En febrero de 2013, Rajoy aseguró que una reforma de la Ley Electoral, “a diferencia del IRPF”, no se podía modificar sin consenso. Pero incluso el PSOE, socio del PP en la reforma del artículo 135 de la Constitución sin consultar a la ciudadanía, le ha dado la espalda en la iniciativa municipal. “El PP sólo busca la elección directa del PP”, ha afirmado el líder del PSOE, Pedro Sánchez. IU, PNV y UPyD tampoco están por la labor.
Las últimas fórmulas planteadas por el PP consisten en que sea necesario tener al menos un 40% de los votos para poder aplicar la fórmula de elección directa de alcalde, o que se decida en una segunda vuelta. Sin embargo, las fuerzas progresistas han puesto el grito en el cielo por los recortes que supondría para el juego democrático y tildan la supuesta reforma de “pucherazo”. Éstas son algunas de las claves:
1. El poder para una minoría. En las últimas elecciones municipales (año 2011), el PP arrasó en 3.317 municipios con mayoría absoluta y en 508, con mayoría relativa. En suma, representan cerca de la mitad de los representantes de las 8.116 entidades locales y le otorgaron la mayor concentración de poder municipal de la historia de España. Fue apenas una semana después de la acampada del 15-M en la Puerta del Sol de Madrid y, desde entonces, la intención de voto para el PP –al igual que la del PSOE– ha caído en picado.
Dentro de la sangría de votos, es una incógnita predecir el futuro reparto potencial de los ayuntamientos. En primer lugar, porque la fuerza política que ha irrumpido con más fuerza en las encuestas del CIS, Podemos, no presentará candidatura propia en la mayoría de municipios y todavía no ha anunciado si formará parte de plataformas más amplias, lo que desdibujaría el mapa electoral.
Si el Gobierno llevara a cabo después de verano la reforma que amaga, supondría la ruptura de las reglas de juego que han imperado desde 1979. Así, el abanico de formaciones de izquierdas tendría que recurrir a grandes candidaturas unitarias para optar al gobierno de ayuntamientos. Si, como ocurre en otros países europeos, la derecha española estuviese fragmentada en formaciones democristianas, liberales y de extrema derecha, los conservadores tendrían serias dificultades para alzarse con las alcaldías tras la reforma.
2. A pocos meses de las elecciones. La celeridad con la que el PP quiere modificar la ley electoral tras el batacazo electoral que recibió en las elecciones europeas “evidencia el nerviosismo que tienen”, según el portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella. “El Gobierno intenta truncar la ley unos meses antes de la elecciones porque todas las encuestas le dicen que va a perder”, añade.
3. Municipios y recortes. El histórico poder municipal del que goza en la actualidad ha sido uno de los pilares que ha sustentado la política de recortes del PP en los últimos tres años. La privatización de servicios públicos como la recogida de basuras o el suministro de agua han sido algunos de los más polémicos. Perder el poder local supondría un revés a la proyección de estas políticas.
El Fondo Monetario Internacional advirtió en 2013 que el problema de reformas estructurales de España se enfrentaba a dos grandes riesgos: las posibles revueltas generadas por la frustración ciudadana y, sobre todo, la caída del bipartidismo.
4. Refuerzo al voto útil. Reducir las posibilidades de las fuerzas minoritarias a participar en la política municipal refuerza la idea de que, para influir en política, sólo vale ganar. Con la reforma, “pasaríamos de plenos municipales que representan a la ciudadanía a otros donde no podrá haber juego democrático: el alcalde lo elegirá una minoría y hará lo que quiera”, critica Centella.
No obstante, la reforma podría convertirse en un arma de doble filo si cuajan plataformas unitarias progresistas como Guanyem (Barcelona) o Ganemos (Madrid) y éstas logran dan el sorpasso.
5. Menor control democrático. Además de la dificultad que tendrían las formaciones minoritarias para conseguir alcaldes propios (se pueden lograr a posteriori con acuerdos con otras fuerzas), la reforma del PP tiene otras consecuencias. Entre ellas, la falta de control y fiscalización de la actividad política. En España, el sistema diseñado en la Transición para dar estabilidad a las todavía endebles instituciones las blindó reduciendo las posibilidades de plantear mociones de censura, revocatorios… Para las primeras, además de la moción, hace falta presentar una alternativa de Gobierno. Y no sólo eso, sino que la nueva propuesta tiene que recibir el respaldo de una mayoría absoluta, un requisito no exigido en otros países.
6. Sin revocatorios a cargos públicos. Además, la reforma del PP va en contra de las demandas de mayor control popular de la actividad de los cargos públicos. A día de hoy, el partido que gana las elecciones tiene un cheque en blanco durante cuatro años, ya que no existe la posibilidad de plantear un revocatorio para expulsar a un cargo público cuando no cumpla con lo prometido en su programa electoral o realice malas prácticas.
“El PP va en contra de lo que pide la sociedad desde el 15-M, algo más democrático y justo. Ahora, alguien con un 40% va a poder gobernar sobre los demás”, apunta Centella, que reivindica “una democracia real, no una democracia trucada”. Según el portavoz, “lo que quiere el PP y probablemente el PSOE es que el sistema funcione con los menores riesgos posibles”.
7. Sin apoyo de otros partidos. Tanto IU como UPyD reivindican desde hace años una reforma de la Ley Electoral que haga de ésta un mecanismo más representativo, en el que el número de votos tenga un reflejo en el parlamento y no se potencie a las fuerzas mayoritarias y a las territoriales, como ocurre en la actualidad.
Para la portavoz de UPyD, Rosa Díez, la propuesta de elección directa es “un golpe de mano democrático, un atentado a la pluralidad y a las reglas del juego”. Su formación, no obstante, flirtea con la posibilidad que plantea el PP de la elección directa, si el alcalde es elegido en segunda vuelta de las elecciones.
Díez, en una entrevista en RNE, recordó este miércoles que el PP y el PSOE siempre se han negado a reformar la ley electoral para que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo con la excusa de la necesidad de consenso. Pero, ahora, el PP está dispuesto a cambiarla en solitario.
Una reforma de este tipo, sin acuerdo en el Congreso, estaría “incluso por encima de la reforma del artículo 135 porque sitúa a los alcaldes en la ilegitimidad”, añade el portavoz de Izquierda Plural.
Ante el aluvión de críticas, el vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, tuvo que salir al paso ayer y asegurar que habrá un diálogo parlamentario entre todas las fuerzas políticas sobre la posible reforma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario