Según datos previos, de 2022, una alarmante mayoría de los barcos de arrastre españoles operaron en zonas marinas protegidas, exponiendo la ineficacia de las leyes de protección ambiental. De 887 barcos dedicados a esta práctica, 673 infringieron las normativas, demostrando la urgente necesidad de reformas.
Aunque teóricamente protegidas, estas áreas marinas no cuentan con planes de gestión efectivos. Incluso cuando existen, son insuficientes o ignorados, poniendo en riesgo la biodiversidad marina. La experta marina Silvia García, de Oceana Europa, destaca esta preocupante realidad, urgente de ser atendida por el gobierno.
Datos oficiales revelan que, solo el año pasado, estas áreas sufrieron más de 178,000 horas de pesca de arrastre, una actividad extremadamente perjudicial para el ecosistema. Este método, que arrasa con todo a su paso en el fondo marino, afecta desde la biodiversidad hasta la resiliencia oceánica frente al cambio climático.
Áreas como Sur de Almería, Valles submarinos de Mazarrón, Canal de Menorca y Sistema de cañones submarinos de Avilés, figuran entre las más afectadas. La pesca de arrastre, con redes de hasta 220 metros, no solo amenaza especies vulnerables, sino que también compromete gravemente la sostenibilidad del océano.
Es hora de que el gobierno español tome medidas decisivas y prohíba la pesca de arrastre en áreas protegidas, para preservar la riqueza y diversidad de nuestros océanos.
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