24 mar. 2017

El Gobierno desahucia al expropietario de la Real Fábrica de Tapices tras 20 años de 'ocupa' en el edificio

Livinio Stuyck fue el último propietario privado de la Real Fábrica de Tapices. La traspasó a una fundación creada por el Gobierno a finales de 1996, cuando estaba al borde de la quiebra. Fue Esperanza Aguirre quien lideró el rescate de esta antigua manufactura de tapices, que fundó Felipe V, y en la que el Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento emplearon trescientos millones de pesetas (1,8 millones de euros) del dinero público para salvarla del cierre.
Aunque la empresa ya no le pertenece y su sede es propiedad del Estado, su antiguo dueño, Livinio Stuyck, junto a su familia, lleva más de dos décadas viviendo gratis en las dos últimas plantas de la Real Fábrica de Tapices. Su casa es un 'dúplex' de casi setecientos metros cuadrados dentro de un edificio protegido como Bien de Interés Cultural, propiedad al cien por cien del Estado. Este jueves, 20 años después de que la Real Fábrica dejase de ser suya, el Ministerio de Cultura ha pedido a Livinio Stuyck que entregue las llaves de esta parte del edificio en la que, según fuentes de la fundación, reside sin contrato y sin pagar alquiler alguno.
La familia Stuyck y sus antepasados fueron dueños y gestores de la Real Fábrica durante casi tres siglos. Son descendientes de Jacobo Vandergoten, el tapicero flamenco que el rey Felipe V trajo a España desde Amberes en 1720 para fundar esta manufactura de tapices y alfombras de lujo, inspirada en los reales talleres franceses.
En 1996, esta fábrica en la que llegó a trabajar Francisco de Goya, agonizaba con 236 millones de pesetas (1,4 millones de euros) de deudas, entre impagos a la Seguridad Social, a los trabajadores, a los bancos y a la Agencia Tributaria. La entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, decidió su rescate con dinero público. "275 años de historia no pueden desaparecer por un problema económico menor",  declaró entonces Aguirre.
La operación se cerró con trescientos millones de pesetas aportados entre tres administraciones públicas, todas ellas gobernadas por el PP –el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento– y otros cien millones de pesetas más de la Fundación CajaMadrid, controlada entonces por Miguel Blesa, también nombrado por el PP.  El 24 de enero de 1997 se publicó en el BOE la inscripción de la nueva fundación y sus activos y deudas. En el BOE no figura evidencia alguna de que el acuerdo incluyese que Livinio Stuyck pudiese mantener su residencia en la Real Fábrica.
La empresa pasó así a manos mayoritariamente públicas, aunque el edificio en sí ya lo era. Es propiedad del Estado desde su construcción en 1889 –antes la Real Fábrica tuvo otras sedes–. Se trata de un inmueble de 6.913 metros cuadrados situado en la calle Fuenterrabía número 2, en una de las mejores zonas de la almendra central de Madrid, entre la estación de Atocha y el Parque del Retiro.
En el catastro no figura vivienda alguna en ese edificio: los usos son de almacen, de oficinas, de aparcamiento... La realidad es que los Stuyck llevan residiendo allí desde hace siete generaciones. Es común ver a Livinio Stuyck entrar y salir de la casa, o sacar la basura, por la misma recepción donde los turistas compran sus entradas para visitar la colección de tapices de Goya que allí se expone. Stuyck y su familia conviven con los empleados que restauran los tapices y alfombras del Congreso de los Diputados, del Palacio Real o de muchos otros edificios históricos.
Tras el rescate público, Linivio Stuyck permaneció cinco años más como director general de la Real Fábrica. Fue destituido en junio 2002 por el patronato de la fundación. En aquel momento  el diario ABC informó de la peculiar situación de su vivienda. Desde la fundación se aseguró entonces que había "un problema" con la casa y que tras su destitución se entablarían "conversaciones amistosas" para solucionarlo. Han pasado 15 años desde que Livinio dejó la dirección, 20 desde que renunció a su empresa, y hoy sigue viviendo en esa casa.
La realidad es que nadie ha reclamado formalmente la salida de Livinio Stuyck del edificio hasta la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid. Ha sido el nuevo equipo municipal quien ha presionado al Ministerio de Educación y Cultura para que iniciase el desalojo del expropietario de la Real Fábrica de este edificio público, tras detectar esta situación en una auditoría interna en octubre de 2015, según fuentes del patronato. En ese mismo verano, la Real Fábrica se llegó a declarar en concurso de acreedores. Las pérdidas en ese momento superaban los cinco millones de euros y hacía meses que no se pagaba la nómina de los trabajadores o los recibos de la luz y el agua. 

Orden de desalojo
Este jueves, a mediodía, funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, la Abogacía del Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han trasladado a la Real Fábrica de Tapices para ejecutar la orden de desalojo administrativo para que Livinio Stuyck y su familia abandonasen el edificio, dos agentes de la Policía Nacional flanqueaban la puerta de la Real Fábrica. Stuyck se encontraba en esos momentos con una hija en el inmueble y dos abogados que han argumentado que tenía derecho a permanecer en la vivienda dos días mñás, según han informado a eldiario.es fuentes presentes en el momento del desalojo frustrado. El próximo martes, los representantes de las administraciones volverán a la Real Fábrica para que Stuyck abandone el inmueble. 
Hace más de una semana, Stuyck fue informado por la Abogacía del Estado de que este jueves debía dejar la vivienda. Meses antes se le solicitó que aportase algún documento de propiedad o alquiler que justificara su residencia en el edificio. Según fuentes conocedoras del caso, no hubo respuesta en ese sentido.
"Stuyck está informado del desalojo desde hace más de una semana y creemos que se pueden dar varios escenarios cuando los funcionarios procedan con el desalojo", explican estas mismas fuentes a eldiario.es. Aún no saben si el lunes accederá a dejar la propiedad o presentará algún tipo de batalla legal para frenar un desahucio extremadamente inusual. No es muy común que un 'ocupa' permanezca durante dos décadas en un edificio público, protegido por la dejadez y el silencio de tantas administraciones, escondido bajo la alfombra.
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