Desde hace un tiempo, se ha abierto un debate sobre las formas de intervención de las unidades antidisturbios, azuzado por la gran cantidad de personas que resultan heridas cuando actúan estas unidades. Según los datos aportados por el Gobierno,un total de 777 personas han resultado heridas como consecuencia de las intervenciones policiales durante las manifestaciones celebradas entre enero de 2012 y mayo de 2013. Esta cifra sólo recoge aquellos casos en los que se han dado partes de lesiones, por lo que es probable que la cifra real supere el millar.
Un debate que quizás haya tenido mayor recorrido en Catalunya, territorio en el que ha provocado la sustitución de las balas de goma por proyectiles de foam que, tal y como denuncia el colectivo Stop Bales de Goma, tienen el mismo potencial lesivo, y donde se ha alcanzado el último capítulo con la dimisión del director de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat, el 27 de mayo. Uno de los elementos policiales que ha cambiado a raíz de este debate, al menos en la Policía Nacional y en los Mossos de Esquadra, ha sido la aparición del Número Operativo Policial, visible en la espalda de los agentes antidisturbios. Es un número que no debe confundirse con la Tarjeta de Identidad Profesional, a la que vulgarmente se conoce como número de placa. Este tipo de identificativos se vienen utilizando por parte de diferentes policías europeas desde hace varios años, pero, tal y como denunciaban fuentes de los equipos legales que atienden a los movimientos sociales alemanes, en este país, “este tipo de identificación sólo sirve para la organización interna de las unidades policiales y no ha permitido esclarecer casos de brutalidad policial”. Más allá de estas cuestiones, los modelos de intervención tienen muchos pliegues.
Indicador democrático
Donatella Della Porta, del Instituto Europeo Universitario de Florencia y una de las académicas más reconocidas dentro del campo de estudio de los movimientos sociales y la violencia política, afirma en su texto Policing transnational protest que “las estrategias policiales de cara a mantener el orden público son un indicador clave a la hora de medir la calidad de la democracia en un determinado sistema político”. De este modo, la forma en la que se resuelve la tensión entre el mantenimiento del orden legal y la defensa de los derechos políticos, tales como el derecho de reunión, manifestación y libertad de expresión, resulta clave de cara a analizar la propia credibilidad del sistema político.
Partiendo de este análisis, puede interpretarse que diferentes modelos de democracia se corresponderían con diferentes modelos de actuación policial. Esta línea ha sido uno de los puntos que ha destacado Marc Pons, especialista en modelos de orden público comparados del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya, quien participó en la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidisturbios, celebrada en el Parlament de Catalunya el pasado mes de octubre. Pons citaba a Otto Adang, catedrático de Orden Público en la Academia de Policía de los Países Bajos, quien afirma que existen tres niveles a la hora de entender la gestión del orden público. Primero habla de la gestión de la paz social, es decir, lo que ocurre de forma cotidiana en el interior de los diferentes movimientos sociales, lo que también se llama ‘ausencia de acontecimiento’. En segunda instancia apunta a la gestión del acontecimiento, lo que en términos clásicos de orden público se definiría como el control de la masa, de una manifestación. Por último, establece un tercer nivel, que sería la gestión del disturbio, de la manifestación que deviene enfrentamiento.
Continuaba Marc Pons afirmando que se pueden distinguir cuatro modelos de intervención policial: el primero que señalaba era el modelo nórdico, encabezado por Suecia,caracterizado por lo que se denomina “aproximación dialogada”, es decir, una estrategia policial que entiende la gestión del orden público como una cuestión principalmente de carácter cotidiano, retomando la definición de Adang. En segundo lugar, hablaba del caso inglés, en el que, si bien se contempla la “aproximación dialogada”, no es algo que defina la estrategia policial en su conjunto, sino que aparece de forma táctica. En tercer lugar señalaba los modelos mixtos, entre los que sitúa el caso catalán, ya que, en su opinión, se estaban realizando intentos para gestionar el orden público con herramientas de carácter preventivo a la vez que se siguen utilizando herramientas de carácter reactivo y disuasorio, las cuales caracterizarían a la denominada “aproximación robusta”, es decir, aquella en la que se prioriza la utilización de unidades más orientadas a la gestión del disturbio que a gestionar el orden público. Ésta sería la característica del cuarto y último modelo, el mediterráneo, dentro del cual Pons incluía al Cuerpo Nacional de Policía.
El Proyecto Godiac
Desarrollado por la Unión Europea, el proyecto Godiac, cuyas siglas se corresponden en inglés con el objetivo de promover “buenas prácticas para el diálogo y la comunicación como principio estratégico de cara a las intervenciones en las manifestaciones políticas que se desarrollan en Europa”, busca cómo aplicar principios estratégicos que posibiliten la distensión y la prevención de las alteraciones del orden público.
En un manual desarrollado por este proyecto, se recomienda que la actuación policial dirigida al control de manifestaciones se guíe por una serie de elementos: evitar el uso de la violencia indiscriminada contra los manifestantes cuando el desorden está siendo causado sólo por un grupo reducido de personas, ya que esto puede provocar la expansión la violencia; un acercamiento gradual y de perfil bajo que permita el dialogo entre la policía y las personas que se manifiestan; que las actuaciones policiales sean informadas con antelación a su puesta en marcha, que las posturas y gestos de los agentes muestren una actitud cordial y amigable y que el material antidisturbios (furgones, cascos, escudos...) permanezca en un lugar discreto hasta que se decida enseñarlo como muestra de presión. De la veintena de organizaciones policiales que participan en este proyecto, en el que están representados once países de la Unión Europea, no hay ningún cuerpo policial del Estado español, tan sólo cuenta con la participación del Instituto de Seguridad Publica de Catalunya.
Fallecidos y heridos por la acción policial
Otro elemento que aviva el debate sobre las actuaciones de la policía antidisturbios son los casos de personas gravemente heridas. Este fue el caso, en especial de Íñigo Cabacas, quien falleció al 9 de abril de 2012 en Bilbao a consecuencia del impacto de una bala de goma lanzada por la Ertzaintza. Ester Quintana, en Barcelona, perdió un ojo en el trascurso de la huelga general del 14 de noviembre de ese mismo año al recibir también el impacto de una bala de goma. Los casos más recientes de heridos de gravedad son los de Gabriel e Iñaki, quienes perdieron por el mismo motivo un testículo y un ojo respectivamente tras la actuación policial al finalizar las marchas del 22M en Madrid.
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