9 may. 2017

Indultos a políticos y corrupción: lo que gobiernos y empresas te ocultan en Google

Y en una época en la que todos quieren salir en Google, ¿puede haber quienes no sólo no quieran no salir, sino que, de hecho, pongan todo su empeño endesaparecer de los buscadores? Sí: los que consideran que su presencia en Google les perjudica. Y si el que no quiere salir es el dueño de la propia web o del contenido, tiene una poderosa herramienta a su disposición: la desindexación de contenidos. 
Esta práctica parte del famoso 'robots.txt', un proceso mediante el que un webmaster puede decidir qué contenido de su web no aparecerá en Google. El procedimiento técnico es sencillo: basta con insertar en el archivo las direcciones web de tu página que no quieras que sean indexadas en Google. Al subirlo al dominio principal (www.nombredelaweb.com/robots.txt), las llamadas 'arañas' de Google tendrán ante sí un aviso: el webmaster no quiere que las urls que contiene ese archivo puedan aparecer en una búsqueda de Google. El contenido seguirá disponible en la web, pero, por lo general, no aparecerá en los resultados de los buscadores.
La desindexación y el robots.txt suelen ser usados por webmasters para desindexar contenido irrelevante (información duplicada, páginas de acceso...), pero, en los últimos años, esta práctica ha contado con un inesperado adepto: las administraciones públicas y sus diarios oficiales, que deciden desindexar cierta información bajo intereses no siempre objetivos ni públicos.
Hay varios ejemplos. La Comunidad de Murcia, por ejemplo, tiene desindexada la dirección en la que da información sobre la calidad de su aire. Pero no se queda ahí: también tiene desindexado el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Lo mismo pasa en Castilla-La Mancha: la Junta de Comunidades tiene desindexado el Diario Oficial de C-LM.
En el casos de ambas regiones, los dos boletines públicos y oficiales están disponibles en su propia página web, pero no intente buscar contenido suyo en Google: no lo encontrará.
Hay más casos: durante un tiempo, la web del Senado tuvo desindexadas las fichas informativas de sus señorías, en las que aperecen, entre otras cosas, las empresas privadas en las que han trabajado. También ocultaron sus iniciativas parlamentarias: si se realizaba una de estas dos búsquedas en Google, el buscador avisaba al internauta de que dicha información no podía ser descrita, ya que estaba insertada en el robots.txt de la web de la Cámara Baja. Fuera ya de la seriedad parlamentaria, el caso más curioso es el de Iñaki Urdangarín, al que la Casa Real ha desterrado de su web.


Así luce el 'robots.txt' de la web de la Comunidad de Murcia.
Así luce el 'robots.txt' de la web de la Comunidad de Murcia.
El BOE, el rey de los contenidos desindexados
Pero si hay una institución que se lleve la medalla de oro en hacer 'desaparecer' contenidos de cara a Google es el Boletín Oficial del Estado (BOE): a día de hoy, su robots.txt cuenta con más de 16.000 publicaciones que permanecen ocultas para los buscadores.
"La mayoría son notificaciones a particulares o desindexaciones hechas a petición de afectados que reclaman el derecho al olvido", nos cuenta Eva Belmonte, directora de la Fundación Civio y autora de El BOE nuestro de cada día. Sin embargo, hay otros contenidos cuya desindexación "no tiene sentido sentido y no conocemos los criterios".
En esta maraña de contenidos ocultados de cara a Google, la palma se la llevan los indultos a políticos corruptos y empresarios condenados por diversos delitos. Haciendo un rapidísimo rastreo en el archivo encontramos desindexados indultos como el de una candidata de CiU a las elecciones de Hospitalet de Llobregat, el de Miguel Escudero Arias-Dávila, condenado por estafa como cerebro de una red de fraude de IVA, y el de Fernando Peña Álvarez (cerebro del despacho fiscal Nummaria que utilizaron Imanol Arias, Ana Duato y Carmen Posadas para evadir impuestos), condenado en 2004 por apropiación indebida, entre otros.
Todos estos indultos, por tanto, tienen algo en común: "Quien use el buscador del BOE podrá encontrarlos, pero quien lo haga esos nombres en Google no verá su indulto a menos que lo haya contado algún medio de comunicación", asegura Belmonte.


El Senado desindexó las fichas de sus señorías. Imagen: quienmanda.es.
El Senado desindexó las fichas de sus señorías. Imagen: quienmanda.es.
¿Qué criterios sigue el BOE?
Si unos contenidos se desindexan y otros no, la pregunta parece evidente: ¿qué criterios (en caso de haberlos) sigue el BOE a la hora de desindexar un contenido u otro? ¿Lo hace de oficio? ¿O a petición de los afectados? Y si espera a la petición del afectado, ¿en función de qué argumentos concede unas desindexaciones y desestima otras?
Desde el Boletín Oficial del Estado aseguran a este periódico que "no es posible alterar el contenido del diario oficial ni su integridad. Por ello, cuando concurren razones de protección de datos únicamente cabe excluir de los buscadores de internet y de las bases de datos aquellos documentos publicados, pero manteniendo siempre la posibilidad de acceso mediante la consulta directa del diario oficial de la fecha correspondiente".
En este contexto, aseguran, "no cabe la desindexación automática del Diario Oficial. La desindexación, cuando procede, se realiza siempre a instancias del interesado. La solicitud de desindexación se resuelve atendiendo las circunstancias de cada caso concreto, de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos".
En cuanto a los posibles criterios de desindexación, desde el BOE atribuyen la responsabilidad a la Agencia Española de Protección de Datos: si un indultado solicita la desindexación, "esta se lleva a cabo en el momento en el que se cumpla la finalidad del indulto. Para la Agencia Española de Protección de Datos, dicha finalidad se cumple cuando finaliza el periodo de tiempo establecido en el propio Real Decreto de Indulto".
"No hay criterios objetivos para desindexar"
Los argumentos esgrimidos por el BOE no concuerdan con la visión de Samuel Parra, jurista especializado en protección de datos y socio de ePrivacidad. "No hay criterios objetivos que digan claramente qué se desindexa y qué no. Si estás acostumbrado a trabajar estos temas acabas encontrando algunos, pero el BOE nunca ha marcado unos criterios fijos. La mayoría de desindexaciones son por derecho al olvido, y la Ley de Protección de Datos dice que el ciudadano tiene derecho a solicitar la desindexación pasado un tiempo, pero no detalla los plazos ni los criterios. Si nos ponemos a mirar el robots.txt del BOE encontramos contenidos cuya desindexación no está justificada".
Parra ofrece casos concretos. Uno de los últimos contenidos desindexados por el BOE es la pérdida de la condición de funcionario de un policía nacional. Pese a que dicho castigo dura 16 meses desde febrero de 2017, el contenido ya ha sido desindexado y está incluido en el robots.txt del BOE.
"Tiene sentido desindexar las notificaciones dirigidas a una persona en particular", asegura Eva Belmonte, "pero en otras desindexaciones, como las de indultos a personas sin relevancia pública, es difícil ser tajante. Imagínate a alguien que hace 20 años, siendo un chaval de 18, fue condenado tras un menudeo de drogas y le indultan diez años después, cuando su vida ha cambiado y opta a un puesto de trabajo. A lo mejor es lógico que no se le pueda encontrar en Google... o a lo mejor no lo es, porque quizá el empresario sí tiene derecho a saber eso".
Sin embargo, "en otros se ve claramente que la intención es ocultar determinadas cosas. Cuando el Senado desindexó las fichas de los senadores, en las que salen las empresas en las que han trabajado, no tenía sentido: lo que se busca con ello es esconder la relación de determinados políticos con determinadas empresas".
"No es lógico desindexar el indulto a una persona pública"
Para Samuel Parra, "no es lógico desindexar contenido como ciertos indultos, sobre todo si se ha aplicado a una persona que tiene relevancia pública y que, además, ha salido por todas partes".
Además, "en muchos casos la publicación en el BOE es parte de la multa", incide Eva Belmonte. "Si tú incumples la ley de conflictos de intereses, por ejemplo, la sanción grave incluye como multa el 'escarnio público' en el BOE, con lo que da igual que el afectado no quiera aparecer, no tiene sentido que se desindexe esa información".
De hecho, "la protección de datos de carácter personal, aunque lo parezca, no es un derecho absoluto: Hay otros factores, como la rendición de cuentas o la imposición de determinadas sanciones, que están por encima. Debería haber unos criterios objetivos para evitar la sospecha de la arbitrariedad".
Y es que "si no hay unos criterios claros, se abre la puerta a la desconfianza", asegura Belmonte. "¿Cómo sé yo que algunas informaciones no se han desindexado precisamente para ocultarlas?".
Lo peor de este método de 'ocultación' no es sólo que sea más o menos cuestionable, sino que, además, puede incluso llegar a ser contraproducente: "Quieres ocultar algo, pero al final lo estás metiendo en un único fichero público. Si no se usara este método, yo no estaría hablando hoy contigo y tú no estarías haciendo este reportaje", asegura Samuel Parra.
Nos pone un ejemplo: "Tú podrías publicar en el reportaje todos los indultos que ha desindexado el BOE, pero seguro que muchas de esas desindexaciones son justas, así que imagínate al indultado, que piensa que ya está 'fuera de peligro', y se encuentra un reportaje en el que descubre que alguien con ciertas capacidades técnicas puede descubrir su indulto. Al final es contraproducente, porque acabas exponiendo a las víctimas".
Y es que "el robots.txt se creó para evitar indexar contenido duplicado, páginas de identificación, etc., no para esto". Parra ofrece algunas alternativas: "Google tiene una herramienta en Webmaster Tools en la que un webmaster puede indicar las urls que quiere que se desindexen. También se puede recurrir a los metatags de html, como el 'no index', para que esa dirección web no aparezca en buscadores".
Al final, el problema parece desembocar en dos vertientes. Por un lado, los boletines de información pública 'esconden' a Google contenidos cuya desindexación no está justificada; por otro, el método podría ser incluso contraproducente. Entre medias quedan los ciudadanos, a los que siempre les quedará la sombra de la sospecha: ¿desindexan los organismos públicos españoles contenidos que no deberían ser 'ocultados'?
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