fuente: http://www.eldiario.es/madrid/Ayuntamiento-Madrid-M-30-correspondian-adjudicatarias_0_603690355.html
El Ayuntamiento de Madrid lleva años
pagando millones de euros por las facturas de agua y luz de la M-30 que
tendrían que haber sido abonadas por las empresas adjudicatarias:
Dragados, API (ambas filiales de ACS) y Ferrovial. Desde el inicio de
las obras para la puesta en marcha de esta vía en 2005, el Consistorio
madrileño ha asumido el abono de casi 58 millones de euros de unos
costes que contractualmente no le correspondían.
Las
obras de la M-30, que gestiona una sociedad mixta, denominada Madrid
Calle 30, formada por el propio Ayuntamiento y Emesa, la unión de
empresas que construyó y mantiene la circunvalación, se encarecieron en
1.632 millones mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de
marzo de 2007 en una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid.
Los dos primeros años el gasto de electricidad supera
los 600.000 euros y los de agua no llega a 2.000 euros, pero desde 2007
el Ayuntamiento madrileño ha desembolsado una media de 5 millones de
euros anuales de factura eléctrica y 350.000 de costes de agua. Unos
emolumentos que tendrían que haber sido asumidos por las empresas.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, comparece este lunes ante la comisión de Economía para explicar el informe de la Cámara de Cuentas que
certifica que el sistema de gestión del PP en la M30 perjudica a las
finanzas de Madrid, como publicó en exclusiva eldiario.es.
En ese mismo informe, la Cámara de Cuentas recoge "una discrepancia
importante" por la asunción del Ayuntamiento de los gastos de luz.
Además, un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid
de hace unos meses menciona como irregularidad que el Consistorio este
soportando el gasto de la luz.
El texto del pliego
de cláusulas administrativas del concurso público que ganaron Dragados y
Ferrovial es muy claro a la hora de establecer el sujeto que debe pagar
estas facturas. El punto 14.3 señala que "todos los suministros,
consumos de materiales, costes fijos atribuibles a los servicios a
prestar, la maquinaria, los medios auxiliares, los repuestos y
cualesquiera otros medios necesarios para la ejecución de las
obligaciones asumidas en virtud del presente Pliego, estarán incluidos
en los precios ofertados por el licitador".
No es el
único documento que atribuye a las empresas su obligación de pago. En el
pliego de cláusulas técnicas, que regula las prestaciones a las que
están obligadas las adjudicatarias, se recoge en el punto 2.6.2.3 de
Operaciones de conservación ordinaria que "la Sociedad Adjudicataria
será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las
instalaciones asociadas a la M-30".
En el mismo
documento, en el apartado Recursos materiales, punto 3.4.1, se establece
que en los Centros de Operaciones y la oficina para uso del personal
"correrá de su cuenta [adjudicatario] la limpieza y el suministro de
luz, agua, calefacción, etc.", aunque las empresas han pasado
dichos gastos de agua y luz al Ayuntamiento.
Las
compañías se escudan en que en el pliego de prescripciones técnicas, el
apartado de Operaciones de Conservación Ordinaria establece que "Madrid
Calle 30 será responsable del abono de la factura eléctrica de todas las
instalaciones asociadas a la M-30”. Sin embargo, fuentes del
Ayuntamiento aseguran que ese precepto solo supone asumir el
traslado del pago a los responsables.
Pero además, la
propia Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Ferrovial, Dragados y API
recogió en su documentación de la oferta para ganar el concurso que "la
UTE será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las
instalaciones asociadas a la vía” en el apartado Operaciones de
mantenimiento: Instalaciones eléctricas.
Comisión de investigación
El juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid decretó la nulidad del acuerdo plenario que creó -con los votos de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE- la comisión de investigación sobre
las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de
Madrid. El tribunal estimó así el recurso interpuesto por el PP contra
esa comisión, en la que se negó a participar desde el principio. Ante
esta decisión judicial, el consistorio acordó fragmentar la comisión por
temas para que fuera viable.
Tras la comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre por
parte del Gobierno de Ana Botella, que concluyó que fue ilegal, la obra
de la M30 es la próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid. La
comisión, que el consistorio espera que comience en las próximas
semanas, todavía no tiene fecha a la espera de que se decida en Junta de
Portavoces.
Cambio en el modelo de gestión
La Cámara de Cuentas de Madrid ha advertido en varias ocasiones que el
contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta
no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas
constructoras. La Cámara de Cuentas propone incuso rescatar la
concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como
propia la deuda de la obra.
El Consistorio ha
manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de
gestión que ha costado a los madrileños 554 millones de euros entre 2005
y 2015 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada
y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como
firmó Gallardón, podría ascender a más de 2.550 millones, según los
cálculos del Gobierno municipal. "De mantener ese modelo el exceso
supondría 2.500 millones de euros hasta la finalización del modelo de
gestión del PP", denunció el delegado de Economía y Hacienda en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre.
La fórmula utilizada por Gallardón -sociedad mixta- para levantar su
obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de
Ahora Madrid. La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y
el Ayuntamiento -Madrid Calle 30- es el Consistorio que asume "en
exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la
vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de
euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.
El ejecutivo que preside Manuela Carmena ha anunciado sanciones contra
la empresa adjudicataria por pagos por duplicado a las constructoras y
facturas por servicios que no se han realizado, tal y como adelantó este medio.
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