Control público de las eléctricas

fuente: Pablo Iglesias

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución española. ¿Por qué deberíamos temer este debate cuando hablamos de las eléctricas? ¡Vete a Cuba! ¡Vete a Venezuela! gritarán nuestros adversarios ¿Y qué? Es incuestionable que el modelo eléctrico español no funciona. Está en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real. Hablamos de un modelo en el que los beneficios de estas grandes corporaciones no dejan de crecer al tiempo que el precio final de la electricidad que paga la gente no deja de aumentar. Decir esto es decir la verdad, nos llamen lo que nos llamen.

Es así mismo incuestionable que las remunicipalizaciones (nacionalizaciones a escala municipal en palabras del abogado experto en energía Daniel Pérez)   llevadas a cabo en varios municipios alemanes ha mejorado la calidad y el precio del servicio y es también cierto que en muchos de los países europeos en los que hay una o varias compañías eléctricas de titularidad estatal, se funciona mejor que en España. ¿Debemos temer que nos llamen radicales y extremistas por señalar lo evidente? Cosas peores nos han llamado y cosas peores nos llamarán y seguramente eso será señal de que estamos hablando de lo importante.

A día de hoy, cuando buena parte de nuestros compatriotas tienen problemas para pagar la factura de la luz, el papel de nuestra fuerza política debe ser el de señalar lo que el Gobierno y sus aliados no se atreven a decir: que el modelo eléctrico español que permite comprar a expresidentes y a exministros sentándolos en consejos de administración de grandes eléctricas a cambio de retribuciones impúdicas, no es sólo un modelo corrupto, sino ineficaz y obsoleto. Tan obsoleto como el sistema político que ha permitido durante décadas que una minoría se enriquezca a costa de mercadear con los derechos de los ciudadanos y con los recursos estratégicos del país.

¿Debe intimidarnos la ideología fracasada de esos señores que pretenden que nos parezcamos a ellos? Quizá en el pasado se pudo atemorizar a una parte de nuestro pueblo que tenía metido en el cuerpo el miedo a la dictadura, pero hoy hay una España joven y moderna que no cree a los que pretenden restaurar el sistema del turno y volver a la comodidad del bipartidismo a golpe de insultos y caricaturas.

Digamos la verdad sin miedo. En España hace falta un plan nacional de transición energética, que sirva para ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables. Eso implica una inversión estatal razonable (15.000 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costó rescatar a la banca) que crearía 400.000 empleos de calidad, fortalecería un tejido industrial propio y reduciría la dependencia energética de nuestro país. ¿Tenemos miedo de que nos llamen estatalistas por proponer lo evidente? ¿Tenemos miedo a que anuncien la llegada de las diez plagas de Egipto porque queremos perseguir con medios de verdad el fraude fiscal de los ricos y las grandes corporaciones para aumentar los ingresos del Estado? ¿Debemos algún favor nosotros a los que se enriquecen con la energía nuclear como para no plantear acabar con ella de una vez? Digamos la verdad; en España el Gobierno del PP   nacionalizó Bankia con dinero público después de que sus hombres –Rato y Blesa- la expoliaran, y una vez saneada a costa del dinero del contribuyente, pretenden volver a privatizarla. Digamos sin miedo que Bankia debe seguir nacionalizada porque España necesita una banca pública y digamos de una vez que las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es defender a la gente.

Este país necesita una fuerza política que diga la verdad y en estos días y en estos tiempos se están revelando muchas verdades que hay que señalar sin tener miedo a los reproches y a los insultos de los amos del poder. Como decía hace poco García Linera, la Globalización ha revelado sus límites y hay que decir a las claras que sin soberanía no hay democracia.

La nacionalización de las eléctricas no es la única ni la primera solución a los graves problemas del sector eléctrico español y tal vez no sea la mejor a corto a plazo, pero es una posibilidad que permite la Constitución y además es una excelente oportunidad para debatir qué hacer. Y para ello hay que partir de lo evidente; que el modelo privado no funciona y que un mayor control público de los sectores estratégicos que aseguran la soberanía del país, el ejercicio de los derechos sociales y la protección de los derechos humanos, es necesario para modernizar España y afrontar los retos del futuro.  Ayer señalamos frente a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que este organismo debe y puede intervenir. Es un organismo público independiente del gobierno facultado para supervisar, controlar y detectar cárteles, confabulaciones entre empresas en perjuicio del mercado y del consumidor. ¿Qué más tiene que pasar para que actúe?

No debemos temer llamar a las cosas por su nombre al tiempo que millones de ciudadanos están sufriendo los abusos de las eléctricas. Nuestro papel, como fuerza política, debe ser apoyar a los sectores de la sociedad civil que están planteando soluciones. Y debemos apoyarles en sus movilizaciones y campañas de concienciación pero también con nuestra acción parlamentaria y de gobierno en los ayuntamientos; no para ponernos medallas ni para competir con los demás partidos por las fotos y los titulares, sino para avanzar decididos hacia la modernización que necesita España para afrontar los retos del futuro, sin complejos y sin ningún miedo.