Tras las elecciones europeas, Podemos ha surgido como un movimiento que en cada encuesta desborda los resultados de la anterior y parece destinado a llegar a ser uno de los grandes actores políticos de nuestro país.
No obstante, no son pocas las voces que alertan del riesgo que supone aplicar las propuestas de Podemos, cuyos miembros aparentemente ignoran los incentivos y restricciones existentes en la economía, de modo que sus buenas intenciones pueden tornar en un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.
¿Desconoce realmente Podemos el funcionamiento de la economía, y sus propuestas resultan no solo inviables sino contraproducentes y peligrosas? A continuación se comentan algunas de las propuestas económicas del programa electoral de Podemos a las elecciones europeas que más controversia han suscitado en los medios, si bien ni son las únicas ni tampoco las de mayor calado.
1. Prohibir los despidos en empresas con beneficios. Según los partidarios de profundizar en la flexibilización del mercado de trabajo los despidos son necesarios incluso en empresas con beneficios para permitir su adaptación a la variación de la demanda, los incrementos de productividad asociados a la evolución tecnológica, etc. A veces es necesario también sustituir trabajadores desmotivados por otros más productivos que garanticen los niveles de competitividad necesarios para sobrevivir en un mercado globalizado.
Desde un punto de vista teórico el análisis anterior puede ser correcto, y medidas tales como la reforma laboral de marzo de 2012 estarían en disposición de facilitar la renovación de ciertas plantillas anquilosadas por trabajadores mejor formados, más productivos y potencialmente mejor remunerados. No obstante la mayor parte de los análisis concluyen que, en su lugar, no se ha producido otra cosa que un incremento de la precariedad del mercado de trabajo. Las empresas despiden a los padres que habían disfrutado condiciones laborales razonablemente buenas y contratan a los hijos en condiciones precarias, beneficiándose además de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, con el simple objetivo de reducir los costes de personal.
En cualquier caso, ¿no es excesivamente rígida la propuesta de Podemos? Depende de cómo se formule. Parece lógico pensar que esta medida no aplique sobre los despidos disciplinarios, sino sobre los despidos improcedentes, y en todo caso que se respete la independencia de los tribunales de lo social para decidir al respecto. El tamaño de la empresa también debe ser un factor determinante, de modo que en una primera aproximación parecería razonable considerar esta como una medida a aplicar a los grandes grupos empresariales españoles, en la acepción de la Agencia Tributaria, que identifica alrededor de 28.000 empresas que facturan más de 6 millones de euros anuales.
Aún más importante, ¿existen alternativas más eficientes y justas que el despido? A modo de ejemplo podemos considerar el modelo alemán de reducción de jornada (kurzarbeit). Este modelo que se puso en práctica con éxito durante la crisis alemana de 2009 permitió mantener el desempleo por debajo del 10% al tiempo que las empresas evitaban conflictos y mantenían su capital humano disponible para reaccionar con más agilidad durante los periodos de recuperación de la demanda.
2. Dejar de pagar la deuda. Numerosos análisis presentes en los medios de comunicación alertan del drástico incremento en los costes de endeudamiento que provocaría el anuncio del impago de la deuda.
También con respecto a este punto es importante entender cómo se podría articular dicho impago, y en este sentido, habida cuenta del marco internacional en el que se encuadra España, trabajar con Europa para encontrar una solución común para aquellos países con una trayectoria de deuda insostenible parece muy razonable.
Como paso previo a la posible reestructuración de la deuda pública, Podemos propone una auditoría de la misma. La deuda pública puede tener su origen en las necesidades de financiación de la inversión y servicios públicos, y llamamos a esta deuda “legítima”. Sin embargo, una parte de la deuda podría haber sido contraída por nuestros dirigentes en contra de los intereses de los ciudadanos, y entonces hablamos de deuda “ilegítima” (sospechosas de ilegitimidad, al menos parcialmente, son la deuda asociada al rescate financiero y al déficit tarifario del sistema eléctrico, por ejemplo). El objetivo de la auditoría es determinar qué parte de nuestra deuda pública es ilegítima. A partir de ahí, y antes de llegar al impago unilateral, que es la medida menos deseable, el Estado puede considerar la exigencia del pago a las entidades responsables o la quita negociada.
Conocer lo que debemos y por qué lo debemos es percibido cada día por un mayor número de ciudadanos como una necesidad básica de transparencia, un derecho de ciudadanía y un argumento indispensable a la hora de negociar con nuestros acreedores y explicar por qué parte de nuestra deuda pública es claramente ilegítima y es de justicia reestructurarla.
3. Adelantar la edad de jubilación a los 60 años. Existe una aplastante evidencia demográfica y económica que justifica la insostenibilidad del sistema de pensiones a menos que se retrase significativamente la edad de jubilación. El motivo es muy simple: vivimos más años y cada vez hay menos trabajadores por cada pensionista.
Este razonamiento es correcto pero incompleto pues la sostenibilidad del sistema de pensiones no depende solo de la esperanza de vida y del ratio entre pensionistas y trabajadores, sino también de la productividad. En 1970 había casi siete personas trabajando por cada pensionista, mientras que a comienzos de la crisis el número de trabajadores por cada pensionista no llegaba a tres, el sistema tenía superávit y el fondo de reservas de la Seguridad Social acumulaba más de 57.000 millones. Ha sido la crisis económica, con la disminución del empleo y de la recaudación de cotizaciones sociales, la que ha obligado a recurrir a las reservas de la Seguridad Social, no el aumento de la esperanza de vida y del número de pensionistas.
Con la rebaja de la jubilación a los 60 años propuesta por Podemos aproximadamente un millón de personas pasarían a jubilarse de forma anticipada, lo que, dada la pensión media, supondría algo más de 17 mil millones. A esto habría que restarle subsidios por desempleo (de quienes encuentran nuevos puestos de trabajo) y pago de impuestos de los nuevos empleados. En total podría estimarse el coste en aproximadamente 8-9 mil millones. Perfectamente asumible por el sistema público de pensiones, particularmente con una reforma fiscal de calado así como con la implantación de un sistema lineal o progresivo sin topes máximos en las cotizaciones a la Seguridad Social, donde a día de hoy todos los salarios por encima de 6.000€/mes contribuyen en igual medida al sistema.
4. Aplicar la jornada laboral de 35 horas. Según los economistas críticos con las 35 horas en nuestro mercado laboral la reducción de la jornada de trabajo no contribuirá a la disminución del paro, pues una parte importante de la mano de obra desempleada, ocupada en el pasado fundamentalmente en el sector de la construcción, no dispone de la formación necesaria para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. En su lugar es clave poner el foco en las políticas activas de empleo.
Entendemos que el análisis anterior es parcial, y si bien compartimos plenamente la importancia que tiene desarrollar el capital humano, entendemos también que la jornada laboral de 35 horas permitirá, desde la distribución del empleo existente, generar un número significativo de nuevos puestos de trabajo. De hecho en Francia, donde se aplicó de forma generalizada por parte del gobierno de Lionel Jospin, se atribuyó a su implantación la generación de más de un millón de empleos netos entre 2000 y 2002.
Desde el punto de vista del empleo la distribución del trabajo remunerado existente es un aspecto relevante dada la controversia asociada a mantener tasas elevadas de crecimiento, pero Podemos entiende también que se requiere una política integral al respecto con acciones de calado orientadas al cambio del modelo productivo mediante el desarrollo de un sistema de I+D+i de mayor valor agregado, así como a resolver ineficiencias del sistema productivo tales como la energía o la necesidad de garantizar la seguridad jurídica entre otros.
5. Creación de mecanismos de control parlamentario del BCE. La independencia de los bancos centrales para decidir la política monetaria es clave para garantizar un marco económico estable y previsible, que evite la adopción de medidas cortoplacistas orientadas a beneficiar a un determinado gobierno, pero con repercusiones claramente negativas a largo plazo, en la mayor parte de los casos inflacionistas.
Según el análisis anterior, y bajo la premisa de una supuesta independencia del BCE, este habría estado en disposición de aplicar la mejor política monetaria posible durante la recesión. No obstante, más bien en su lugar el BCE ha tenido una actuación muy tímida, incluso contraproducente, encorsetado en mandatos que se han demostrado poco acordes a una realidad donde la amenaza nunca ha sido la inflación, sino la deflación, y alineado en su toma de decisiones con los intereses de Alemania y no del conjunto de países de la Unión Europea. Pedir que el BCE tenga un comportamiento más parecido al de la Reserva Federal de USA entendemos que es algo perfectamente razonable y beneficioso para la superación de la crisis, tal y como han demostrado los resultados de las políticas de estímulo norteamericanas frente a las políticas de austeridad europeas.
Que el BCE tenga que rendir cuentas a organismos democráticos donde estén representados todos los países de Europa, también del Sur, más que a la banca privada o a los gobiernos alemán y francés que ya a día de hoy ejercen un importante control político, no es algo a lo que haya que temer. Entre otras cosas la democracia es también eso: el empoderamiento de ciudadanos que tienen capacidad para gobernarse a sí mismos asumiendo la responsabilidad de sus decisiones en lugar de delegar en una tecnocracia a menudo cooptada por grandes poderes económicos.
¿Les parecen las propuestas de Podemos viables y favorables para las personas? A mí, sí.
*Este artículo ha sido redactado por Francisco Moreno, con la contribución de las siguientes personas, miembros también del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos: Fernando Prieto, Eduardo Gutiérrez, Iván Calvo, Antonio González, Álvaro Gaertner, Teresa Gómez y Joaquín Sorlí, entre otros.
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