"En un giro político preocupante, el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el alcalde del PSOE Jaume Collboni, se prepara para revocar una medida progresista de vivienda, cediendo a presiones del sector inmobiliario y contando con el apoyo de partidos conservadores. La normativa en cuestión, que exigía a los promotores inmobiliarios destinar un 30% de los nuevos proyectos a vivienda social, fue una conquista significativa para los movimientos de vivienda y vecinales en 2018. Esta política, única en su tipo a nivel local en España, se consideró un paso adelante en la lucha contra la crisis de vivienda, particularmente en Barcelona, donde solo el 1.5% del parque habitacional es público.
La ley, respaldada por partidos de izquierda y asociaciones ciudadanas, pretendía aumentar el parque de vivienda accesible en una ciudad marcada por altos precios y especulación inmobiliaria. Sin embargo, desde su implementación, ha enfrentado obstáculos, incluyendo retrasos en su aplicación y tácticas evasivas por parte de promotores. A pesar de ello, ha logrado un impacto modesto, agregando 60 viviendas al parque público, aunque se esperaba más. La derogación de esta norma, según críticos como la PAH y el Sindicat de Llogaters, representa un retroceso en los derechos habitacionales y un triunfo para los lobbies inmobiliarios.
Además, se argumenta que la medida apenas comenzaba a ser efectiva y su eliminación parece responder a una campaña de desinformación y presión por parte de intereses privados. La decisión del ayuntamiento de modificar la ley con un grupo de expertos, excluyendo a representantes de movimientos sociales, ha generado más críticas. Este cambio podría afectar no solo a Barcelona, sino también ser un mal precedente para otras ciudades españolas que enfrentan desafíos similares en materia de vivienda."
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