La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los dos mossos acusados de dejar sin un ojo a Ester Quintana en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 contra la reforma laboral. Así lo ha notificado la abogada de la acusación, Laia Serra, después de que el juez comunicara la sentencia a las partes. La sentencia de la Audiencia de Barcelona no dar por probado la autoría del disparo por el que Quintana perdió el ojo.
La Fiscalía pedía dos años de prisión para cada uno de los acusados,los agentes Eduardo Casas y Lorenzo Benjumea, mientras la acusación solicitaba para ellos nueve años de cárcel.
Durante el juicio, la defensa de los dos mossos d'Esquadra se basó en poner en duda la autoría precisa de los disparos. Quintana declaró que un agente bajó de una furgoneta en la confluencia de las calles Gran Vía y Paseo de Gracia y le disparó a una distancia de unos 30 metros.A través del análisis de fotos y vídeos, la acusación pudo precisar que ese furgón era el E-40.
La defensa ha puesto en duda esta atribución, y apuntaban que agentes que habían bajado de la furgoneta E-414 también podían haber efectuado los disparos.
"En el otro juicio, el de la calle, todo el mundo sabe que un agente de la BRIMO ha mutilado a una ciudadana y tendrá que vivir por siempre con eso", ha valorado por redes sociales Carla Vall, también abogada de Quintana. La abogada ha señalado también que Interior debe tomar medidas para controlar a sus agentes, "o no hay medios para saber la verdad o alguien no la ha dicho". También ha hecho referencia a las agresiones policiales sufridas por decenas de personas durante las protestas en el barrio barcelonés de Grácia a raíz del desalojo del Banc Expropiat.
Desde el centro de defensa de los derechos humanos Iridia, Andrés García Berrio ha señalado a Diagonal que "esta sentencia absolutoria es posible gracias al trabajo del área de asuntos internos de los Mossos d'Esquadra, por proteger a los responsables de dicha actuación". Berrio añade que "esto demuestra que es imprescindible luchar contra la violencia institucional" y subraya la necesidad de que las funciones de policía judicial en los casos en los que haya policías implicados recaiga en un cuerpo independiente de los cuerpos policiales.
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