La popular compañía de reparto de alimentos, Uber Eats, se encuentra bajo escrutinio después de ser objeto de un reclamo legal en relación con presuntas prácticas de estafa y la potencial implicación en delitos económicos. Este reclamo alega que la empresa ha estado utilizando de manera inapropiada a sus repartidores bajo la figura de falsos autónomos desde 2017.
Para adaptarse a las regulaciones, particularmente después de la aprobación de la Ley Rider en 2021, Uber Eats recurrió a la externalización de sus actividades, lo que resultó en la subcontratación a diversas compañías. Esta transición ha sido señalada como fraudulenta por varios grupos de defensa laboral, alegando que genera una atmósfera de inseguridad laboral y constante rotación de personal.
Además, existe un fuerte señalamiento contra la empresa en relación con supuestas violaciones fiscales, donde se sugiere que Uber Eats ha evadido sus responsabilidades fiscales, particularmente en lo que respecta al IVA. Según las acusaciones, esto se logra al forzar a sus trabajadores a emitir facturas inexactas que benefician financieramente a la empresa.
El marco legal se intensifica aún más con las revelaciones de 2022, cuando se filtraron numerosos documentos internos de Uber. Estos documentos, que detallan estrategias para operar en jurisdicciones donde su modelo de negocio no era permitido, han llevado a algunos a comparar la operación de la empresa con actividades criminales. Estas filtraciones también revelan comunicaciones con figuras políticas de alto perfil.
Dada la gravedad de estas acusaciones y la comparación con el caso similar de Glovo, hay una demanda en marcha para que la empresa sea investigada y enjuiciada como organización criminal.
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