Los autores del informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis alegan varios factores para explicar este problema endémico: “falta voluntad política para luchar de forma eficaz contra el fraude fiscal”, dijo Carlos Cruzado, el presidente de Gestha, “todos los gobiernos suelen mirar hacía otro lado”. El secretario general del sindicato, José María Mollenedo, lamentaba que el Gobierno y la Agencia Tributaria cada año se marquen sus propios objetivos en la lucha contra el fraude que suelen cumplir sin muchos problemas pero que están lejos de los que se podrían alcanzar.
El paro también ha contribuido al crecimiento de la economía sumergida, así como la “resaca del boom inmobiliario”, cuando una buena parte de las operaciones se hizo en negro; un capital que sigue sin aflorar. En España el 73% del efectivo en circulación corresponde a billetes de 500 euros.
En este sentido, los inspectores de Hacienda consideran un fracaso la amnistía fiscal del año pasado, aprobada por el Gobierno del PP, ya que, según sus cálculos, solo consiguió hacer aflorar el 3% de todo el dinero negro y, en muchos casos, esto solo ocurrió porque los individuos sabían que estaban bajo la lupa de las autoridades. “Los defraudadores se sienten muy cómodos”, afirmó Mollenedo y criticó que el Ministerio de Hacienda no permite a los inspectores acceder a los datos de los beneficiados de la amnistía fiscal, “ni existe plan para hacerlo”.
“El 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria se dedica a perseguir el fraude de los autónomos y pequeñas empresas”, recordó Cruzado. Por ello, desde Gestha insisten en la necesidad de aumentar los recursos de los inspectores de Hacienda en la lucha contra el fraude.
Para Jordi Sardà, profesor de la Universitat Rovira i Virgili que ha dirigido el informe, también importa lo que describió como un “grave problema de moralidad”. Considera que en España está demasiado generalizada la costumbre de defraudar a Hacienda a través de trabajos en negro, o el hábito de pagar facturas sin IVA. En este sentido, Gestha reclama una campaña de concienciación pública y pone como ejemplo los esfuerzos publicitarios de la Dirección General de Tráfico que ha tenido buenos resultados ya que ha mejorado la seguridad vial.
Sin embargo, los dirigentes políticos actualmente no contribuyen a motivar a la sociedad para que cumpla estrictamente con sus obligaciones con Hacienda. Además de la mala sensación que ha dejado la amnistía fiscal -que fue aprovechada también por el extesorero del PP, Luis Bárcenas-, están los últimos casos de corrupción, como el que ha provocado la imputación de la infanta Cristina por el supuesto fraude fiscal de la empresa que compartía con su marido Iñaki Urdangarin.
La reciente destitución de una funcionaria de la Agencia Tributario por rechazar el recurso de la multinacional Cemex contra una multa tampoco ha ayudado para que la ciudadanía tuviera más confianza en la justicia del sistema fiscal. “Aquí se han pillado muchos defraudadores pero nadie dimite nunca”, se lamentaba el profesor Sardà, “la gente percibe que no pasa nada si no pagas impuestos”.
El Gobierno tiene delante una oportunidad de oro para arreglar los defectos del sistema con la proyectada reforma fiscal en los próximos meses. “Debe avanzar hacia un sistema más justo”, recalcó el presidente Cruzado, “hay varios informes que muestran que los países con sistemas tributarios más justos tienen una menor economía sumergida”.
Para los inspectores agrupados en Gestha es especialmente importante que las grandes empresas y las grandes fortunas paguen realmente aporten la parte de impuestos que les corresponde. Las multinacionales solo tributan por el 3,5% de sus beneficios consolidados, gracias a la maraña de deducciones, mientras los ricos logran salvar su patrimonio a través de vehículos legales como las Sicav.
Para evitar el fraude en el IVA de las pequeñas facturas, Sardà citó un modelo que se usa en China, donde los recibos oficiales incluyen un número que da derecho a participar en una lotería.
¿Pero cómo se explica esta falta de voluntad política para luchar con más ímpetu contra el fraude, sobre todo en estos tiempos de falta de recursos públicos” “La respuesta la tienen que dar los gobiernos”, dijo Cruzado; “nosotros solo ponemos los datos”.
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