Cuando Yolanda Díaz dio sus primeros pasos como ministra de Trabajo ya avisó por entonces que le declararía la guerra a la subcontratación, para la que planteaba importantes cambios. Un plan que no se modifica. De hecho, el Gobierno ya ha comunicado a la Comisión Europea su intención de poner coto a las externalizaciones de servicios de las empresas cuando sean un “mero instrumento” para bajar los costes laborales.
Así se indica en el documento enviado a Bruselas por Moncloa con las reformas adheridas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha tenido acceso este periódico en exclusiva. Se trata, concretamente, de las "fichas" referidas a las reformas del mercado laboral que el Ejecutivo ha prometido ejecutar.
La referida a reforma en pensiones y en el ámbito laboral es la que hace el número 30 y última. A causa de las graves desavenencias internas en el Gobierno se retrasó más de un mes respecto a las 29 anteriores. Bruselas exige a cada Estado miembro esta información como paso previo para optar al fondo Next Generation EU, negociado en el histórico Consejo Europeo del pasado mes de julio.
El documento, fechado el 18 de enero, -"fue enviado en la tarde noche del lunes", explicaban a este diario fuentes de Presidencia-, se titula Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones. Y la parte del mercado de trabajo, explica en seis folios las 17 reformas que pretende abordar el Ejecutivo en los próximos seis años, el plazo de entrega de los 140.000 millones de euros a los que aspira España.
En el texto, la Reforma 8. Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales se aborda la limitación a la externalización. Y el documento recoge que el objetivo del Gobierno de “evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas".
Sentencias
Las medidas que se plantearan irán en la línea de “las sentencias recientes del Tribunal Supremo”. De esta manera, se pretende logra un “uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes”.
Así, el Ministerio de Trabajo buscará “avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”.
La limitación de la subcontratación es uno de los principales objetivos que tiene Díaz desde que llegó al Ministerio de Trabajo. De hecho, junto a la recuperación de la negociación colectiva (que también se plantea en la propuesta de reformas que se ha mandado a Bruselas), se encontraba entre los primeros cambios que quería hacer.
Pero la reforma laboral sigue siendo una china en el zapato de Pedro Sánchez. El presidente ha decidido congelarla porque ésta era una de las razones que le llevó a confesar que no dormiría por las noches con Pablo Iglesias de vicepresidente. O hace caso a su vicepresidente social o hace caso a su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que viene de Bruselas.
Moncloa necesitaba enviar el informe con premura, pero el desacuerdo con el ala morada del Gobierno seguía siendo imposible de soslayar. Así, Presidencia optó por una redacción ambigua en determinados aspectos para que la pelea entre socialistas y morados no llegara a Europa. En concreto, el texto sólo sobrevuela ideas generales en lo tocante a la negociación colectiva y a los cursos de formación.
Diálogo social
Y todo apunta que el punto de la subcontratación será otro de los grandes desencuentros en el Diálogo Social. Según indican fuentes de la negociación, se asume que el acuerdo es prácticamente imposible con la CEOE.
En el Ministerio de Trabajo son conscientes de esta situación, y asumen que se pueden ver obligados a legislar sin acuerdo con todos los agentes sociales. Otra cosa es que otros ministerios o Presidencia respalden esta postura.
Cabe recordar que la intención del departamento de Díaz era aprobar incluso sin pacto una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero, finalmente, se ha frenado de manera indefinida.
Cambios en contratación
Como ha venido contando este medio en exclusiva, el Gobierno ha enviado a Bruselas un total de 17 reformas para el mercado laboral. Algunas de ellas, indica el texto, ya implementadas como la regulación del trabajo a distancia o las medidas para eliminar la brecha de género.
Con las reformas se pretenden resolver algunos de los problemas endémicos del mercado laboral español, como “reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a la precariedad laboral”.
Para ello, además, se simplificarán y se reordenarán “las modalidades de contratación laboral” y se generalizará la contratación indefinida, “devolviendo la causalidad al contrato temporal”.
En este contexto, también se apuesta por revisar la “aplicación del contrato fijo-discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad”.
ERTE
Para ello, Trabajo penalizará “el uso excesivo de contratos de muy poca duración” y atajará “el fraude laboral”. Cabe recordar, además, que se plantearán fórmulas para que el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sea más habitual y sirva para limitar los despidos.
Además, se abordan cuestiones como la creación de la ‘Ley Rider’, que todavía se sigue negociando en el Diálogo Social, y medidas para abordar el paro juvenil, como la revisión del contrato en prácticas y para la formación.
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