banco podrá esconder las transacciones realizadas en un paraíso fiscal”.
Hollande cree que “ha llegado el momento” de que esa regla se aplique también en Europa para acabar con el secreto bancario y la fuga de capitales. París impulsará en la Unión Europea la extensión de los intercambios automáticos de información bancaria, y según ha advertido Hollande, todo país que se resista al cambio “será considerado por Francia como un paraíso fiscal”. En ese sentido, Luxemburgo ha reiterado que renunciará al secreto bancario, pero solo a partir de enero de 2015.
El presidente socialista, que ha recordado que los franceses le votaron para “devolver la ejemplaridad a la República”, ha anunciado la creación de “una alta autoridad de la transparencia, totalmente independiente”, que “vigilará de manera exhaustiva” la situación patrimonial de los ministros, parlamentarios y alcaldes antes y después del ejercicio de sus funciones públicas. Además, el Gobierno reabrirá la fiscalía especializada en delitos económicos, que fue desmantelada por Sarkozy.
La oposición no ha tardado ni cinco minutos en denostar las medidas. El líder de la UMP, Jean-François Copé, ha aventurado que ninguna de esas decisiones habría evitado el caso Cahuzac, y ha acusado a Hollande de no hacer autocrítica y de echar sobre la clase política entera la carga del escándalo. Según la UMP, las declaraciones obligatorias del patrimonio solo contribuirán a extender un “voyeurismo insano” entre los franceses. Mientras tanto, el diario digital Mediapart ha publicado que Jean-Marie Le Pen, exlíder del Frente Nacional, abrió una cuenta en Suiza en 1981.
Hollande ha terminado su inesperada alocución hablando de política económica, y ha reiterado que su objetivo sigue siendo el mismo, “equilibrar las cuentas públicas para poder reorientar la política europea hacia un mayor crecimiento”. La seriedad presupuestaria y la competitividad, ha dicho, es lo que permitirá a Francia “tener más peso” en Europa y no ser castigada “por los mercados”. “Pero rigor no es lo mismo que austeridad, austeridad es bajar los salarios y tener un paro del 15% o el 20%”. En todo caso, ha concluido mirando a Berlín, “la austeridad no puede ser la única política en Europa”.
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