Puri Prieto trata de esconder su dolor tras unas gafas oscuras que ocultan cada lágrima que brota de sus ojos cuando habla de su padre. Julián fue uno de los residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia en el geriátrico público Adolfo Suárez de Madrid. Tenía un problema intestinal que le producía hemorragias. Una dolencia que le obligaba a seguir un tratamiento continuo en el centro hospitalario. Hasta que la crisis sanitaria lo cambió todo. "Mi padre empezó a sangrar, a tener fiebre y a presentar dificultad respiratoria", cuenta Prieto. La familia hizo todo lo posible para que Julián fuera trasladado al hospital. En un primer momento, le dijeron que era imposible. Por su edad y por su condición de dependiente. Y para cuando lo lograron, ya era demasiado tarde. El hombre falleció el 2 de abril. Y su hija no pudo ni siquiera despedirse. "Lo único que vimos fue un féretro y, sobre él, una hoja con su nombre".
Prieto cuenta su historia a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde este jueves se ha tomado declaración como testigos al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y la ex directora general de Salud Pública Yolanda Fuentes. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, ambas declaraciones han servido para confirmar que el Protocolo de la Vergüenza de la Comunidad de Madrid, ese que prohibió en los momentos más críticos de la pandemia derivar a centros médicos a ancianos enfermos de residencias con un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, fue cumplido "escrupulosamente" por residencias y hospitales y que no se trataba de un simple "borrador", como se encargó de difundir el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuando infoLibre desveló su existencia.
Este jueves también estaba llamado a declarar el ex director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, el alto cargo del Ejecutivo regional que firmó dicho documento. Sin embargo, no se ha presentado. "Al parecer, no le han podido notificar la citación", explican las fuentes consultadas. El médico, que ahora trabaja para el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, había sido citado a declarar como testigo. Pero las familias personadas en la causa, que critican que aún no hayan sido llamadas a declarar en sede judicial, están estudiando pedir que finalmente comparezca como investigado. Al fin y al cabo, consideran que está perfectamente demostrado que él estampó su rúbrica en el protocolo que impidió las derivaciones. De hecho, fue algo que el propio Mur reconoció en otro procedimiento similar que se sigue en un segundo juzgado.
"Manto de oscuridad, abandono y olvido"
La historia de Prieto coincide con la de Ángela Arreba. Esta mujer aragonesa perdió a su madre en la residencia privada Amavir Arganzuela. Se llamaba Julia. "Parada cardiorrespiratoria con posibles síntomas de covid", relata su hija. A sus 91 años tenía algunos achaques, sí. Pero, en principio, nada que pudiera ser mortal. "El 30 de marzo me dijeron que tenía diarrea y que había perdido la consciencia, pero que le metieron suero y recuperó", explica Arreba. Pero a partir de ahí, todo fue a peor. La mujer empezó a tener baja oxigenación y se le encharcaron los pulmones. Una agonía que se prolongó hasta el 6 de abril. "Hasta entonces, su derivación era imposible. Pero esa noche nos ofrecieron la posibilidad de trasladarla", cuenta su hija. La familia, tras escuchar al médico, decidió no hacerlo. Pocas horas después, Julia había fallecido.
"Yo no sé si se hubiera salvado o no, pero si el mismo día 30 se la hubiera permitido ir a un hospital cabe la posibilidad de que se hubiera recuperado", resalta Arreba. Ella es una de las denunciantes en este procedimiento judicial, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid. Igual que Prieto. Una causa que se abrió por la interposición en 2021 de varias querellas por parte de familiares de siete fallecidos en estos dos centros sociosanitarios. Seis perdieron la vida en la Adolfo Suárez. Y una, la madre de Arreba, en Amavir Arganzuela. "Se ha querido imponer un manto de oscuridad, de abandono y de olvido que no podemos permitir. Que nadie haya admitido una mínima responsabilidad en lo que ocurrió me hace preguntarme si estoy en una sociedad democrática del siglo XXI", resalta la hija de Julia, que solo pide que se investigue a fondo lo ocurrido.
Ambas mujeres no se han movido de Plaza de Castilla hasta que no han finalizado las dos testificales. Unas comparecencias que se prolongaron durante algo más de una hora y que han venido a confirmar, otra vez más, la existencia del Protocolo de la Vergüenza y su aplicación. "Lo que es innegable es que había unos protocolos de la Comunidad de Madrid, hasta cuatro versiones en marzo de 2020, y que fueron escrupulosamente cumplidos tanto por los hospitales como por todas las residencias", ha señalado Jesús Mandri, que representa a Amavir, quien ha insistido que su centro no tenía "ninguna opción" y debía "cumplir" con el contenido de esos documentos.
El departamento de Fuentes recibió el protocolo
Las directoras y médicas de las dos residencias que están investigadas en la causa ya contaron este miércoles al juez que en aquellos días fatídicos la existencia de los protocolos provocaba que los geriatras de los hospitales de referencia no autorizasen los traslados. Unos documentos de los que ya habló el pasado mes de marzo el exconsejero Reyero en otra causa similar que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº9. Entonces, señaló que los protocolos existieron, se aplicaron y tuvieron consecuencias. Algo en lo que ha vuelto a insistir en su comparecencia de este jueves. En este caso, más que en datos generales, el juez ha querido centrarse en los protocolos. Pero eso no ha impedido que se pusieran cifras sobre la mesa. Por ejemplo, ha señalado que si en situación normal el 80% de los residentes fallecidos lo hacen en un hospital, en pandemia fue el 20%.
Además, el extitular de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento se opuso a aquellos protocolos por considerarlos "inmorales" y "posiblemente ilegales", ha recordado que "solo el 10% de las personas que fallecieron" en esas dos residencias durante los momentos más duros de la pandemia lo hicieron en centros hospitalarios. En Amavir Arganzuela, según la información oficial obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, perdieron la vida 62 personas en las cuatro semanas más críticas –del 9 de marzo al 5 de abril– y sólo se produjeron ocho traslados. En la Adolfo Suárez, por su parte, murieron en ese mismo lapso de tiempo 79 personas y tan sólo se registraron tres derivaciones. La primera se produjo el 27 de marzo, tras 22 días sin que hubiera una sola salida de residentes del centro público al hospital.
Además de Reyero, también ha comparecido como testigo en Plaza de Castilla la ex directora general de Salud Pública Yolanda Fuentes. Es la primera vez que esta médica, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, declara ante un juez por las muertes en residencias. Y ante el juez, según exponen fuentes jurídicas, ha confirmado que a su Dirección General llegó el Protocolo de la Vergüenza. Lo que deja claro, a ojos de la defensa de las familias, representadas por el abogado Andrés Ollero, que aquel documento no era "ningún borrador".
Pladigmare pide justicia
Alrededor de medio centenar de personas han arropado a las familias de durante toda la mañana a las puertas del juzgado. Lo hicieron pancarta en mano: "Fueron abandonadas a su suerte. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del covid-19 en las residencias". "La actuación en general de la Comunidad de Madrid durante la primera ola ha podido ocasionar el fallecimiento de miles de personas en las residencias", ha señalado Miguel Vázquez Sarti, portavoz de la plataforma Pladigmare. En concreto, solo en marzo y abril, los meses más críticos de la pandemia, perdieron la vida en los geriátricos de la región sin ser llevados a un hospital 7.291 mayores. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que se aprobase el Protocolo.
"Creemos que todo esto debería tener responsabilidad penal. No solo se dictaron aquellos protocolos, sino que tampoco se utilizó el personal de la Atención Primaria para atender a los residentes. Ni se les derivaba ni se les atendía en los centros. Por lo tanto, se les estaba condenado a muerte", ha continuado Vázquez, que ha pedido a la justicia que "investigue a fondo" para que se pueda ver "con claridad" que no hay ningún tipo de freno ni presiones para que todas estas tragedias terminen cayendo en el olvido. "Creemos que se están dando los primeros pasos", ha concluido.
A pocos metros del portavoz de Pladigmare se encuentra Magdalena. La mujer, vestida con un peto naranja, cuenta a quien quiere escucharle su historia. Llevó a su padre a la residencia Riosalud tras sufrir un ictus. "Él se tenía que recuperar y allí tenían los aparatos y especialistas necesarios", explica. Relata que en el centro estuvo tres meses. Y que le quedaba, aproximadamente, uno más antes de volver a casa. Pero estalló la pandemia y las puertas del geriátrico se cerraron a cal y canto. "Ningún médico me informaba de cuál era su estado. Entonces, me planté y pedí verle por videollamada. Me lo encontré en una silla de ruedas", señala. Fue entonces cuando exigió que lo sacaran hacia el hospital de inmediato. Y al poco, falleció. "La doctora que le atendió en el Puerta de Hierro me dijo que estaba desnutrido y deshidratado", sentencia.
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