Ninguno de los 5 acusados de prostituir en Cox a una menor comprada por 1.000 euros ingresará en prisión

La joven, liberada por la Policía en 2007 junto a otra chica, fue retenida y explotada sexualmente en dos clubes de alterne durante dos años.

Una menor rumana de 15 años acogida por un compatriota en su domicilio de la Vega Baja acabó siendo vendida por mil euros a unos proxenetas en 2005 y durante dos años la retuvieron y obligaron a ejercer la prostitución en dos clubes de alterne del municipio de Cox. Los dos años de esclavitud sexual acabaron cuando la Policía Nacional liberó en el último club donde la estaban prostituyendo a esta menor y a una joven. El juicio por estos hechos se ha celebrado esta semana en la sala penal de la Audiencia desplazada a Elche y la Fiscalía alcanzó un acuerdo de conformidad con los abogados defensores por el que rebajó la petición de penas de 84 a 11 años de prisión, además de acordar la suspensión de la condena, por lo que ninguno entrará en prisión.


El acuerdo con los abogados, entre ellos José Luis Sánchez Calvo –defensor de los tres principales acusados a quienes se solicitaban 25 años de cárcel a cada uno– también contempló la retirada de la petición de indemnizaciones por un importe de 54.000 euros para las dos chicas prostituidas. Además de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, la Fiscalía retiró la acusación de algunos delitos, como el de asociación ilícita y el de la detención ilegal de la joven que era mayor de edad.

Los hechos que admitieron los cinco acusados en la vista oral se remontan al mes de abril de 2005. Una menor de 15 años se escapó de Madrid y llegó en autobús a la estación de Alicante, donde se encontró con una compatriota que se ofreció a ayudarla. La menor se marchó a vivir a la Vega Baja con esta mujer y con su marido, uno de los acusados.

Al mes siguiente de llegar a la Vega Baja el hombre que acogió a la chica recibió en su casa la visita de dos personas, una de ellas otro procesado y la otra un varón sin identificar. Acordaron comprarle a la menor por mil euros y a partir de entonces comenzó el calvario de dos años de la chica.

Como era menor de edad usaron una fotocopia del pasaporte de una mujer rumana de 22 años con la fotografía de la joven vendida por mil euros. La llevaron inicialmente al club Manhatan de Cox y allí le obligaron a ejercer la prostitución. Posteriormente la trasladaron al club Aloha y en ambos casos la prostituyeron bajo la amenaza de matar a su familia en Rumanía.

En el club Aloha compartía habitación con otra chica y ambas eran vigiladas por una mujer –también juzgada– a la que debían entregar el dinero que ganaban por mantener relaciones sexuales con los clientes.

Las jóvenes no podían salir del club sin vigilancia y el dinero que entregaban a la mujer lo recibía posteriormente el acusado que la compró. Este procesado recibía un informe de todos los servicios sexuales que prestaban la menor y su compañera de habitación y si se encontraba de viaje el control del negocio lo asumía su esposa, también enjuiciada.

Al frente del club Aloha se encontraba una mujer que también figura entre los acusados y que conocía la situación de sometimiento de las jóvenes a este grupo de proxenetas y que una de ellas era menor de edad, según la acusación de la Fiscalía que han admitido los cinco acusados, dos hombres y tres mujeres.

A la chica que era mayor de edad también le golpearon y le amenazaron con matarla a ella y a su familia de Rumanía si no entregaba el dinero que ganaba ejerciendo la prostitución. Las dos jóvenes fueron liberadas el 8 de diciembre de 2007 por la Policía Nacional, que la localizó tras la denuncia de una hermana de la menor.

Según el acuerdo de conformidad, el hombre que acogió a la menor y la vendió aceptó ser condenado a dos meses de multa por un delito contra la integridad moral, mientras que los tres principales acusados serán condenados a tres años y un mes de cárcel por prostitución y detención ilegal y la encargada del club a dos años de prisión por delito de prostitución.

La suspensión de la condena contemplada en el acuerdo de conformidad figura en una reciente reforma del Código Penal para penas que no excedan de dos años individualmente y en casos extraordinarios.

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