18 feb 2014

La alcaldesa de Valencia estudia prohibir las protestas junto al Ayuntamiento y la Generalitat

Una nueva ordenanza municipal puede conseguir lo que no han logrado años de olvido por parte de la sociedad valenciana y los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra: callar la voz de la Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J), que pedía una nueva investigación sobre las causas del accidente que el 3 de julio de 2006 que acabó con la vida de 43 personas.


Según ha adelantado la Cadena Ser, este viernes irá al pleno municipal una modificación de la ordenanza municipal sobre ocupación de la plaza del Ayuntamiento, donde hace casi tres años estuvo la acampada del 15M y de la Virgen, donde cada día 3 se concentran los familiares de las víctimas del accidente del metro. Esta concentración, desde la emisión del programa Salvados que denunciaba el cierre en falso del accidente.
“No se autorizará ninguna solicitud de ocupación del dominio público municipal en los espacios centrales de la Plaza del Ayuntamiento y de la Plaza de la Virgen, quedando los mismos reservados para los actos que pueda organizar el Ayuntamiento, así como para aquellos en los que participe o colabore éste”, se puede leer en el texto que aseguran desde la emisora de radio que irá al pleno el próximo viernes.
Desde la AVM3J aseguran que no saben “cómo les afectaría esta nueva ordenanza” ya que ellos suelen pedir el permiso a la Delegación de Gobierno. La presidenta de la asociación, Beatriz Garrote, ha mostrado sorpresa: “No tiene mucho sentido que solo se use para actos del Ayuntamiento, la plaza es de la ciudadanía”.


Para la asociación de víctimas, esta plaza es emblemática ya que cada día 3, desde aquel fatídico julio de 2006 se reúnen allí. “No sé lo que haríamos si finalmente se aprueba”, explica Garrote, “lo que sí tenemos claro es que no queremos un trato de favor respecto a otros colectivos”.
Desde la oposición, el primer grupo en reaccionar ha sido Compromís. Su portavoz en el grupo municipal ha anunciado que si se aprueba esta ordenanza “llevaremos este ataque a los derechos básicos de la ciudadanía al contencioso administrativo”. Además, “animan” a la ciudadanía a exigir sus derechos fundamentales y a practicar la desobediencia civil”.


Por su parte, Salvador Broseta, portavoz adjunto del PSPV en el ayuntamiento, ha anunciado que su formación presentará alegaciones si, finalmente, el texto se aprueba en esos términos. Asimismo, ha considerado que el borrador es una “copia de Madrid”. Así, ha indicado que desde la capital española el Partido Popular con la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, “a la cabeza, está intentando limitar el derecho constitucional”.
Por otro lado, el borrador sobre ocupación del espacio entronca con las reservas que mostró las pasadas navidades la alcaldesa por la instalación en la plaza del Ayuntamiento, por parte de la asociación de comerciantes, de una pista de patinaje.

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