La
lucha contra el fraude a gran escala que se continúa produciendo con el
cobro de mordidas a los profesores que imparten cursos de formación
financiados con fondos europeos puede tener un impulso inesperado
gracias a un docente de Logroño. Una denuncia de este profesor por pagos
irregulares a los que obligan algunas academias ha conseguido que el
juzgado de Instrucción número 3 de Logroño -con el apoyo de la Audiencia
Provincial- siente en el banquillo por estafa a dos empresas y a la
fundación de UGT Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) por
haber cobrado presuntamente estas "mordidas".
Este juicio es muy importante para centenares de docentes que han tenido que devolver parte de su sueldo a las academias, como ha acreditado eldiario.es en grabaciones y documentos,
porque les abre una vía para reclamar el dinero si la justicia lo acaba
considerando una estafa. Hasta la fecha, la Fiscalía Anticorrupción, la
Agencia Valenciana Antifraude y la Intervención General del Estado
investigan este presunto fraude por la vía de los posibles delitos de
fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos combinados
con falsedad documental o delito fiscal. En estos casos el docente nunca
recuperaría el dinero que factura y que le obligan a devolver para seguir trabajando.
Así, el juzgado de Instrucción número 3 de Logroño sienta
en el banquillo a los empresarios Hipólito Merino y Salomé Torres; al
exsecretario general de UGT La Rioja y exdiputado autonómico del PSOE
José María Buzarra y a la empresa Cenformadu SL y el Instituto de
Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente del sindicado. Los ya
acusados se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel y les han fijado
una fianza de responsabilidad de 203.000 euros. Estas penas las pide el
abogado del profesor Roberto G. B., mientras la Fiscalía ha propuesto el
sobreseimiento a última hora después de haber acusado por malversación
durante todo el proceso. La Abogacía del Gobierno de La Rioja también ha
pedido el archivo.
El caso del docente riojano es muy
similar a otros casos publicados en este periódico. Los hechos se
remontan a los años 2008 a 2012 cuando el profesor impartía cursos de
formación financiados por la UE para el Servicio Riojano de Empleo a
través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales de
UGT. La fundación a su vez subcontrataba a la academia Cenformadu. En
uno de los cursos de soldadura que impartió el docente se le contrató
para 955 horas y las dio. Pero solo cobró por 409. Las otras 546 las
facturó y cobró el empresario de la academia ahora procesado Hipólito
Merino con "la anuencia" de Buzarra, que es quien habría autorizado los
pagos ocultándoselo al docente. Este modus operandi se realizó en otros
cursos similares, según se desprende del escrito de acusación del
profesor.
En otra ocasión, para conseguir las mordidas
al profesor en los cursos de la fundación de UGT, la academia Ceformadu
cobró al docente por el "uso del local y los equipos de soldadura".
Este espacio y herramientas a su vez habían sido arrendados previamente a
través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales para
justificarlos ante la administración pública. Un modus operandi similar
al que investiga la fiscalía de Alicante en algunos centros de la
provincia denunciados por la Agencia Valenciana Antifraude para poder
recuperar las presuntas mordidas. Estos pagos de alquileres se
acompañaban de la correspondiente reducción de horas en el contrato, que
no de las que realmente impartía el profesor.
En otro
caso fue el empresario el que cobró directamente la mordida al profesor
para mediar con Buzarra y la fundación de UGT para que volviera a ser
contratado. El docente era contratado a 18 euros la hora pero en
realidad tenía que facturar entre 40 y 50 euros, que es el precio
oficial que se pagaba a los docentes en estos cursos para parados
cofinanciados por la UE.
Desde UGT la Rioja han
mostrado su sorpresa por la apertura de juicio oral porque consideran
que "el sindicato no ha hecho nada mal" y que el caso es "una denuncia
entre un profesor y la academia que lo contrataba". Las mismas fuentes
han expresado que están a disposición de la Justicia y "entregarán toda
la documentación que se les reclame".
Desde el
sindicato señalan que desde 2015 ya no imparten formación y que tanto la
fiscalía como la abogada de la comunidad autónoma han pedido el archivo
del caso. "La fundación IFES subcontrataba a la academia, por lo que no
entendemos por qué después de tantos años nos vemos inmersos en este
proceso", manifiestan.
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