1. El poder público como cómplice y encubridor de un caso de violencia y tortura policial tras las irregulares detenciones de cinco ciudadanos durante una pelea –que se saldó con un guardia urbano gravemente herido– en un antiguo teatro ocupado. Su posterior encarcelamiento habría podido ser evitado cuando el entonces alcalde Joan Clos relató tener conocimiento de un informe policial que probaría la inocencia de los detenidos. La posterior desaparición de ese informe hace evidente el necesario conocimiento e implicación del concejal de Seguridad y Movilidad Jordi Hereu (después alcalde), el exconcejal de Ciutat Vella Carles Martí y la exconsellera de Interior, Montserrat Tura.
2. El papel de la justicia: la jueza Carmen García Martínez, del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, envió a prisión provisional a los jóvenes Juan Pintos, Álex Cisternas y Rodrigo Lanza, que habían sido claramente torturados, y les privó de libertad durante dos años, a la espera de juicio, sin llegar a esclarecerse de qué se les acusaba. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en enero de 2008 a los detenidos –incluyendo a Patricia Heras, que no estaba presente en el lugar de los hechos– a penas de hasta cuatro años basándose exclusivamente en los testimonios de los policías presentes. La pena fue posteriormente aumentada a cinco años en el caso del detenido Rodrigo Lanza.
3. La policía: los agentes Bakari Samyang y Víctor Bayona, que torturaron a los acusados la noche del 4 de febrero de 2006, fueron los mismos que declararon como testigos en contra de los acusados durante la celebración del juicio. Posteriormente fueron condenados a prisión, con penas de más de dos años, por haber torturado en dependencias policiales a un joven de Trinidad y Tobago. Los agentes, de 34 y 38 años, acaban de obtener la jubilación. Recibirán una pensión vitalicia de entre 1.600 y 1.800 euros mensuales. Durante la proyección del documental el sábado pasado en la televisión pública, la reacción de Mossos d'Esquadra en las redes sociales fue de mofa.
4. Los médicos. De todo el metraje de Ciutat Morta, el papel de los médicos en el Hospital del Mar supone un indicio aterrador: la llegada de unos veinteañeros sangrando y en estado de shock, custodiados por los agentes de la policía, es recibida con indiferencia por el personal médico del hospital, que no hace preguntas ni da señal de alarma.
5. Los medios de comunicación: con honrosas excepciones –quizás el más claro sea el de La Directa–, el caso 4F ha sido omitido de los medios catalanes. Esto ha continuado con la repercusión del documental, y ha llegado a extremos delirantes con la televisión pública catalana: TV3 desestimó la compra de la película incluso cuando fue premiada en Málaga. La presión ciudadana en las redes obligó a la cadena a asegurar que el documental se emitiría antes de que acabara 2014. Tras idas y venidas –que incluyeron la pregunta directa al director de Televisió de Catalunya sobre el retraso en emitir el documental, por parte del diputado de las CUP David Fernández en sesión parlamentaria–, la película ha sido emitida previa censura.
Si jueces, policía, representantes públicos, medios de comunicación y especialistas sanitarios omiten y, por tanto, se hacen cómplices de un caso así, ¿qué le queda a la ciudadanía?
Y entonces, el velo pegajoso que cubre la ciudad se revela. Lo que muestra, con su olor a muerte, es demasiado aterrador para ser olvidado.
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