Los ayuntamientos disponen de asignaciones económicas con el único fin legal de permitir “el funcionamiento ordinario” de los grupos políticos municipales en el estricto ámbito del ayuntamiento y del municipio. Hasta aquí todo normal.
Ahora bien, ¿cómo se fiscaliza y controla el correcto uso de esas partidas? Normalmente, no se hace.
Tan sencillo como que sólo los concejales cuyos grupos reciben el dinero pueden aprobar pedirse a sí mismos la justificación de la contabilidad y las facturas de los gastos efectuados a cargo de las asignaciones económicas.
Y sí, son esos mismos concejales los que las aprueban por mayoría en pleno municipal y su cantidad, sin que nunca la Ley General de Presupuestos del Estado les haya fijado algún límite o la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local o el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales exija fiscalización y control alguno del gasto sobre estos fondos públicos.
Así es cómo los grupos municipales financian a sus partidos políticos con asignaciones del ayuntamiento destinadas a otro fin. Con una práctica que es conocida por todos los partidos con poder pero de la que ninguno habla.
de El Roto
¿Y el funcionariado independiente como por ejemplo el interventor municipal?
¡Ah!, el interventor de tu ayuntamiento tampoco puede hacer nada si no se lo solicitan ellos, y para el Tribunal de Cuentas el uso dado a estos fondos nunca es detectable.
¿Cómo recuperar el dinero y evitarlo a partir de ahora desde tu pueblo o ciudad?
Existe un precedente. Hemos encontrado un caso inaudito que comenzó allá por el año 1999 en Totana, donde una vez celebradas las elecciones los nuevos concejales consiguieron, 12 años después, una sentencia del Tribunal de Cuentas que obligó a todos los anteriores ediles (del PSOE, PP, IU y Grupo Mixto) a devolver el dinero con su propio patrimonio personal.
Los concejales de los viejos y nuevos partidos, tienen que entender que ya no hay excusa posible para no publicar las cuentas de los partidos, con los ingresos, los gastos y las facturas que corresponden a movimientos de dinero público que se hacen desde las instituciones. Además, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del consistorio debe estipular como obligatoria una rendición de cuentas transparente de estos gastos. Es el momento de que estemos vigilantes y exijamos a nuestros concejales de que no solo pongan fin a esta práctica sino que exijan las cuentas de los anteriores ejercicios.
De esta forma evitaremos este gran “ángulo muerto” para el control de la ciudadanía y de sus instituciones fiscalizadoras; y acabaremos con los mecanismos opacos que facilitan corruptelas y complicidades entre cualesquiera bandos políticos, su inacción ante el alcalde cacique de turno y el flujo de financiación ilegal, desde el ámbito municipal a otros más amplios, que alimenta a este sistema partitocrático.
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