La Intervención general del Estado ha analizado para el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga la pieza de los cohechos de la caja b del PP, un total de nueve contratos públicos adjudicados durante la época de Aznar por unos 200 millones de euros a un donante confeso a la contabilidad paralela del partido, Alfonso García Pozuelo, y ha hallado similitudes que, a juicio de los investigadores, apuntalan la fórmula del amaño.
En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque tal y como recalcan los técnicos, si los sobrecostes llegaban al 20% había que alertar al Consejo de Estado y podía descubrirse el pastel. También había otros "reformados" o "excesos por mediciones", que acababan encareciendo los contratos entre un 30 y un 40% en total.
Entre los contratos analizados se encuentran hasta cuatro tramos del AVE, las obras del parador de Lorca, un proyecto del SEPES y hasta una comisaría de la policía en Xirivella.
Alfonso García Pozuelo confesó en el juicio por la primera época de la Gürtel que el líder de la trama, Francisco Correa, mediaba para que él obtuviera contratos con distintos ministerios y a cambio abonaba comisiones a los "organismos centrales". Además de esas mordidas porcentuales por cada contrato, según los papeles de Bárcenas también abonó otras coimas entre 1998 y 2006 por 258.161 euros. Correa declaró que García Pozuelo era solo uno más de la lista de empresarios por los que mediaba para la obtención de contratos.
El juzgado cree que tiene indicios sólidos de cómo se amañaban las adjudicaciones a favor de los donantes a la caja b del PP, y pide un informe global del caso.
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