Ni grandes compañías, ni grandes fortunas, la lista se centrará en medianas empresas “abocadas a la insolvencia”, que no han podido hacer frente a los pagos con Hacienda ni tienen posibilidades de hacerlo, explica a Diagonal José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).
Ni grandes compañías, ni grandes fortunas, la lista se centrará en medianas empresas “abocadas a la insolvencia”
No aparecerán las grandes fortunas que se adscribieron a la amnistía fiscal de 2012, ni los evasores de la lista Falciani, ni las grandes empresas cuyas gigantescas deudas están trabadas en los tribunales. Tampoco figurarán las empresas del Ibex ni multinacionales que, gracias a sus filiales en paraísos fiscales y matrices en países europeos como Holanda, Luxemburgo o Irlanda, pagan menos impuestos que un autónomo o una pyme.
La publicación de esta lista de 5.000 morosos no forma parte de la campaña del PP –al menos no directamente–, sino más bien de la campaña de la Agencia Tributaria para “limpiar su imagen”, denuncia Mollinedo. Que la Agencia Tributaria se dedica a perseguir al pequeño contribuyente mientras “las grandes fortunas se van de rositas” es algo más que una conversación en la cola de la panadería. Es algo que los técnicos de Hacienda llevan años denunciando y que confirman los datos que maneja Hacienda: los delitos fiscales, aquellos que suponen más de 120.000 euros, no han dejado de caer desde 2011. Ese año se produjeron 1.024 denuncias por delito fiscal. En 2014, la cifra había caído a 391, el número más bajo desde 2004.
La Agencia Tributaria, castigada por dimisiones, imputaciones, escándalos de puertas giratorias y de uso político de la información fiscal, ha encontrado en la caza de ‘famosos’ otra vía para recuperar el crédito perdido. “Como ésa es una opinión que está asentada en la ciudadanía, parece que la Agencia Tributaria pretende hacer creer a golpe de filtración que está investigando a los grandes, así que de vez en cuando aparece el caso de algún jugador o algún artista”, dice _Mollinedo, para quien la publicación de la lista de morosos obedece a un intento de sortear esa misma crisis de credibilidad.
Pero por mucho que busque no encontrará a la familia Botín en la lista de morosos, pese a que su nombre aparecía en la lista Falciani junto al de la multimillonaria Alicia Koplowitz o el del exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas. ¿Cómo consiguieron mantener limpios sus nombres pagando un porcentaje menor que un autónomo sin pasar por la cárcel ni desembolsar penalizaciones ni intereses? Fue gracias a una carta enviada por la Agencia Tributaria en la que era advertido de su situación y en donde se le brindaba, al igual que a otros 300 grandes evasores españoles, una segunda oportunidad.
Por la actuación en el caso Falciani han sido imputados dos altos cargos de la Agencia Tributaria
Por esta actuación recientemente han sido imputados dos altos cargos de la Agencia Tributaria: María Dolores Bustamante, entonces exdirectora de Gestión, y Carlos Cervantes, exdirector de Inspección. La jugada también ha afectado a Juan Manuel Vera, exdirector de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, cuya imputación se considera inminente. Algo muy parecido había pasado dos años antes cuando, una vez más una filtración, en esta ocasión pagada por las autoridades alemanas, dejó al descubierto los datos de 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en el banco LGT de Liechtenstein. Hacienda instó a regularizar la situación de 67 de ellos, de los cuales sólo el 20% lo ha hecho.
Si los casos Falciani y LGT terminaron en una especie de amnistía oficiosa, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro decretó en 2012 una amnistía fiscal con todas las de la ley, la cuarta de la democracia, por la que los grandes evasores tuvieron la posibilidad de blanquear parte de su dinero pagando el 10% del capital aflorado, cuando pymes y autónomos pagan más del 20%. Y sin procesos por delito fiscal, sin penalizaciones ni intereses. Y sin tener que aparecer en ningún tipo de lista pública. La amnistía no era por supuesto para las rentas bajas: el 72% de los adscritos a la amnistía eran grandes fortunas y corporaciones.
“En todos estos casos, lo que se pretendía era que algunas personas relevantes que estaban en esas listas escaparan lo más airosamente posible y no tuvieran que pasar por el mal trago de un proceso en los tribunales por una denuncia de delito fiscal. En el caso concreto del HSBC, había varios miembros de la familia Botín que, incluso a día de hoy, están dirigiendo las entidades del grupo y que, si hubieran sido condenados por delito fiscal, no podrían hacerlo”, denuncia Molledo.
Como en las anteriores amnistías, también fue clave el afán recaudatorio en tiempos de recortes y déficit presupuestario. Sin embargo, para este sindicato de técnicos de Hacienda, resulta evidente que con las amnistías fiscales se pierde más de lo que se gana.
“1977, 1984, 1991, 2012... hay una cadencia de amnistías fiscales que permite a los grandes evasores ir retrasando la regularización hasta que llegue el perdón o prescriba el delito”, dice Mollinedo.
Tampoco aparecerá en la lista de morosos, afirma Mollinedo, la cementera Cemex, a pesar de que debe al fisco 455 millones de euros
Además, este tipo de actuaciones hacen que “quien contribuye se sienta discriminado”, creando un doble rasero que atenta directamente contra el slogan principal de la Agencia Tributaria –“Hacienda somos todos”– y a los mismos principios recaudatorios del fisco.
Tampoco aparecerá en la lista de morosos, afirma Mollinedo, la cementera Cemex, a pesar de que debe al fisco 455 millones de euros. El escándalo saltó en diciembre de 2013, cuando Dolores Linares, inspectora de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, fue destituida después de negarse a retirar una millonaria sanción a la filial española de la cementera mexicana. Su despido fue acompañado por la dimisión de su superior, Ignacio Ucelay, y, poco después, de la del jefe de inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, que ocupaba el tercer escalafón en la cúpula de la Agencia Tributaria.
Además de los recortes en recursos y personal –hoy la Agencia Tributaria cuenta con 3.599 puestos menos que en 2010–, los recortes que más han favorecido a las grandes fortunas han sido los de competencias de los técnicos de Hacienda para perseguir a los grandes defraudadores, denuncian desde Gestha.
“El 89,3% de la plantilla con competencia para liquidar deuda y poner sanciones tiene las competencias limitadas para investigar a contribuyentes hasta un determinado volumen de facturación. En el Área de Inspección, por ejemplo, el área donde se investigan los fraudes más sofisticados e importantes, los técnicos de inspección tienen limitadas sus competencias para investigar empresas hasta un máximo de 5,7 millones de euros de facturación anual”, relata Mollinedo.
Muchas veces, “la opción preferencial por los pobres” de la Agencia Tributaria se deriva de la urgencia por mostrar resultados rápidos en la lucha contra el fraude. Tal como indica el representante del sindicato de técnicos, las pequeñas empresas y los particulares están “mal asesorados” o no tienen ningún tipo de asesoramiento y “dejan muchos rastros” en la potente base de datos de Hacienda. Los funcionarios cruzan las declaraciones presentadas con la información de esta base e investigan las discrepancias.
“Aunque se elija la discrepancia mayor para ser investigada, te puedes imaginar quiénes incurren en estas discrepancias”, dice Mollinedo. “Una gran empresa no genera discrepancias porque tiene un gran despacho de contabilidad para evitarlo y un asesoramiento continuado para verificar que lo que ha hecho la contabilidad es correcto y no deja rastro”, continúa.
Más aún cuando quienes les asesoran han ocupado los cargos más altos en la Agencia Tributaria o incluso cuando han sido las encargadas de dirigirla. Más todavía, cuando han llevado –y siguen llevando– la cartera de Hacienda. Este último es el caso de Cristóbal Montoro, quien después de dejar el Ministerio de Hacienda en tiempos de Aznar (2000-2004), creo la empresa Montoro y Asociados Asesores, ahora llamada Equipo Económico, encargada precisamente de asesorar a las grandes empresas para pagar lo menos posible al fisco.
Es también el caso de sus socios en Equipo Económico, Mariano Ruiz Gallud, director general de la Agencia Tributaria durante su mandato, y Manuel de Vicente Tutor, antiguo subdirector general de planificación y programación de Hacienda. El último escándalo de puertas giratorias en el mundo tributario afectó al director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, que este año fichó por Deloitte Abogados, bufete especializado entre otras áreas en el asesoramiento fiscal a las grandes empresas.
Después de la publicación de la lista de morosos, los ciudadanos seguirán sin conocer quiénes son los responsables de la mayor parte de la deuda de 50.000 millones que tiene la Agencia Tributaria ni cuáles son las empresas que eluden el pago de impuesto por vías perfectamente legales, con las matrices en otros países europeos donde se paga menos impuestos o a través de paraísos fiscales.
“Los ciudadanos tienen derecho a conocer las multinacionales que están operando en nuestros país, qué volumen de operaciones de ventas tienen, qué volumen de beneficios declaran en España y cuánto pagan por ello en impuestos”, dice Mollinedo.
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