En uno de sus informes, el FMI vuelve a reiterarnos una de sus repetidas consignas: reducir el salario mínimo de los jóvenes como forma de reducir el desempleo juvenil.
No sé que es más preocupante, si el desconocimiento voluntario por parte del FMI de las causas de nuestro desempleo estructural o su querencia por un modelo laboral selvático y una sociedad salvaje.
En España, como en otros muchos países, el salario mínimo esta situado en 645,30 € al mes y dista mucho de cumplir con las recomendaciones de la Carta Social Europea que lo sitúa en el 60% del salario medio de cada país. De cumplirse estas recomendaciones, nuestro salario mínimo superaría los 1.000€.
Resulta evidente, salvo para los teólogos de la precariedad, que el problema del elevado desempleo de España, mucho mayor en los jóvenes, y de otros países del sur de Europa, no reside en los costes laborales de la mano de obra, y menos en los salarios.
Las causas son diversas, pero entre ellas sobresale una economía gripada como consecuencia de un brutal endeudamiento privado, provocado por la burbuja especulativa, y de las políticas de austeridad salvaje que tienen maniatado el gasto público y su capacidad de dinamizar la economía.
El desempleo juvenil no tiene solución, y mucho menos una rápida, si no es en el marco de un cambio en la orientación de las políticas que ponga su acento en una reestructuración ordenada y pactada de las deudas privadas y en una mutualización en la UE de las deudas públicas, provocada en el caso de España no por un exceso de gasto público, sino por el rescate de la deuda privada por parte del erario público.
Si los problemas del desempleo juvenil fueran de costes laborales o, como dicen algunos desalmados, por un exceso de protección de la prestación de desempleo, hace tiempo estarían resueltos en España.
No estará de más recordar que en España de los 5,9 millones de parados de la EPA, 4,5 millones están registrados como demandantes de empleo, y de ellos solo un 57,7% perciben alguna prestación. Y de los que cobran prestación, cerca del 60% reciben solo un subsidio asistencial que supera en poco los 400 € al mes. Esos 2,1 millones de parados sin ninguna prestación son un ejercito de parados suficientemente voluminoso como para contratarse en cualquier situación.
Y es precisamente esto lo que esta sucediendo: las personas desempleadas se están contratando en condiciones de elevada precariedad. Por eso el salario lleva años cayendo y aumenta el volumen de trabajadores que tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Por eso en estos momentos en España menos del 50% de las personas que trabajan tienen un contrato indefinido a tiempo completo. La mayoría lo tienen temporal o a tiempo parcial, o las dos cosas a la vez.
Si el problema para contratar a los jóvenes fuera de salarios hace mucho que estaría resuelto. La diversidad de opciones que las reformas laborales del 2010 y 2012 han puesto en manos de las empresas son infinitas. Desde modalidades de contratos estructuralmente temporales, hasta la modalidad más usada del contrato a tiempo parcial, en la que los 645,30 euros por jornada completa se pueden convertir en 300 o 400 € al mes.
Y a pesar de esta amplísima gama de posibilidades el empleo no despega, a lo máximo se distribuye de manera insolidaria a través de los contratos a tiempo parcial, fundamentalmente usados para mujeres y jóvenes.
A ver si lo entienden de una vez: el problema del mercado laboral en España no es de oferta, no es que la mano de obra ofertada sea cara. Se trata de un problema de demanda: no hay demanda de trabajo porque la economía no despega. Solo así se explica que países como Alemania, en el que los salarios son mucho más elevados y los costes laborales unitarios han crecido más que en la media de la Eurozona -lo explica muy bien una investigación realizada por el joven economista Eduardo Garzón- tengan niveles muy bajos de desempleo.
Por supuesto, no es que los expertos del FMI no sepan estas cosas. Lo que sucede es que no quieren desaprovechar la ocasión que ofrece la crisis para imponer un modelo de sociedad regido solo por las leyes del mercado, en el que desaparezca cualquier resquicio de intervención pública, incluso la muy moderada de establecer un salario mínimo.
La recomendación del FMI presiona a la baja los salarios, pero además condena a países como España a una especialización productiva de baja calidad, con la cual nunca saldremos del pozo del desempleo estructural.
El FMI se convierte así en el profesor que quiere imponernos la consigna del capitalismo financiero global: “Repartiros el empleo y el salario entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni hablar”
No son estúpidos, son insaciables. Porque cuando entender algo comporta dejar de tener importantes beneficios, los incentivos para no entender son muy poderosos.
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