El investigador sobre paz y desarme Pere Ortega, coordinador de este centro dependiente de la ONG Justícia i Pau, subraya la “paradoja ética” de que esta empresa de “negro pasado” se beneficie ahora de un contrato sufragado con fondos europeos para destruir unas minas muy similares a las que ella misma fabricaba hasta hace poco.
Cuando se prohibieron las minas, Expal siguió fabricando un artefacto muy similar: las bombas de racimo, un explosivo que antes de llegar a tierra disemina docenas de pequeñas bombitas, muchas de las cuales no explotan en ese momento y quedan en el suelo activas durante varias décadas. Estas minibombas tienen además una característica aterradora: su aspecto, similar al de una botella pequeña de refresco, que atrae especialmente a los niños. Eso cuando no se dotaba a propósito a estas bombas de una apariencia similar a la de una pelota u otro tipo de juguete.
En 2009, cuando España destruye su arsenal después de haber ratificado la convención de Oslo que prohibió este explosivo infame, fue precisamente Expal, la empresa que suministraba las bombas de racimo al Ejército español, la elegida por el Ministerio de Defensa para destruirlas, explica Ortega.
de KlanKlan
Una historia “negra”
Si en España ya no quedan minas ni bombas de racimo con el logo de esta empresa de la industria militar, no se puede decir lo mismo de otros países, recuerda el investigador del Centre Delàs. Los suelos de Colombia y del Sáhara Occidental están aún plagados de sus minas.
“Expal ha vendido obuses a Turquía en el peor momento de la represión contra el pueblo kurdo; también fue investigada por la ONU en 1984 después de que se comprobara que, en la guerra Irak-Irán, el régimen de Sadam Hussein había utilizado armas químicas, en concreto gas mostaza, en carcasas fabricadas por Expal”, recuerda Ortega.
Tras la prohibición de las bombas de racimo en España, Expal concluyó un acuerdo con dos empresas brasileñas, Imbel y Engepron. Brasil, al igual que EEUU, China, Rusia, Israel, Pakistán e India -los mayores productores de este tipo de explosivo-, se negó a firmar la prohibición acordada en Oslo. Esta circunstancia ha hecho temer a los grupos pacifistas que el convenio con las empresas brasileñas incluya la transferencia de tecnología para que éstas fabriquen bombas de racimo en su país.
El investigador del Centro Delàs subraya además que Expal es un ejemplo de lo que se conoce como puertas giratorias entre la industria militar y el Ministerio de Defensa. En 2006, un exalmirante de la Armada, Francisco Torrente, que sólo unos meses antes ocupaba el cargo de Secretario General de Política de Defensa (Segenpol), es nombrado presidente de esta compañía. Segenpol es el organismo que se ocupa de comprar las armas de las Fuerzas Armadas Españolas.
A partir de ese momento, Expal se adjudicó sucesivos contratos con el Ejército, entre ellos uno de 4 millones, en julio de 2008, para la destrucción de las 5.600 bombas de racimo -muchas fabricadas por ella misma- que estaban en los almacenes militares españoles.
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