29 oct 2019

El Gobierno de Susana Díaz ocultó el expediente que exigía a UGT devolver 18 millones

El Gobierno de Susana Díaz guardó en un cajón una reclamación de 18 millones de euros a la federación andaluza de UGT por no justificar de forma adecuada una subvención para cursos de formación de 2007. El expediente habría prescrito el pasado 19 de octubre y no se habría podido recuperar, por tanto, el dinero presuntamente desviado si el nuevo Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos no lo hubiese reactivado.

La Junta de Andalucía acaba de exigir a UGT-A que devuelva 18 millones de euros -12,5 millones correspondientes al importe de la subvención y otros 5,5 millones de intereses- por cursos que el sindicato no ha justificado de forma correcta. Esta reclamación millonaria se une a otras abiertas por el Gobierno andaluz que todavía están en trámite y que suman más de 40 millones de euros que el sindicato tendría que reintegrar a la Administración andaluza, según dijeron a EL MUNDO fuentes cercanas al caso.

En pleno escándalo sobre los presuntos desvíos de subvenciones de UGT-A que EL MUNDO y otros medios comenzaron a documentar a partir del año 2013, el Gobierno de Susana Díaz comenzó una investigación interna y abrió varios expedientes de reintegro al sindicato. Uno de ellos, correspondiente a la subvención para cursos del año 2007, lo inició el 18 de marzo de 2014, a través de una resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo. El 16 de septiembre de 2015 acordó exigir a UGT-A el reintegro de la cantidad total de la ayuda -12,5 millones- más los intereses correspondientes. Pero nunca concluyó el expediente.

Cuando el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, puso en marcha un plan de choque para controlar el caos que había con las subvenciones para los cursos, la Consejería de Empleo, que dirige Rocío Blanco, descubrió el pasado septiembre que estaba "muy próximo a prescribir el derecho de la hacienda autonómica a reclamar la deuda" de 12,5 millones a UGT, más los intereses legales, por la subvención para cursos de 2007, que el sindicato no justificó de forma correcta, según ha informado Empleo.

El expediente con la reclamación millonaria a UGT-A llevaba guardado en un cajón de la Junta cuatro años, desde noviembre de 2015. En esa fecha, el anterior gobierno socialista autorizó suspender de forma provisional la devolución de la subvención, a través de una resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo fechada 4 noviembre de 2015.

Según la cronología facilitada este lunes por la Consejería de Empleo, UGT interpuso un recurso de reposición el 19 de octubre de 2015, en el que solicitaba que se anulara y se dejara sin efecto la reclamación millonaria de la subvención para los cursos.

Pero el Gobierno de Susana Díaz nunca le responde y deja en un limbo administrativo el expediente, lo que le permite a UGT no tener que devolver el dinero. "Desde noviembre de 2015 y hasta la llegada de este nuevo equipo directivo, el recurso de reposición [de UGT] contra la resolución de reintegro ha estado sin contestar, cuando el plazo marcado es de dos meses. En cuatro años prescribían los derechos de cobro de la hacienda autonómica", ha puntualizado Empleo.

EL MARIDO DE SUSANA DÍAZ
Los vínculos entre UGT-A, el PSOE andaluz y la propia Susana Díaz son más que evidentes. El marido de la ex presidenta de la Junta, José María Moriche, estuvo casi una década trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT, el ente que recibía las subvenciones para los cursos de formación que ahora están bajo sospecha. Primero, estuvo contratado un año en el sindicato y, después, durante ocho años más en Ifes, hasta que su esposa fue nombrada consejera de Presidencia en 2012.

A pesar de que Moriche era auxiliar administrativo del Ifes de UGT, para justificar las subvenciones para cursos ante la Junta aparecía como "tutor, evaluador y preparador" de todo tipo de acciones formativas. Como informó este diario años atrás, UGT coló la nómina de Moriche en 102 cursos distintos de tres subvenciones por valor de 25 millones de euros.

La nómina del marido de Díaz figura también en el macroexpediente 98/2009/J/217, en el que el sindicato presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como años atrás han alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas.

En este expediente de UGT, la Junta inició un proceso de reintegro en mayo de 2012 para recuperar una cantidad desviada, pero no le dio trámite hasta años después. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas avisaron del riesgo de que prescribiera la reclamación. Justo lo que ahora ha estado a punto de ocurrir con la reclamación de los 18 millones de euros que impulsa la Consejería de Empleo.

CASAS DEL PUEBLO
Hay más conexiones entre UGT-A y la líder de PSOE andaluz. EL MUNDO publicó el 29 de enero de 2014 el documento firmado de puño y letra por Susana Díaz el 15 de abril de 2011 (en su calidad entonces de secretaria de Organización del PSOE andaluz) junto a los entonces dirigentes de UGT en Andalucía. Se trata del convenio entre el PSOE y los 'ugetistas' en virtud del cual los socialistas andaluces recibían dinero de los cursos de formación que previamente subvencionaba la Junta.

En ese convenio, firma «por el PSOE» Susana Díaz junto a dos de los ahora investigados por el escándalo de los desvíos millonarios de subvenciones por parte de UGT-A: el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, forzado a dimitir por este asunto, y el ex tesorero Federico Fresneda, detenido en 2014 en la redada contra la supuesta financiación irregular del sindicato.

RECLAMACIÓN EN LOS TRIBUNALES
Mientras, UGT-A, liderado por la secretaria general Carmen Castilla, ha anunciado este lunes que llevará a los juzgados de lo contencioso administrativo a la Junta por exigirle los 18 millones de euros, ya que, según defiende, ha demostrado de forma "fehaciente y reiterada" que todos los cursos se realizaron, y todos los alumnos recibieron la formación programada.

Para UGT-A, "ninguno de los motivos por los que se exige el reintegro guardan relación con la no ejecución de los cursos", ya que "todos y cada uno de los cursos se han realizado, no cuestionándose en ninguno de los documentos remitidos por la Administración la impartición de los mismos".

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